Malvinas Argentinas está ubicada en el Gran Córdoba, atravesada por dos rutas que dividen al barrio en tres y está –literalmente– cercada por soja. En junio pasado, la población se enteró por televisión de que tendría como vecina a la empresa de agronegocios más grande el mundo. Monsanto tienen 111 años de historia, domina el 27 por ciento del mercado mundial de semillas y publicitó su nueva planta como la más grande de Latinoamérica, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de agrocombustibles. En junio también nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, que cuestiona la instalación de la empresa y exige una consulta popular.

“La investigación socio-sanitaria aporta datos que preocupan y tienen relación directa con lo que denunciamos de las fumigaciones. Vivimos una situación delicada y con la instalación de Monsanto colapsará el barrio”, afirmó Matías Marizza, de la Asamblea, y pidió que “los gobernantes escuchen lo que dicen los investigadores y lo que quiere la población de Malvinas”.

La llegada de Monsanto a Córdoba fue anunciada en junio pasado por la Presidenta y respaldada por el gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente radical, Daniel Arzani. Desde la Asamblea se organizaron cortes informativos y movilizaciones (en septiembre hubo una multitudinaria marcha en la capital provincial). También se recurrió a la vía judicial y presentaron un proyecto en la Legislatura para evitar la instalación. Pero la municipalidad aprobó en enero la construcción de la planta.

Dos universidades nacionales (de Córdoba y de Río Cuarto) cuestionaron la instalación de Monsanto. Recordaron las denuncias de contaminación que pesan sobre la compañía, alertaron sobre las consecuencias sociales y ambientales del modelo agropecuario, llamaron a respetar el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y exhortaron a respetar la decisión de las poblaciones afectadas.