La expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF creó las condiciones para redefinir la política energética nacional. El nuevo escenario posibilitó la suscripción de una Declaración Presidencial Conjunta para una Alianza Estratégica entre la petrolera argentina YPF y la venezolana Pdvsa. Los firmantes de ese documento se propusieron avanzar en la “planificación conjunta en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, tanto en la República Bolivariana de Venezuela, como en la República Argentina”. En el corto plazo, la declaración dispuso la “incorporación de Pdvsa en proyectos de explotación de petróleo y gas de esquisto ubicados en Argentina y la participación de Pdvsa e YPF en la empresa mixta que se constituirá en el área de Ayacucho 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco”. Por su parte, YPF se sumaría “a la Empresa Mixta de la Faja Petrolífera del Orinoco” y Pdvsa a “las Unidades Transitorias de Empresas (UTE) equivalentes a la participación de YPF en la Faja Petrolífera del Orinoco”.

El acuerdo se perfila como una oportunidad para afianzar la soberanía regional en materia energética. El convenio binacional sirve como punto de partida para acuerdos de mayor escala. Por caso, la compañía mixta brasileña Petrobras tiene mucho para aportar en su condición de líder mundial en explotación offshore.

El fortalecimiento de la integración energética regional pareciera ser, en este marco, un objetivo necesario y posible. La historia latinoamericana registra diversos intentos en esa línea como, por ejemplo, la convocatoria del ministro venezolano de Energía y Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, a la primera conferencia de Empresas Estatales americanas celebrada en la ciudad de Maracay en 1961. “En esta conferencia quedó establecida la necesidad de activar la organización de una Asociación de Empresas Estatales que sirviera de instrumento adecuado para ejecutar un programa de mutua asistencia en todos los sectores de la industria petrolera y especialmente para procurar un política de acción común que permitiera lograr la integración de los mercados regionales dentro del campo de los hidrocarburos y sus derivados”, explica Susana Yazbek en “Empresas integradas en América Latina: los casos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), 1973-1976”.

Cuatro años más tarde, ocho empresas estatales (la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) de Uruguay, la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) de Venezuela, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile, Petróleos del Perú (Petroperú) de Perú, Petróleo Brasileiro (Petrobas) de Brasil, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bolivia y la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) de Colombia) crearon la organización Arpel (Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana).

El objetivo de Arpel era colaborar en el diseño de políticas conjuntas en materia petrolera. El paso siguiente fue la conformación de la Olade (Organización Latinoamericana de Energía). El propósito de esa organización, integrada por los ministros de Energía de los veintidós países miembro, “era establecer un mecanismo de cooperación entre los países para desarrollar sus recursos energéticos, especialmente en materia de hidrocarburos, y atender conjuntamente los aspectos relativos a su eficiente y racional aprovechamiento con el fin de contribuir a su independencia económica y desarrollo social”, señala Yazbek. Las dictaduras regionales, sumado al reinado del paradigma neoliberal, truncaron ese rumbo integrador. Ahora los países latinoamericanos comenzaron a desandar un camino caracterizado por el repliegue estatal

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