La resolución 1252/2012 del Ministerio de Salud porteño que regula la atención de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires no respeta los criterios fijados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación debe asumir su rol de responsable principal de las políticas de salud para que se respeten los derechos de las mujeres, sin discriminación por el lugar donde vivan. La resolución porteña requiere a los médicos que dejen constancia en la historia clínica de todas las alternativas terapéuticas consideradas y por qué descartan cada una de ellas. También se pide que la dirección del hospital confirme la procedencia de la interrupción del embarazo. Esto indica que se considera el pedido de interrupción del embarazo como un problema médico y no como una necesidad y un derecho de la mujer. Es algo muy distinto a lo que recomienda el fallo de la Corte.

Otra limitación que la resolución incorpora es la realización de la interrupción sólo hasta las 12 semanas acompañada del correlato ecográfico, así se medicaliza la respuesta a un derecho de las mujeres que la Corte claramente plantea como un imperativo y que esta resolución no respeta. Esto es algo que genera una desigualdad para las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires respecto del resto del país y que no podemos aceptar.

Además de estas restricciones, la resolución agrega la objeción de conciencia frente a cada caso y no es accesible a la población, lo que le quita transparencia. Se crea un equipo interdisciplinario constituido por jefes de servicios y el director/a del hospital, sin roles específicos, pero que parece más un equipo evaluador que de apoyo. Y en la declaración jurada se plantea la obligación de informar a la mujer sobre las distintas posibilidades, incluida la de dar en adopción al niño. Se ignora que es la mujer quien solicita el aborto en base a un derecho que tiene por ley y se la somete a una revictimización, como la que la Corte Suprema se propuso eliminar con su fallo y que ocurría antes.

Lamentablemente, creo que esto ocurre porque el Ministerio de Salud de la Nación no asumió su rol de responsable principal de las políticas de salud y no promovió la aplicación de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaborada en 2010, y no la aprobó por resolución. Ahora tenemos una variedad de protocolos y, muchos de ellos, como el que establece el Ministerio de Salud porteño, con diferencias importantes que implican que, según dónde vive cada mujer que pide esta práctica, la recibe en diferentes condiciones y no todas respetan íntegramente sus derechos. ¡No lo podemos aceptar! Esto no es federalismo, es que el gobierno nacional no asume la responsabilidad y no se respetan los derechos humanos de las mujeres.

* Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).