El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el depósito incendiado de Iron Mountain estaba habilitado, pero no dijo nada sobre la última inspección que haya realizado. Es que ya está claro que el motivo del desastre de Barracas fue que no funcionaron los sistemas antiincendio, según declararon los cinco empleados que estuvieron ante la fiscal Marcela Sánchez. Y eso requería de control estatal. El régimen no es el mismo que el de un boliche, como por ejemplo Cromañón, pero el control implica inspecciones, que en realidad están más en manos privadas desde 2011. Una versión indica que Iron Mountain, una empresa privilegiada por haberse sumado al Polo Tecnológico, no fue inspeccionada nunca, pero la fiscal verificará ese aspecto esta semana. Por otro lado, las primeras declaraciones dejan como hipótesis la del incendio intencional, porque aparentemente hubo dos focos. Falta verificar la relación entre ambos puntos de inicio del fuego.

El incendio y derrumbe de Barracas, con las nueve víctimas mortales, deja numerosas preguntas a las que habrá que dar respuesta.

El jueves declararon cinco empleados y todos fueron coincidentes: el sistema de aviso funcionó, pero no anduvieron los aspersores que automáticamente tienen que rociar de agua la zona donde el sistema detecta el humo o la temperatura alta. Cuando sonó la primera alarma, el encargado de seguridad, Oscar Godoy, y una empleada de limpieza, Noemí Moya, fueron a la zona de la alerta, pero no vieron fuego. Minutos después, hubo una segunda luz de alarma en el tablero, y esta vez sí Godoy y Moya vieron las llamas. Junto a los otros tres empleados –Pablo Celedón y Mario Guaco, y el supervisor Javier Flores– intentaron apagar el fuego con los matafuegos, pero sin resultado. Ahí llamaron a los bomberos. Los cinco empleados coincidieron en que no funcionaron los aspersores. El conocido perito Eduardo Frigerio, que actuó en Cromañón y en casi todos los casos de repercusión en el país, le dijo a este diario: “Me llama mucho la atención que no haya funcionado el sistema y también que existieron dos focos de incendio. Hay que estudiar la conexión entre esos dos focos, porque puede ser un indicio de incendio intencional. Podría haber una conexión por alta temperatura, pero es un dato llamativo”.

Los técnicos dicen que puede ser que haya estado vacío el tanque, las bombas sin funcionar, las válvulas cerradas o que directamente dejaron inactivado el sistema. Esto último se explicaría porque cuando el mantenimiento es malo –por ejemplo los detectores están sucios– el sistema se dispara solo en forma reiterada, lo que mojaría lo que está en esa zona de depósito. Es una especie de falsa alarma reiterada, por lo que desactivan todo, en forma casi rutinaria. “La falla fue muy grave, teniendo en cuenta la envergadura de esa empresa –señala Frigerio–. La responsabilidad es seria.” Un ex supervisor de Iron Mountain, Mario Escalada, mencionó que la empresa dejó de tener bombero durante el día, en un recorte de costos realizado hace un tiempo. “Ahora sólo hay bombero de noche”, explicó. Escalada será llamado a declarar por la fiscal.

Es un tema muy espinoso y judicialmente controvertido. Los expertos coinciden en que es muy raro que mueran personas en un incendio de un depósito. Se trata de un lugar muy grande con muy poco personal. Diferente a un edificio, donde viven muchas personas en un espacio más bien reducido y con dificultades para salir. Es más, en los incendios de Iron Mountain, en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Italia nunca hubo personas fallecidas. Bien mirado, tampoco hubo muertos en el depósito en Barracas: quienes perdieron la vida fueron personas de afuera, que concurrieron a apagar el incendio. Este diario consultó a varios jueces sobre el tema y todos coincidieron en que, de todas maneras, las muertes serán adjudicadas al incendio, a menos que se pruebe en forma categórica que los bomberos actuaron mal. Por ejemplo, no falta quienes señalan que no se debía descartar la posibilidad de que la pared cayera hacia afuera y que tendría que haber sido reforzada. Por supuesto, que será cuestionada la presencia allí de los dos integrantes de Defensa Civil, en un área en la que no tenía sentido que estuvieran. Por de pronto, la fiscal es casi seguro que dejará las pericias en manos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, lo que hace muy difícil que surja un estudio en el que se critique el accionar de efectivos que, además, perdieron la vida.

