Culpar de ineficiencia a algún actor social suele ser una práctica habitual del “bullying” económico. El tecnócrata liberal suele cargar al Estado, al empresario nacional, al trabajador argentino, a la pequeña y mediana industria, a la producción regional o al emprendimiento social con el mote descalificativo de “ineficientes”. Busca excluirlos así de la actividad económica, que debería estar exclusivamente en manos de los “eficientes”: el sector privado, la multinacional, el trabajador de los países que dominan el mercado mundial, la gran industria, la producción pampeana o el emprendimiento con fines de lucro.

¿Qué se entiende por eficiente? Por lo general, el mercado es el juez de la eficiencia de las actividades económicas. Quien logre triunfar en la competencia mercantil tiene certificado de eficiente, cuyo valor va en aumento según la dimensión del mercado en el que logre desarrollarse (local, nacional, regional y mundial). El apoyo estatal es considerado como una especie de práctica desleal en las reglas del juego mercantil, así quien recibe subsidios, protecciones o desgravaciones impositivas, es sospechado de ineficiente por más que triunfe comercialmente. Por contraste, en el orden moral de los eficientistas no hay descalificación para quien apela a la explotación laboral, la evasión impositiva, el control monopólico de redes financieras, de comercialización o proveedores, en su afán de éxito.

El análisis de la eficiencia no considera el impacto general sobre la economía. A modo de ejemplo, en la elección de proveedores para una licitación de obras públicas financiada con créditos de organismos internacionales se suele escoger a quien ofrezca el menor precio de obra. Sin embargo, ello generalmente implica descartar a una “ineficiente” cooperativa nacional y, en cambio, contratar un “eficiente” proveedor multinacional. Pero, si se amplía la mirada económica y se compara el impacto del ahorro fiscal por el menor precio de contratar al proveedor extranjero con el gasto de divisas por importaciones y remisión de utilidades, los puestos de empleo que se dejan de generar en el país, la multiplicación de los gastos y la producción que hubiera generado el proveedor local con su consiguiente efecto sobre la recaudación impositiva, la consideración de quién es más eficiente sería diferente.

La necesidad de virar hacia un concepto más abarcador de eficiencia fue señalada por Raúl Prebisch al argumentar a favor de la protección de las industrias latinoamericanas. En su estudio de “Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico” de 1952, el economista de la Cepal señalaba que si bien las importaciones de productos industriales eran más baratas que las producidas en la región, su impacto en materia de desempleo de recursos humanos y naturales las tornaba más ineficientes si se tomaba como medida de eficiencia el nivel de Producto por habitante resultante.

El análisis sobre la eficiencia debería considerar también aspectos como la distribución funcional y regional del ingreso, el impacto en materia de aprendizaje técnico o de seguridad ambiental, social y nacional. El total de elementos que se tome en cuenta al analizar la eficiencia económica está en relación con los objetivos económicos que se consideren como deseables. Después de todo, nada es eficiente en sí mismo, sino en relación con el objetivo económico que se busca alcanzar como sociedad

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