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Muy poco para celebrar: la participación femenina en cargos públicos de poder sigue siendo casi nula. No sólo de diez ministerios nacionales apenas uno está a cargo de una mujer –y es familiar del Presidente–, sino que a nivel de secretarías y subsecretarías menos del 19 por ciento de los puestos corresponden a mujeres. Además, hay sólo el 8 por ciento de embajadas y el 6 por ciento de los consulados con una mujer al frente. No hay ninguna gobernadora y apenas cuatro vicegobernadoras. En la Justicia, el panorama no es mejor: sobre un total de 25 tribunales superiores en todo el país, en 8 de ellos no hay ninguna jueza, y tomando el total de sus miembros, las mujeres no alcanzan al 20 por ciento. Y en el interior de los partidos políticos la situación es peor aún. El puntilloso diagnóstico pertenece a un Informe sobre Género y Derechos Humanos que se presentará en el Senado el miércoles próximo, cuyas principales conclusiones adelanta hoy Página/12.
El documento fue elaborado por un grupo de expertas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ONG dedicada a la investigación de esa temática. “Trabajamos en forma paralela con otras entidades de la región, de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. El objetivo fue analizar la legislación vigente y las políticas públicas que se ejecutan en cada país en distintas áreas que resultan primordiales para conocer la situación de los derechos humanos de las mujeres, como educación, salud y trabajo”, señaló a este diario Eleonor Faur, una de las autoras del informe que se publicará en un libro.
La participación femenina en cargos públicos es uno de los ejes del estudio. “Es notoria la ausencia de mujeres en los lugares de decisión”, se afirma en el capítulo que aborda el tema, desarrollado por la abogada Natalia Gherardi y la socióloga Beatriz Kohen. Y lo demuestran con estadísticas actualizadas que dan cuenta de la escasa presencia de mujeres en puestos clave, no solo del Ejecutivo nacional, sino también de los gobiernos provinciales, y de los poderes legislativo y judicial. Aquí se mencionan algunos ejemplos:
- En el gabinete nacional, Desarrollo Social es el único ministerio a cargo de una mujer, que no es otra que la hermana de Kirchner.
- Las mujeres ocupan sólo el 18,2 por ciento de los cargos de secretarías y subsecretarías en los distintos ministerios. En la cartera de Planificación Federal, en la de Relaciones Exteriores y Culto no hay ninguna piloteada por una mujer. La mayor presencia femenina en ese nivel de gobierno se da en las áreas de Salud y Desarrollo Social.
- La mitad de los funcionarios del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa) son mujeres. Pero la proporción de varones en los niveles más altos del escalafón supera holgadamente a la de mujeres. De 681 funcionarios categoría A, 462 son hombres y 219 mujeres. En la categoría B son 1233 contra 971.
Los datos muestran que “en el empleo público existe una fuerte limitación a las oportunidades laborales para las mujeres” y “desigualdad en el ejercicio del poder”, concluyeron las investigadoras.
En las intendencias el panorama no mejora. Sólo el 8,5 por ciento de la totalidad de los municipios se encuentra al mando de una mujer. En Mendoza, Tierra del Fuego y San Juan no hay ninguna intendenta mujer. Sólo en San Luis el número de municipios con jefaturas femeninas supera el 20 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, de 134 municipios, apenas 3 están dirigidos por mujeres; en Santiago del Estero, sólo 3 de un total 71; en Misiones, 4 de 75; en Santa Fe, 20 de 363, y en Córdoba, 37 de 428.
En el ámbito legislativo el “piso” fijado por el cupo de un 30 por ciento se convirtió en un “techo” que impide la incorporación de senadoras y diputadas más allá de esa cifra, evalúa el informe.
La investigación analiza también la situación en la Justicia y advierte que en este ámbito se da una doble segregación hacia las mujeres “vertical y horizontal”: las mujeres tienden a concentrarse en las instancias más bajas y en los fueros de menor prestigio, observa el estudio. Como muestra revela que en los tribunales de Familia el porcentaje de mujeres supera el 50 por ciento, pero al mismo tiempo el Consejo de la Magistratura (para el período 2003-2004) está integrado por 17 varones y 3 mujeres y entre los ministros de Justicia de la Nación jamás ha sido designada una mujer. En ocho de los 25 tribunales superiores de justicia del país ninguno de sus integrantes es una mujer.
El informe cuestiona el papel del Consejo Nacional de la Mujer, a cargo de Lucila “Pimpi” Colombo, por no impulsar políticas públicas específicas “tendientes a incrementar la participación política de las mujeres”.
En el interior de los partidos políticos el horizonte es similar. Por caso, la Carta Orgánica nacional de la UCR dispone que la conducción del partido deberá estar integrada “como máximo por un 70 por ciento de personas de un mismo sexo; en ningún caso podrá haber tres lugares seguidos ocupados por personas del mismo sexo”. Sin embargo, descubre la investigación, “de acuerdo con el listado de autoridades nacionales por el período 2003-2005, entre las 17 personas que ocupan la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional sólo hay una mujer”.