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Aunque aún no resolvió si lo envía nuevamente a prisión, el juez de Ejecución Penal Sergio Delgado ordenó ayer la destrucción de videos y audios de televisión y radio presentados como prueba de la violación del arresto domiciliario de Arquímedes Puccio.
La decisión de Delgado se fundamentó en que la palabra del detenido, registrada por las cámaras y el audio radial, no es válida como prueba en su contra, según el Código de Procedimiento Penal. El juez se valdría de los testimonios de los testigos para resolver si el líder del clan de secuestrados y asesinos debe volver a la cárcel, tal como lo requirió el fiscal Oscar Hermello.
Ayer declararon siete vecinos de Puccio que aseguran haber visto al detenido violar el beneficio de la detención domiciliaria, que fue concedido en enero de este año por tener más de 70 años.
El magistrado resolvió, además, revocar la designación de la persona elegida por Puccio como cuidador durante el arresto en su casa, ya que consideró que no verificó correctamente si el condenado salió o no de su domicilio. Esta última resolución, sumada al pedido de destrucción de las pruebas, indicarían la posibilidad de que el juez resuelva esta semana que Puccio quede detenido en su casa de Talar de Pacheco.
El líder de la banda que secuestró y mató a varios empresarios, condenado en 1995 a reclusión perpetua, quedó alojado durante este último fin de semana largo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tal como dispuso el magistrado de Ejecución. Pero entre hoy y mañana, el juez deberá decidir si vuelve a la cárcel.
El viernes último, Puccio fue citado al despacho de Delgado para realizar su descargo al dictamen del fiscal de Ejecución Penal, quien pidió revocar su arresto domiciliario. Luego, el detenido ingresó esposado a Tribunales para quedar a disposición del juez.
El viernes pasado, días antes de que Delgado pidiera la destrucción de las pruebas, el fiscal Hermello denunció al juez ante la Cámara Federal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, por otras causas que lleva adelante el magistrado.
La denuncia estaría fundamentada en la declaración de un efectivo del Servicio Penitenciario Federal que enumeró diversas resoluciones supuestamente “contrarias a la ley” dictadas por el magistrado de Ejecución para “favorecer” a reclusos. El expediente cuenta con más de 200 resoluciones que, de acuerdo con la denuncia, Delgado tomó en forma arbitraria.