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No todos los peces mueren por la boca, apenas los que se contradicen hasta el absurdo. Esta semana, en la Legislatura porteña, se vio a dos peces mayores del cardumen oficialista morir boqueando, ahogados por la latitud entre lo que dijeron al defender parte del Presupuesto para el año próximo y sus prácticas cotidianas. El pez en jefe fue el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y el segundo fue su socio comercial y político, el secretario de Planeamiento Héctor Lostri. Cada uno a su manera, terminaron en una playa de difícil pronóstico.

Chaín es arquitecto y un hombre famoso por su inmensa idea de sí mismo. Como a la sombra de Torcuato de Alvear, cree que dejará su marca en la ciudad que insiste en remodelar. Su largo discurso de este lunes fue mayestático en la enumeración de obras, en afirmaciones como que el PRO continúa políticas de Estado de largo plazo y sobre todo en un par de conceptos de fondo casi que filosóficos. Chaín tiene una obsesión por peatonalizar, poner bolardos y farolitos chinos en obras que duran semanas antes de romperse porque sus pautas de calidad son, por así decirlo, flojitas. Pero como lo cuenta él, es una gesta: peatonalizar Reconquista y Suipacha es concretar “un concepto de humanización del espacio público” en la así llamada Refuncionalización del Area Central.

¿Qué es el tal programa? En la vida real, es toda esa obra pobre en Defensa, Suipacha y Reconquista, pero para el ministro es “optimizar la accesibilidad y la movilidad, incrementar la densidad edilicia y mejorar las condiciones ambientales”. Las preguntas estallan: ¿cómo se mejora la movilidad aumentando la densidad? ¿Qué calidad de vida mejora apilando metros, gente, autos?

Chaín fue breve y, como se ve, genérico, pero su socio Lostri fue directo al grano. Este arquitecto tiene un algo de Carlos Corach en su habilidad para decir absolutamente cualquier cosa que contradiga lo que hace cada día, con una sonrisa cordial y una cara de convicción muy creíble. Por ejemplo, el lunes se dio el gusto de decir que el patrimonio edificado de Buenos Aires estaba mejor que nunca porque se habían tomado “medidas que protegen áreas y edificios, entendiendo la protección patrimonial como un proceso continuo y dinámico”. Lostri siguió diciendo que los catálogos de protección están “por primera vez” a la vista y destacó “la tarea del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales”, además de mencionar con agradecimiento al legislador Julio Raffo.

La cosa siguió con misterios como el Indice de Caminabilidad, Modelos Territoriales, construcción de Ciudades Sustentables y compilación de un Catastro Ecológico. Lo que resulta ensordecedor es lo que no dijo el secretario y tampoco su ministro: que nadie piensa hacer el catálogo definitivo del patrimonio porteño a proteger, que el CAAP es una farsa que protege nada y poco, que toda la lógica de gestión es a favor de la industria del desarrollo inmobiliario en su versión más especulativa.

En fin, cosas sabidas, pero que no se dicen en público, por lo visto.

Orden del CAAP

El inefable Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, elogiado por Lostri, sigue dando que hablar, y siempre para mal. Como se sabe, últimamente se tomó muy a mal el pedido de publicar sus órdenes del día, que se supone que sirven para que vecinos y demás víctimas se puedan enterar de qué se tratará. Pero el CAAP no quiere de ninguna manera que esto suceda, con lo que sus comunicaciones vía web son un misterio.

Como ejemplo, sirva la del último encuentro del organismo que decide qué edificio anterior a 1941 se puede demoler y qué pieza se recomienda para catalogar. Para el 23 de octubre se anunció que se trataría una propuesta de instrumentos normativos de parte de las instituciones integrantes, además de “casos a evaluar: Chorroarín 134, Agronomía, y otros”. Este escueto telegrama oculta que en realidad se terminó hablando de 36 edificios concretos. ¿Cuántos se protegieron? Unito solito... lo que explica el fondo de los elogios de Lostri.

A 34 permisos de demolición, que incluyen por ejemplo direcciones como México al 600, pegadito al APH 1 y en plena área de amortiguación en tratamiento de la Legislatura, se le opone una cautelar al edificio de Mario Bravo 513, esquina Corrientes. La otra nota protesta porque el edificio de Pavón 3174 está tan maltratado y demolido que no pueden “realizar la valoración patrimonial” y solicitan que “de corresponder” se apliquen sanciones.

Al pie de las firmas –que incluyen el del titular, el director general Ramón Ledesma, que pone el sello pero nunca va– figura una leyenda que avisa que cinco instituciones todavía no enviaron representantes al Consejo. Entre las que faltan están nada menos que la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y, para vergüenza y desconcierto generales, la Comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña.

El Malraux

El viernes de la semana pasada volvieron a Buenos Aires, después de una década, los seminarios Malraux, organizados por la Secretaría de Cultura y la embajada de Francia. El encuentro en el Centro Cultural Borges tuvo como tema el patrimonio cultural en el contexto de la sustentabilidad, idea que dio pie a intervenciones muy dispares. Hubo quien confundió protección con proteccionismo y llegó a plantear el arcaísmo de la sustitución de importaciones culturales –incluyendo en primer lugar los jueguitos de celulares– sin entender que lo cultural es fungible y se superimpone, al revés que los tornillos o los chips.

