La Justicia porteña procesó por homicidio culposo al ex director médico del Sanatorio Quintana y a un obstetra, por la muerte de un bebé como consecuencia de las lesiones neurológicas provocadas durante el parto por la excesiva cantidad de tiempo que los médicos tardaron en realizarle a su madre la cesárea, mientras el pequeño aparecía con un cuadro de asfixia por presión sobre el cordón umbilical. La fatal demora se dio porque el anestesista tardó en llegar al centro de salud.

El caso ocurrió el 23 de septiembre de 2000 en ese establecimiento privado de la ciudad y la víctima, Tomás Gabriel Volonte, falleció 14 meses después por las serias secuelas neurológicas que le quedaron del accidentado parto. El procesamiento fue dictado el pasado 17 de abril contra el directivo del Quintana, Jorge Kritzer, y el obstetra de cabecera de la madre del niño, Ernesto Milani.

La tarde del 22 de septiembre de 2000, Verónica Di Lauro llegó con contracciones al sanatorio. Horas después, a las 23.50, los médicos le rompieron la bolsa y en ese momento advirtieron un cuadro de “procidencia de cordón”, cuyas características son que el cordón se ubica por debajo del bebé y es comprimido por su peso. Ante esa situación, Milani decidió realizar una cesárea de urgencia por el riesgo que corría el feto.

Pero había un inconveniente: en el Quintana no había un anestesista de turno, sino que había que llamar a uno que estaba en guardia pasiva. Lo hicieron, pero tardó 40 minutos en llegar. Los minutos fueron muy caros para el bebé que, como consecuencia de esa demora, nació a las 0.45 con un cuadro de “hipoxia”, por la que había perdido los reflejos del llanto, succión y deglución.

Si bien luego de ese trauma sobrevivió 14 meses, la parálisis no permitió su correcta alimentación y le generó desnutrición, que luego derivó en problemas respiratorios, que determinaron su muerte, el 18 de noviembre de 2001.

“El lapso transcurrido desde el diagnóstico de emergencia hasta la extracción fetal constituía una demora injustificada, que seguramente había influido en forma anodina en la salud del menor”, consideró el juez subrogante Osvaldo Rappa, del juzgado de Instrucción N 35, a partir de los informes del Cuerpo Médico Forense.

El magistrado consideró que Krister “no pudo desconocer que la carencia del anestesiólogo aumentaba el riesgo normal de un parto del cual podrían surgir complicaciones”. Por su parte, el abogado de la familia del nene fallecido, Carlos Wiater, aseveró que “éstos son casos que se repiten porque no existe reglamentación que obligue a los hospitales a tener un anestesista las 24 horas” y que “las clínicas privadas se mantienen con guardias pasivas de anestesistas sólo por una cuestión económica, para ahorrarse un sueldo. La Ley debería cambiar”.