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El domingo por la noche, horas después de haberse reunido con el padre de una niña cuya restitución a la familia biológica está siendo reclamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una diputada de Misiones fue amenazada de muerte por un hombre que la llamó por teléfono a su domicilio. “Me dijeron que tuviera cuidado con las investigaciones que estoy realizando porque, de lo contrario, iba a pagar muy caras las consecuencias”, confirmó a Página/12 la diputada del bloque de la Alianza, Irma Raquel Salom, que relacionó lo sucedido con el caso de la nena de dos años que fue entregada en guarda provisoria –sin el aval de sus padres biológicos– a una pareja de la ciudad de Apóstoles que está integrada por un alto jefe policial de ese departamento de Misiones. “El llamado se produjo 15 minutos después de que finalizara un programa de TV donde se trató el caso, y yo no estoy investigando ningún otro tema que pueda provocar semejante reacción”, explicó la diputada Salom.
“Yo me enteré del caso en marzo, cuando salió publicado en Página/12, y desde entonces estoy en contacto con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso, cuando supe que el padre y el abogado de la familia biológica estaban en Posadas, me entrevisté con ellos para ofrecerles ayuda”, dijo Salom, quien minutos antes de recibir la amenaza había visto la emisión del programa “Punto/Doc”, que sale al aire por América Televisión, donde ayer se informó sobre el caso de la niña bonaerense cuyos padres biológicos son Arciliare Sarruggi y Concepción Flecha González.
“Me extrañó que el llamado fuera a mi teléfono particular, ya que el número no figura en guía”, dijo la legisladora, quien ayer por la mañana hizo la denuncia ante la Fiscalía número uno de Posadas. “Hasta ese momento nadie sabía que yo estaba interviniendo en el caso, porque no había hecho declaraciones a los medios de prensa y no me había presentado ante la jueza que tiene la causa; esto es lo más extraño y por eso pedí que se investiguen las amenazas”. La diputada mantuvo dos reuniones, el sábado y el domingo, con el padre de la nena y con el abogado de la familia, Fernando Sorrentino, de la Dirección Nacional de la Niñez de Avellaneda, que respalda el reclamo de los Sarruggi. Esas reuniones fueron a solas, en el hotel de Posadas donde los dos hombres están alojados.
“En las entrevistas, tanto el padre como el abogado trataron de tomar medidas de seguridad. Yo les pedí que se quedaran tranquilos y que no se dejaran ganar por la paranoia, pero al fin y al cabo tenían razón ellos”, admitió Salom. Ayer, por primera vez, la jueza que decidió la entrega en guarda de la nena hizo declaraciones a la prensa de Posadas, pero siguió manteniendo su negativa a ser entrevistada por este diario.
La jueza Liliana Bertolotti, en declaraciones al medio electrónico Misiones On Line, afirmó que las medidas que tomó fueron “de protección a la nena” y que su juzgado “nunca la arrancó de los brazos de ninguna madre o padre biológico para entregarlo a padres adoptivos”, aunque en los hechos eso fue lo que pasó. Sobre las razones por las cuales decidió la internación en un neuropsiquiátrico y luego en una cárcel de la mamá de la pequeña, sostuvo que la mujer intentó cruzar la frontera hacia Paraguay para visitar a sus padres, y cuando le pidieron la documentación “no tenía el DNI de la nena y su partida de nacimiento”. Según la jueza, la madre estaba “muy asustada y muy agresiva”, y “empezó a tener actitudes como de salir corriendo con la criatura”.
Las manifestaciones de la jueza fueron replicadas por el abogado de la familia, quien reiteró a este diario que “el vínculo siempre estuvo comprobado porque la madre tenía el DNI, la partida y la autorización del padre para salir del país, pero igual la encerraron y le quitaron a la criatura”. La jueza prometió analizar la situación planteada y le dio tiempo a la familia del policía que la tiene “en guarda” para hacer su descargo. “Algo que nunca hizo con los padres biológicos”, recordó Sorrentino.