Pero también hubo momentos muy buenos, como los que ofrecieron la arquitecta Marie Hélène Contal y el arquitecto Jaime Sorín. La una es de las más reconocidas pensadoras y diseñadoras de edificios sustentables, mientras que el otro es un obsesionado, en el mejor sentido, con la vivienda accesible. Contal nos dejó conceptos como que estamos en una verdadera transición energética, un período de cambio de magnitud y permanente comparables a los que se dieron entre la primera revolución industrial –la del carbón y el acero– a la segunda, el mundo del petróleo. La francesa señaló que esta segunda revolución produjo ciudades como Los Angeles o Buenos Aires. Y también indicó que, así como las ciudades europeas son un palimpsesto de cambios de épocas y economías, las ciudades de esta tercera revolución deberán construirse sobre las ciudades actuales, las del automóvil.

Contal tiene un concepto amplio del patrimonio edificado, como todo lo representativo de una época, por lo que levantó más de una ceja afirmando que las autopistas de Los Angeles también son patrimonio. Haciendo honor al nombre del seminario, explicó que fue Malraux, como ministro de Cultura, quien creó el actual sistema de protección patrimonial francés, en el que se protege un edificio y su entorno de modo de no alterar sus proporciones. Pero como es una arquitecta en funciones, también destacó que París y otras ciudades francesas son la maravilla que son porque se limitaron drásticamente las alturas máximas. Así es que se ven esos tejidos urbanos valorizados, homogéneos y sin torres, excepto en áreas especiales y sin demoler. Contal hasta expresó la idea de que haber asentado las ciudades históricas permitiendo que lo moderno no se hiciera a costa de lo tradicional mejoró la calidad de la democracia de su país.

Sorín también arrancó con información, explicando que nuestro continente es urbano en un 80 por ciento y nuestro país en un 92, con lo que la ciudad está no sólo en el centro de un debate de arquitecturas o culturas, sino en el de la tarea de “reconstrucción política y social”. El arquitecto destacó que el problema central es el del acceso a la vivienda, acompañado de la especulación y la muy baja calidad –conceptual y material– de lo que se construye hoy. En el marco de la furiosa especulación es que se entienden dos de sus frases: “o construimos con la ciudad que existe o la destruimos”, y “proteger el patrimonio es apoyar una ciudad más inclusiva”.

En Córdoba

El tema del patrimonio llegó a un punto de madurez en que se nota el retraso entre la acción pública y el standard que espera el público. No es apenas la dura cuestión de ver edificios destruidos para hacer torres, sino también el cuidado de piezas que todos, todos aceptamos que son tesoros nacionales. La senadora Norma Morandini, cordobesa ella, presentó un proyecto de comunicación para que el Senado pueda enterarse de cómo se evalúan y aprueban las obras de mantenimiento o restauración de edificios indudables. En este caso se habla de la hermosa iglesia de la reducción jesuítica de Alta Gracia, pero que la Cámara alta se interese en el tema puede servir para que aumente el bajo nivel de seriedad en sangre de esta actividad.

Alta Gracia nació como iglesia y convento jesuítico, cosa que nota de un vistazo el paseante más casual. El centro de la ciudad todavía es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced con el convento y la Casa de Liniers, el enorme tajamar, la plaza central y, en una esquina, el Obrador, viejo taller de la reducción que fue escuela por bastante más de un siglo. El conjunto es monumento histórico nacional y patrimonio de la humanidad de la Unesco, y es parte de la ruta de las misiones jesuíticas, la que llega a California. Y aun así, es tratada en bastante medida como una parroquia de barrio sin mayor valor patrimonial.

La comunicación que busca Morandini pide que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos explique cómo se evalúan y aprueban las obras en la iglesia cordobesa. En varios párrafos recorre las diferentes leyes y movidas nacionales y provinciales, tocando decisiones de la comisión y preguntando si se arreglaron los daños ya denunciados en el conjunto, por malas intervenciones. Hasta se interesa por los más de tres millones de pesos que el gobierno provincial le dio por decreto al párroco Marcelo Siderides en 2010.

En el fondo de este documento sobrevuela otra pregunta: ¿le hicieron caso a la comisión? Y si la respuesta fuera no, ¿qué puede hacer la entidad nacional? La legislación no da muchos dientes al Estado a la hora de proteger el patrimonio de “dueños” que quieran ahorrar tiempo y hacer las cosas fuera de los parámetros internacionales de intervención. Los expertos consultados por m2 hilaron un largo collar de quejas sobre lo que se hizo en Alta Gracia, muy por debajo de la calidad de lo que se hizo en San Ignacio Miní. Será interesante que el Senado apruebe esta declaración para enterarnos, por escrito y de la mejor fuente, qué pasó en Córdoba.

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