Ya entrado el segundo semestre los hechos económicos más relevantes son dos: la alta inflación y la fuerte contracción de la economía. La actividad registró una caída acumulada de casi el 6 por ciento en el segundo trimestre y la inflación ronda el 45 por ciento anual. Aunque se había dicho que controlarla era muy fácil, 2016 terminará con la peor inflación de los últimos 14 años.

El gobierno, junto a un ejército de creadores de expectativas, insiste en que “lo peor ya pasó” (Macri) porque “el trabajo sucio está hecho” (Prat-Gay). La caída de todos los indicadores de actividad se explicaría así por medio de una analogía extraña: “haber detenido todos los motores para ponerlos a punto” luego del desmadre populista de la larga década pasada. En paralelo, economistas y medios de comunicación lograron que una parte de la población crea que el conjunto de medidas impulsadas, como la devaluación, la eliminación de impuestos, el tarifazo y la caída de los salarios reales, es decir las transferencias de riqueza entre sectores y clases sociales, sean consideradas como un costo inevitable del bienestar futuro. Y aunque el segundo semestre nunca llegó, muchos creen en que “ya se ve la luz al final del túnel” (Michetti).

Con el nuevo escenario casi completamente definido –sólo resta conocer el desenlace judicial del tarifazo– puede analizarse qué sucederá con las principales variables, empezando por la inflación, uno de los fenómenos más visibles. El primer dato es que las teorías monetaristas fracasaron una vez más. El nivel de precios demostró que no guardar relación alguna con la cantidad de dinero. La ortodoxia balbucea interpretaciones del por qué fallan sus predicciones. Suman complementos, como el déficit fiscal o agregan presuntas demoras en las correas de transmisión. Los hechos, en tanto, son irrefutables: la política monetaria fue restrictiva y la inflación resultó récord.

Quizá haya que repetirlo hasta el cansancio, pero hoy las causas de la inflación son tres, dos estructurales y una coyuntural. Las estructurales son los traslados a precios de los mayores costos, lo que incluye la puja distributiva, y el nivel del tipo de cambio, el principal precio de la economía local. El coyuntural es el comportamiento empresario, es decir; la forma en que reaccionan los formadores de precios frente a las señales del sector público. Con el nuevo gobierno los tres factores se combinaron y potenciaron.

Vale la pena detenerse en los detalles porque el fenómeno se mantendrá sostenido en los próximos meses. Una anomalía importante, que incluye los costos, es que la inflación no se detiene a pesar que la actividad se contrae, caen los salarios y, en consecuencia, el consumo. Según CAME, las ventas al mercado interno mostraron una baja interanual creciente durante todo el año, alcanzando el 9,2 por ciento en mayo y el 9,8 en junio, un verdadero desplome. Con los nuevos datos de inflación, la pérdida de poder adquisitivo salarial ronda los 10 puntos, aunque es mucho mayor en los deciles de ingresos más bajos dada la proporción del gasto en servicios y alimentos sobre el total del ingreso. La lógica indica que, con semejante caída de la demanda de consumo, los precios tendrían que haber detenido su carrera, pero la inflación prevista por el gobierno para todo el año se produjo en apenas 6 meses, un panorama que alteró el comportamiento de todos los actores.

Los exportadores, que durante el primer trimestre liquidaron los stocks acumulados a la espera de la devaluación y la eliminación de aranceles, y con ello amortiguaron la contracción del primer trimestre, comenzaron a presionar contra el “atraso cambiario”. Aquí es donde aparece el comportamiento errático y sin plan del gobierno. La baja de la tasa de interés adelantada por el Banco Central sin que haya señales reales de freno de la inflación provocó que el dólar salte un escalón y se ubique por encima de 15 pesos por unidad. El convencimiento empresario de que ahora sí se encuentran en una verdadera economía de mercado funcionó como habilitación para trasladar automáticamente todos los precios al nuevo nivel del dólar, procedimiento que también se aplica con cualquier aumento de costos, como servicios y salarios. Se presenta así una nueva paradoja del huevo y la gallina. Nadie sabe quién empieza, pero todos los precios se van para arriba. Por el lado de la demanda se vaticina que los salarios nuevos reactivarán el consumo, pero la conducta empresaria hará que rápidamente los mayores costos salariales vayan a precios, como siempre ocurre ante la ausencia de controles. Al mismo tiempo, como se espera una mayor devaluación, los exportadores comienzan a descontarla y a retener liquidaciones, presionando sobre la divisa y, por carácter transitivo, los precios. Esta es la lógica de la estanflación.

Mientras tanto, los sindicatos que aceptaron los vaticinios de inflación adelantados por el gobierno en enero y resignaron en paritarias lo que creían serían sólo pequeñas bajas, son presionados por sus bases para la reapertura de las negociaciones, lo que permite prever un creciente aumento de la conflictividad, en particular a partir de la reunificación y recambio en la conducción de la CGT.

Si el Poder Ejecutivo persiste en no darse por enterado de la secuencia recesiva e inflacionaria y limita su accionar al pedido de responsabilidad y empatía de la clase empresaria con el que se supone es “su” gobierno, sólo conseguirá el sostenimiento en el tiempo del problema, situación que podría comprometer los resultados electorales de 2017 y su continuidad más allá de 2019.

Las aguas están divididas. Parte de la administración, acostumbrada a mirar solamente el momento de la circulación, cree que una mayor apertura importadora podría domar los precios, otra advierte el rol clave del “dólar barato” en el sostenimiento del nuevo esquema. Pero el dato clave es que ante las presiones del mercado, léase exportadores, el tipo de cambio sólo podrá anclarse con entrada de capitales, lo que a falta de lluvia inversora significa más endeudamiento. La apertura importadora y la sobrevaluación cambiaria en base a deuda reaparecen como un sino destructivo de los gobiernos de derecha, con hitos en las administraciones de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. La gran diferencia es que esta vez el destino apareció demasiado rápido. Sin embargo, sin señales de reactivación y en un escenario internacional de mayor incertidumbre la estrategia implica un riesgo muy elevado; una alta dependencia con los caprichos del capital financiero y sus instituciones.

El panorama no es auspicioso. La parte negativa es que no supone lluvia de inversiones y despegue económico, la positiva es que tampoco habrá colapso y helicóptero. Ninguno de los dos lados de la grieta estará satisfecho. Siguiendo una caracterización del último informe reservado de la consultora Contexto, el riesgo para la administración PRO es el de la intrascendencia, una de las formas de la mediocridad. El análisis es certero, pero demasiado “macroeconómico” en un sentido preciso: no incluye el sufrimiento social provocado, las obligaciones a cargo de las futuras generaciones y la pérdida de derechos.