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Viernes, 9 de marzo de 2007

SOCIEDAD

El precio de la clandestinidad

A fines de enero, Verónica Ibáñez se sometió a un aborto en una clínica de Recreo, la localidad catamarqueña donde vivía. A principios de febrero murió por una infección generalizada. El médico que la había atendido en un principio, concejal y candidato a intendente local, aduce que la acusación es infundada y tiene una raíz política.

 Por Soledad Vallejos

El sábado 27 de enero, Verónica Ibáñez entró a la Nueva Clínica Recreo S.R.L. (en Recreo, un pueblo del departamento de La Paz, en Catamarca) para atenderse con el doctor Daniel Polti. Tenía 22 años. La acompañaba su novio, David R., quien pagó los $ 400 que habían acordado con Polti para que practicara el aborto: Verónica llevaba alrededor de dos meses de embarazo y habían decidido no tener al niño. Poco después, abandonaron la clínica, y Verónica pasó dos horas en casa de una amiga, para luego volver a su casa. Ni su madre ni sus ocho hermanos sabían nada, y Verónica prefería que la situación siguiera así. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sabido que Verónica quería hacerse un aborto? Dice su tío, Arturo Mamondi, que “no hubieran permitido que haga lo que hizo”. También dice: “Pasan los días hasta el lunes: ese día se empieza a sentir mal”. Siguió en su casa, pero al día siguiente, el martes 30 “tenía muchos dolores en la panza, va a la clínica y ahí la internan”. Al internarla —continúa Mamondi—, “el doctor le dice: ‘Se te va a pasar todo, te bajó la presión nada más, ya mañana te vas a tu casa’”. Pero al día siguiente Polti viajó a Santiago del Estero y Verónica quedó a cargo del director de la clínica, el Dr. Guzmán, quien la revisó a pedido de la familia de ella, que “van a exigir que la atiendan porque la veían mal”. A los ocho y media de la noche, Guzmán “la ve y le dice: ‘¿Qué te pasa?’, ella le dijo que le dolía mucho la panza. El empieza a tocar y dice ‘es peritonitis’. Hace la ecografía, dice ‘es un quiste que se reventó, acá hay que operar’, toma la decisión de operar”. Pero nada es gratis: para que la operación pudiera hacerse, la madre de Verónica firmó un pagaré por $ 2500, un monto que acordó cancelar en 22 cuotas y que actualmente está pagando porque “como es un documento que puede ejecutarlo cualquiera que lo tenga, tenemos que seguir pagándolo”.

En el quirófano, Guzmán “limpia esa cavidad que veía que estaba mal, saca un líquido de sangre y pus, más o menos un litro”. Verónica pasó a terapia intermedia, “se pone peor”; su familia “exige que la trasladen a otro lado, porque no tenían la clínica preparada para un caso así”. Pero la clínica tampoco disponía de la ambulancia coronaria para el traslado que requería la bajísima presión sanguínea de Verónica. Otro médico que nada había tenido que ver con el aborto ni la operación posterior logró subirle presión para que fuera posible el traslado, y Verónica fue enviada al Hospital San Juan Bautista, en San Fernando del Valle de Catamarca, 250 km al oeste de Recreo. No resistió la operación. Antes de morir, en pleno quirófano, dijo a los médicos que la atendían que había abortado, que por favor no se lo dijeran a su familia.

El informe del forense dice que la muerte se debió a un edema agudo de pulmón, que tuvo como causa probable una microcesárea. Debajo, como aclaración, agrega: “Homicidio culposo por mala praxis en aborto”. Mientras la operación se llevaba a cabo, Guzmán, el director de la clínica de Recreo, llamó al hospital para saber cómo estaba Verónica y avisar que él, al operar, se había encontrado con una infección, había desinfectado y avisado a sus familiares que todo se había desencadenado por un quiste ovárico. La historia clínica aduce “cirugía por problemas ginecológicos”.