Está claro que el sistema antiincendio falló. ¿Quién debió controlar eso? La disposición número 415 del Gobierno de la Ciudad instauró una serie de empresas que se ocupan de controlar cómo están las instalaciones antiincendios. Se supone que Iron Mountain había contratado a una empresa registrada para supervisar el mantenimiento, lo que debía hacer cuatro veces por año. Pero la lógica de aquella resolución de abril de 2011 es la privatización del control, porque le saca la presión a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección de Defensa del Consumidor que es la que debe vigilar a las empresas de mantenimiento. Por ejemplo, Defensa del Consumidor del GCBA no sancionó a ninguna empresa en los tres años en que rige la disposición 415. Por lo menos así figura en la página oficial de Internet. Y la Agencia Gubernamental de Control no salió esta semana a decir “sí, no- sotros inspeccionamos Iron Mountain en tal fecha”. El rumor extendido es que nunca hubo ninguna inspección. Se habilitó en 2007, pero no registra inspecciones. Es más, este diario habló con responsables de incendio de dos empresas y ambos coincidieron en que el control se relajó totalmente después de la resolución 415. Es más, esa norma permitió que el responsable de incendios de una empresa X pase a ser externo, sin estar en la cadena jerárquica ni responder a los mandos de la compañía X. “No hay dudas de que aquí falló el control del Gobierno de la Ciudad –señaló ante este diario el auditor general Eduardo Epszteyn–. No he escuchado ni una palabra de cómo inspeccionaron o controlaron semejante depósito.”

Será difícil saber qué es exactamente lo que se quemó, porque aparecerá cuando la Justicia pida tal o cual papel en alguna causa judicial o en una investigación bursátil, bancaria o impositiva. Este aspecto es una caja de sorpresas y la clave estará en determinar si el incendio fue o no intencional.

La fiscal Marcela Sánchez calificó lo ocurrido de “NN sobre incendio u otro estrago (el derrumbe) con muerte de personas”. Por lo tanto, en primer lugar tratará de determinar el origen del incendio. La pericia se empezará esta semana, una vez que se apagaron las llamas y se enfrió el lugar. La fiscal le encargó a la Policía Federal y a la Gendarmería la tarea de revisar las cámaras de los alrededores, pero es casi seguro que le dará a la Federal la pericia del incendio. Desde ya que la hipótesis del sabotaje no está descartada para nada, sobre todo teniendo en cuenta los dos focos de los que hablaron los empleados. En ese caso, la Justicia apuntará a quién fue responsable del sabotaje. Pero, al mismo tiempo, desde ya que habrá responsabilidad penal por la falla del sistema antiincendios. La primera mirada apuntará al gerente encargado en Iron Mountain, porque se supone que los dueños de la empresa se asientan en un principio de confianza hacia ese gerente. Habrá que ver exactamente qué declara ya que podría argumentar que le redujeron los presupuestos, que sacaron el bombero y otros elementos, lo que hará también responsable a la conducción de Iron Mountain. Serían como los Omar Chabán de este caso.

También habrá una mirada sobre la compañía externa contratada por la resolución 415, es decir la que debió revisar las instalaciones cuatro veces por año. Se verá qué hicieron y qué dejaron de hacer. Y, como en el caso Cromañón –aunque hay diferencias–, también la falta de control del Gobierno de la Ciudad puede derivar en responsabilidades penales. Era un depósito demasiado grande y demasiado importante para dejarlo sin verificaciones serias. En Cromañón terminaron tres funcionarios presos.