A partir de la vigencia de la ley procesal penal 13.634 en la provincia de Buenos Aires, intervine como defensor en varios juicios a menores. En muchos de ellos advertí que los fiscales suelen pedir penas exorbitantes, en esas situaciones percibí el efecto pánico y la desmoralización que causa en los niños sentados en el banquillo cuando el dedo acusador los apunta y pide 20 o 25 años de prisión. El peso de esta crueldad se siente en el momento de explicarles a ellos y a sus familias que no van crecer y permanecer encerrados la mayor parte de su vida.

Es común que la vindicta pública se aparte del interés superior en juego, el grado de inmadurez, y se congracie con la (in)sensatez punitiva de estos tiempos, buscando causar efectismos ante empresarios morales, más allá de la culpabilidad o no del niño, más allá de que los jueces puedan luego condenar a una pena inferior a la solicitada.

El problema es que estos funcionarios, además de comprar las tesis que llevan a que Argentina siga coleccionando denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por condenas a prisión perpetua de niños, no tienen en cuenta que la actual conformación de la Corte Suprema en el precedente “Maldonado” (2005), estableció que los niños deben ser tratados con un mejor estándar que los adultos, y que la Convención de los Derechos del Niño obliga a la Justicia a utilizar con mayor cuidado las escalas penales que aplican, bajo principios rectores tales como: humanidad, subsidiariedad, proporcionalidad, resocialización, reparación, responsabilización, última ratio o la reducción a la tentativa.

Hay fiscales juveniles que están convencidos de que son depositarios de la neutralización social, y su proyecto incluye salvar a la sociedad de “peligrosos” efebos por medio de la capitis diminutio. A la inversa de lo que suponen, la impunidad es más cercana a la retribución y a la defensa social que a los usos racionales de la punición, vinculados con la capacidad de reproche de un niño.

La ausencia de una moderna ley penal juvenil, con escalas proporcionales y disminuidas en razón de cada delito, es lo que produce la discrecionalidad y el autoritarismo de fiscales y jueces a la hora de solicitar y aplicar penas. En el Congreso duermen el sueño de los justos varios proyectos que podrían dar fin a esta situación. Comparto con Emilio García Méndez la idea de que la represión ilegal fue tan brutal en este país que todavía no nos ponemos de acuerdo en alcanzar un discurso serio y racional sobre las formas y límites de la represión legal.

* Defensor Penal Juvenil de La Plata.