“No se debe criminalizar el consumo” de drogas, fue lo que dijo el titular de la Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, y la frase abrió la polémica. Los dichos de Molina, publicados ayer por Página/12, hacían referencia a un proyecto oficial para modificar en forma parcial la Ley de Drogas 23.737, en lo relacionado con la penalización del consumidor. Uno de los primeros en cuestionar la propuesta fue el diputado nacional Felipe Solá, del Frente Renovador, quien sostuvo que se trata de “una idea sumamente ignorante” porque “habilitar toda la droga (para el consumo personal) indica que tiene un profundo desconocimiento sobre el tema”. La iniciativa también fue cuestionada por el coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado, José María Di Paola, quien sostuvo: “No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa (Francisco) tampoco”. El Gobierno apoyó el proyecto.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, apoyó la postura de Molina y afirmó que la “no criminalización” de los consumidores se propicia en el marco de “una política muy activa para garantizar inclusión” para evitar que los jóvenes caigan en la droga y de esa manera “resolver los problemas desde una mirada omnicomprensiva del Estado” respecto de los consumidores. Al mismo tiempo, saliendo al cruce de las críticas, Molina aclaró una vez más –lo había dicho en la entrevista de este diario– que no se está planteando “la despenalización, sino que el que consume en el ámbito personal no vaya preso”. Los dos funcionarios insistieron en aclarar que “no criminalizar” el consumo de ninguna manera significa dejar de lado “la lucha contra el narcotráfico”.

Capitanich expresó su apoyo al proyecto de Molina de no criminalizar el consumo y agregó que “lo más importante de las políticas públicas es este programa de recuperar inclusión” mediante la creación de centros de rehabilitación de adictos en todo el país porque “tiene que ver con ver a nuestro hermano, ver a aquel que padece un problema de adicción, tanto de alcoholismo como el uso de estupefacientes”.

El diputado Felipe Solá consideró que “no todas las drogas son iguales” y por esa razón “hay que distinguir de qué droga habla” Molina porque “esta idea de que ‘yo por mí liberaría todo’ (dicha por Molina), es una frase totalmente inconveniente en un país que se ha convertido en un fuerte consumidor de drogas, y están aquí (las drogas, el narcotráfico) porque el mercado argentino es el atractivo”.

Solá insistió en que las drogas “son muy diferentes por la adictividad que tienen, el efecto que producen y el grado de deterioro físico, mental y neurológico que pueden crear”. Para justificar su postura, Solá echó mano a una frase que se repite en distintos ámbitos como si fuera una conclusión científica: “Una cosa es hacerlo para un tipo (de consumo), que es seguido en una clínica o por la familia, y otro es hacerlo en un medio pobre o humilde, donde la familia está en problemas o está partida, y con pibes de 13 años que para estar en la barra tienen que fumar paco”.

En lo que se refiere al consumo de marihuana, Solá modificó su postura: “Estoy de acuerdo en no penalizar a aquel que la usa dentro de una cantidad de regulaciones, por ejemplo una casa privada; no es una droga que modifique la conducta de manera agresiva, pero nunca (para consumo) en un lugar público o abierto”. El diputado sólo coincidió con Molina en que “no debería asociarse la cerveza al deporte: no puede ser que Quilmes sea el sponsor de la camiseta de la Selección Argentina”.

Por su parte, el sacerdote José María Di Paola se manifestó en contra de los dichos de Molina. “No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa tampoco”. Di Paola, que tuvo que irse de la Villa 21-24 luego de recibir amenazas por parte de gente vinculada con el narcotráfico, señaló que “todos los que trabajamos en el terreno estamos habituados a convivir con este tema” y “acá el tema no es si la despenalización está bien o está mal; en este momento, plantearlo está mal”.

“No somos un país pequeño, no somos Holanda, no somos Uruguay, somos un país que tiene grandes sectores excluidos, entonces hablar en este caso de despenalización es inadecuado”. Agregó que según un estudio de la Universidad de San Martín “más de 200 mil jóvenes del gran Córdoba no estudian ni trabajan”. En base a ese dato, señaló que “cuando la droga es una oferta cercana, puede hacer que muchos chicos empiecen en el consumo y vean la posibilidad de tenerla más cerca sin ningún tipo de problema”.

“Si me decís que se han hecho cuatro años de política de inclusión, desde Sedronar o desde otros lugares, y que eso ha tenido un efecto, ahí podemos charlarlo de otra manera”, concluyó.