“Vamos a insistir en el Consejo Federal de Derechos Humanos, que integran todas las provincias, para que pidan a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción la implementación de guías de atención de los abortos no punibles”, anunció ayer a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alén, desde Nueva York, adonde concurrió como integrante de la delegación argentina que presentó el informe nacional ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las frecuentes trabas en el acceso a los abortos legales fueron uno de los cuestionamientos que recibió el país de los expertos del organismo, durante la sesión del jueves. El tema fue abordado durante más de una hora, entre las preguntas que hicieron los miembros del CDH, especialmente el sueco Krister Thelin, y las explicaciones que brindaron Alén y el presidente del Inadi, Claudio Morgado. Los dos funcionarios se comprometieron a avanzar con medidas que favorezcan el acceso a los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal.

Durante la audiencia estuvieron presentes representantes de tres organizaciones de mujeres (Cladem, Católicas por el Derecho a Decidir e Insgenar), que llevaron a ese organismo el caso conocido como L.M.R., de una adolescente con discapacidad mental que quedó embarazada en una violación en 2006 en la localidad bonaerense de Guernica y tuvo que llegar hasta la Corte provincial hasta conseguir un aval para interrumpir la gestación, el mismo camino que por estos días transitó A.G. Pero aun así, no logró que le practicaran el aborto no punible en un hospital público y debió recurrir a una clínica privada.

El experto sueco manifestó su preocupación por el congelamiento en el Congreso del tratamiento de proyectos de ley que eviten las interpretaciones restrictivas de los permisos (ver aparte). Dijo que es “crucial” la sanción de una nueva legislación más liberal al respecto para proteger a las mujeres. En ese sentido, miembros del CDH preguntaron qué medidas se han implementado y en cuánto tiempo se superarán los obstáculos para el acceso a los no punibles. Los funcionarios argentinos respondieron que se estaba en proceso de modificar esa situación.

La delegación oficial estuvo integrada por el secretario de DD.HH, Eduardo Luis Duhalde, el subsecretario Alén y Morgado, entre otros funcionarios.

Ayer, en diálogo con este diario, Alén expresó la necesidad de implementar guías que fijen el procedimiento que deben seguir los médicos. El subsecretario aseguró que “les hemos dicho a funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación que sería oportuno promover el uso de la guía redactada durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García”. Ese documento estuvo cajoneado en los últimos dos años, hasta que el caso A.G. repercutió públicamente tras una serie de notas de Página/12 y fue subido a la página web del ministerio. El jueves, durante una mesa redonda organizada por FOCO en el Archivo y Museo del Banco Provincia, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, anunció públicamente que la editará pronto y será difundida en los efectores de salud.