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Sábado, 26 de julio de 2014

Sin decreto y sin control

El macrismo perdió ante la Justicia porteña por el decreto que intervenía las obras de las comunas, mientras el descontrol causó otra muerte y los vecinos tienen que hacer de inspectores.

 Por Sergio Kiernan

Una de las curiosidades del macrismo es que, pese a que abunda en abogados, se da la cabeza contra la Justicia una y otra vez. Una parte es la altanería y el apuro de sus funcionarios principales, que no consultan antes de mandarse, como le pasó al ministro de Planeamiento, Daniel Chain, cuando anunció su plan de peatonalizar Defensa. El ministro dio la conferencia de prensa, mostró sus dibujitos y después se enteró de que no se puede peatonalizar sin pasar por la Legislatura porque hace falta una ley. Como Chain cree que es el Hausman porteño y será recordado por agrandar las esquinas de Palermo Viejo, no quería pasar por el trámite de debates y consultas, tan penoso para un creativo. Con lo que de contramarcha inventó la “semipeatonalización”, polisilábico con el que zafó y luego usó en todo el microcentro.

El macrismo en funciones también sufre de su improvisación, con lo que cada vez que lo pescan y tiene que explicar algo hace papelones increíbles. Por ejemplo, cuando se mandaron a hacer la estación Plaza Francia del subte en la Plaza Intendente Alvear. El titular de Sbase, en inspección ocular frente a los amparistas de Basta de Demoler y los oficiales de justicia, le dijo al juez que sí, que sabía que no era la Plaza Francia, pero que “todos le dicen Plaza Francia”. El juez lo miró fijo, decidiendo si lo estaban cargando, pero lo dejó pasar. El amparo fue concedido, el macrismo perdió como en la guerra.

Como acaba de perder con el poco creíble decreto 251 que, como informó Página/12 el fin de semana pasado, cayó en llamas ante el juez porteño Francisco Ferrer. El decreto fue cuestionado judicialmente por un grupo de comuneros porteños de la oposición, básicamente kirchneristas, que pidieron fuera suspendido hasta que se decida la cuestión de fondo. El decreto inventa la figura de gerentes y subgerentes para las comunas de la ciudad, que según dice el texto trabajarán para los presidentes comunales pero serán nombrados por la Jefatura de Gabinete. La idea es eventualmente nombrarlos por concurso, pero mientras serán nombrados a dedo y enmarcados en la notoria Secretaría de Gestión Comunal.

La idea de fondo es negarles a las comunas toda capacidad de hacer obras y manejar presupuestos, aunque lo ordene la misma Constitución de la Ciudad. Esto tiene múltiples niveles, además del evidente de no aflojar una caja ni siquiera a gente del propio partido. Una razón es que si el macrismo en el poder se caracteriza por la incompetencia técnica de sus cuadros dirigentes –Chain es visto como un verdadero genio– no cuesta imaginar lo que opinan en la Jefatura de sus presidente de Comuna... Otra razón es que cada presupuesto genera un peaje, una caja paralela, un kiosco, con lo que quince comunas pueden dejarnos como el Congo, particularmente porque el PRO no es exactamente el radicalismo de Illia.

Pero en realidad, el tema es que lo que deberían hacer las Comunas en materia de obras lo anda haciendo la Secretaría de Gestión Comunal. Esta entidad nacida para controlar los CGP pre-ley de Comunas anda haciendo obritas pequeñas, incomprensibles, feas y tan caras que asombran hasta a los funcionarios de Espacio Público y Planeamiento, acostumbrados al “precio-Ciudad”. En Gestión Comunal mandan pagar sin pestañear tachos de basura de 200 dólares y arbolitos diminutos de 100, y cuando tuvieron que dar explicaciones –al entonces ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado– hasta mandaron planos con las medidas falseadas, para hacer parecer más grande la obra. Esta es una caja delectable, que no se va a regalar así nomás a quince tipos, con lo que Gestión Comunal los iba a intervenir mandando los gerentes.

El pequeño inconveniente es que el decreto no tiene el menor asidero legal y se da de cabeza con la lógica del sistema creado con rango constitucional. La Ciudad de Buenos Aires es, desde la reforma de 1994, una ciudad-provincia o una provincia urbana, y no una ciudad-estado. Así como las provincias tienen un gobernador y muchos intendentes, Buenos Aires tiene que tener un jefe de Gobierno y varios presidentes de Comuna. Crear esto puede dar lugar a problemas congoleños, es cierto, pero eso no es razón para quebrar la ley sino para refinar el sistema y crear mecanismos contra la corrupción, los peajes y sobreprecios.

