Desde que el 13 de marzo la Corte dictó la sentencia que dio la interpretación correcta del artículo 86 inciso 2º del Código Penal, y aclaró que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a un aborto, varias provincias avanzaron con la redacción de protocolos, entre ellas Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Salta –esta última impuso más requisitos que los previstos en el fallo y está pendiente de resolución en la Justicia un pedido para que el decreto reglamentario sea declarado inconstitucional—. Otras provincias ya tenían instructivos: Chubut, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires también, pero con una interpretación restrictiva del permiso para abortar, sólo para las mujeres con discapacidad mental en caso de violación, y desde hace tres años hay proyectos de la oposición para fijar el procedimiento en línea con la Guía de Nación, pero el macrismo los venía bloqueando sistemáticamente.