Recreo es un pueblo

Con alrededor de 15 mil habitantes y una historia particular. El 7 de agosto de 2001, Elmer Miani, obispo de Catamarca, dijo que era “la capital del aborto”. No se trataba de una denuncia vinculada a un caso en particular, sino de la bravata de un clérigo ofendido porque el Concejo Deliberante local había aprobado una ordenanza de Planificación Familiar que preveía, entre otras cosas, la entrega de DIU. Por entonces, el 30 por ciento de las mujeres eran madres solteras, y la desocupación era del 25 por ciento. Casualmente fue alrededor de 2001 cuando Daniel Polti, recién recibido, comenzó a ejercer la medicina en la Nueva Clínica Recreo. En el pueblo nadie dice nada pero los rumores dicen muchas cosas: que todo el mundo –las chicas, pero no solamente ellas– conocía la especialidad de Polti, que tanto realizaba abortos quirúrgicos como medicamentosos (algo que hace suponer, por ejemplo, que la venta de oxaprost debía florecer), que no sólo a San Fernando del Valle sino también a Frías –en Santiago del Estero– han llegado mujeres con cuadros originados en abortos mal hechos, que en las instituciones médicas de esos lugares están habituados a escuchar de dónde han llegado esas mujeres. ¿Todo esto es sabido? El abogado de la familia de Verónica, Víctor García, aclara la diferencia entre saber e intuir: “Todo eso siempre se dijo, usted sabe cómo son los pueblos”. Y agrega: en este caso la acusación es “aborto con consentimiento seguido de muerte”, que puede valer entre uno y seis años de prisión para Polti. El de Verónica no es el único caso de aborto con consecuencias graves para la paciente que se vincula al médico: en 2005, una intervención medicamentosa resultó en una internación de urgencia –precisamente– en Frías; la chica se salvó. Sin embargo, ese antecedente refuerza el caso de Verónica, por lo que está siendo tenida en cuenta por Hugo Germán Burgos, el fiscal que lleva la causa y ya ha realizado un allanamiento en la clínica.

Este domingo, Recreo votará a intendente, y Polti –que actualmente es concejal– se presenta como candidato por el Frente Justicialista, la agrupación que cuenta con Luis Barrionuevo como referente. Es esa participación política suya, ha dicho, lo que está en la base de la acusación de la familia de Verónica. Quien apoya públicamente a los Ibáñez es el cura párroco Rogelio Suárez, que “habló por radio desmintiendo que esto fuera político, ninguno de la familia tiene relación con la política”.

A partir de la próxima semana, cada martes a las 10 de la mañana la familia de Verónica encabezará una marcha para pedir justicia. La primera fue el martes 27 de febrero: salió de la parroquia San Roque y llegó hasta los tribunales. Asistieron alrededor de 100 personas.

–Mucha gente tiene miedo de represalias de parte de la política local. La gente tiene compromisos laborales, tiene planes sociales, y esa cuestión hace que la gente no salga a acompañar la marcha. Pero creo que después del domingo, si Polti no gana, la gente se va a animar –dice Mamondi.

¿Y si gana?

–Seguiremos siendo 100 personas y trabajando para que haya justicia.

El caso es complejo

Si la interpretación de lo que es un aborto terapéutico no hiciera que abortos como el de Verónica fueran habitualmente penados, si fuera no punible el hecho de requerir una intervención médica para interrumpir un embarazo en su primera etapa porque no es deseado, algo sería evidente: la responsabilidad de Daniel Polti, el médico que funge de concejal y tiene aspiraciones como intendente, configuraría un caso de mala praxis. De lo que se trata es de un médico que, tras una intervención quirúrgica mal hecha, dejó en estado de desamparo a su paciente, obstaculizando el traslado, cobrando dinero por una operación diferente a la que dijo que realizaría (no había estallado un quiste, no existía esa causa), no frenando una infección que iba consumiendo a Verónica por dentro. Si el aborto no fuera punible, la culpa de Polti no sería la realización del aborto, sino la realización en condiciones inadecuadas, la impericia en la intervención misma y la desatención posterior, que derivó en la muerte de Verónica. El problema, aquí, fue que a la torpeza inicial siguió el abandono: a Verónica la dejaron morir. La agonía duró una infección de cinco días, una intervención absurda (cobrada a precio oro con un pagaré), un traslado de urgencia a destiempo (podría haberse hecho antes, su vida se podría haber salvado) y un silencio que Verónica sólo quebró en el último momento: sólo en medio del quirófano del Hospital San Juan Bautista, sólo cuando ya era evidente que no iba a salvarse, sólo entonces Verónica habló para decir a los médicos que la operaban que se había sometido a un aborto.

Lo que está investigando el fiscal Burgos es la responsabilidad de alguien que interviene irresponsablemente y deja morir. Verónica está muerta: aun cuando haya dado su consentimiento, aun cuando haya decidido abortar, ya de nada puede culpársela.

Y sin embargo hay quienes buscan pescar en río revuelto. Lo que ha pasado en la primera marcha sugiere que, junto con su apoyo espiritual a la familia de Verónica, el cura Rogelio Suárez entrega su sanción moral y baraja las cartas para llevar agua a su molino parroquial. En esa primera marcha, además de familiares y amigos de Verónica, además de la pancarta que era muy clara, que simplemente pedía “Justicia para Verónica”, hubo otra consigna. La llevaban feligreses de la parroquia San Roque y rezaba: “No al aborto”.

Días de dolor y miedo no alcanzaron para que Verónica se animara a dejar el silencio y decir que todo había comenzado por un aborto, que probablemente algo falló en esa intervención, que no venía su estado de un mal misterioso e inexplicable. Si no fue la culpa nacida del temor a un juicio moral lo que selló los labios de Verónica durante todos esos días, debe haber sido algo muy parecido, le debe haber pasado cerca.

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