Pero de eso no hay ni sombra de posibilidad.

Otra muerte

De hecho, el estado de ilegalidad en que se mueve la industria de la construcción se debe a que luego de pagar los peajes, ¿quién te va a pedir cuentas de algo? Cada vez que hay un accidente mortal en una obra, Mauricio Macri o alguno de sus minions dicen que no se puede poner un inspector en cada obra, una zoncera digna de Jauretche. Las muertes se deben a la mano blanda del gobierno porteño, al “ambiente” permisivo que se crea, a la perfecta conciencia de que la industria es la favorita del jefe porteño. Esta semana, pagó con su vida un albañil paraguayo de 25 años que fue aplastado por una máquina en una obra en Parque Patricios que la Uocra había denunciado tres veces por irregularidades de seguridad. La obra, de 1100 metros cuadrados, estaba registrada y fue inspeccionada por última vez en abril.

El macrismo es tan blando con la industria que hasta decretó eliminar los peritos verificadores de obras, ascensores, habilitaciones y otros rubros técnicos, para reemplazarlos por un grupito de especialistas. Para dar una idea del tema, en este control blando de hoy participan 1453 profesionales, en el sistema futuro quedarán veinte. El actual sistema permite que se registren profesionales de un modo independiente, sin ser empleados municipales, pero el decreto ordena que sean todos dependientes del gobierno porteño. Este retroceso va a empeorar todavía más un número muy malo: cada año hay un promedio de 16 derrumbes en esta ciudad.

En Barracas

Y todo esto es por plata, por hacer plata, por dejar hacer plata. Proteger Barracas acaba de denunciar todavía otro caso de ilegalidad, menos doloroso que el del muerto, pero ya alevoso y repetitivo. En diciembre de 2012, la ONG detectó en Hornos y Suárez el arranque de una obra para un edificio en altura que no respetaba la bajada de alturas en 30 manzanas del barrio. De hecho, el orsay era notable, porque la ley 3954 se había sancionado en noviembre de 2011, un año antes, con lo que ya estaba registrado y publicado que no se podía construir más tan arriba. Los de Proteger Barracas, con ayuda de la Defensoría del Pueblo de aquel entonces, lograron establecer que el pedido de permisos y la presentación de planos se había realizado meses después de la sanción de la nueva ley de alturas. La Dgroc, que es la banda de genios que da estos permisos, hasta explicó que el problema era que no habían actualizado su base de datos y por eso no se habían dado cuenta...

La obra paró, pero acaba de volver a la vida y al parecer peor que antes. Como se ve en la foto del cartel publicitario, es una torre normal para el resto de la ciudad, pero doblemente en falta para esa esquina. No sólo no respeta el cambio de zonificación de noviembre de 2011 sino que tampoco se da por enterada de que se dejó sin efecto, por la ley 4190, el 25 por ciento de yapa que tenían San Telmo, La Boca y Barracas. Con lo que en un lote donde se puede trepar hasta los 13,50 metros, el edificio planea subir hasta los 41,82. Y donde se pueden construir hasta 500 metros, se venden 3531. Todo esto alevoso, enorme y publicitado en un cartelón, pero la Dgroc sigue sin darse por enterada. ¿Que dirán ahora? ¿Que todavía no actualizaron la base de datos? ¿Que no pueden poner un inspector en cada obra? Menos mal que los vecinos se ocupan de vigilar estas cosas.

A pintar

Hoy, a partir de las 16, los vecinos de Palermo se juntan en Aráoz y Honduras a pintarle un mural a Evaristo Carriego. La idea del Consejo Consultivo de la comuna local, la 14, es que no se pierda el fuego que defendió la casa natal del poeta, que iba a ser demolida burdamente por su mismo dueño, el gobierno porteño, y que ahora yace pudriéndose porque el macrismo se ofendió y no quiere restaurarla a su condición original. Una oportunidad de recordar a nuestro poeta y seguir salvando su casa, una pieza patrimonial de primera agua.

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Hornos y Suárez, una obra en alturas prohibidas que reincide en construirse.
 
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