Desde Santa Fe

El ministro de Gobierno, Rubén Galassi aportó a los diputados que lo interpelaron la semana pasada el nombre del operador judicial que gestionó la autorización telefónica para que el secretario de Tecnologías, Javier Echaniz y el subsecretario, Martín Degrati, desbloquearan la computadora Mac del empresario Luis Medina, acribillado a balazos el 29 de diciembre. Es el abogado Mariano Ríos Artacho, secretario del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Rosario, a cargo hasta fin de mes de la jueza María Luisa Pérez Vara, quien estaba de turno el día del doble crimen. Pero como la magistrada no atendió el teléfono, la subrogaron tres de sus colegas: Gustavo Pérez de Urrechu (Instrucción 13) -que ordenó el secuestro de la notebook y el celular de Medina-, Raquel Cosgaya (Instrucción 6) -que dijo que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo"- y Alejandra Rodenas (Instrucción 2), que al día siguiente suspendió el peritaje y se lo encargó a la Gendarmería. "Nuestros funcionarios no tienen ningún inconveniente en ir a declarar lo que sea necesario a la justicia o a dónde sea", afirmó el ministro.

Galassi mencionó seis veces a Ríos Artacho -por su apellido o su cargo- ante preguntas de los legisladores, según la versión taquigráfica a la que tuvo acceso Rosario/12. La reunión fue secreta y a puertas cerradas. "El doctor Ríos Artacho convalidó lo actuado", reveló el ministro.

La Cámara de Diputados convocó a Galassi y a su par de Justicia, Juan Lewis para que expliquen por qué Echaniz y Degrati revisaron la Mac de Medina sin que la justicia pidiera una colaboración técnica para que lo hagan. Y por qué Degrati abrió la máquina e inició una sesión ese domingo a la medianoche, veinte minutos antes de que la fiscal de Cámara Nº 2 de Rosario, Maria Eugenia Iribarren, gestionara una autorización telefónica ante el Juzgado de turno.

Según el acta policial, Degrati abrió la notebook a las 23.59. Y la fiscal Iribarren llegó a la Unidad Regional II a las 00.20. Una brecha de 20 minutos. La doctora Iribarren -agrega el acta- "efectúa una consulta telefónica con el doctor Acosta (sic), secretario del Juzgado interviniente, quien previa consulta con la jueza de turno, Raquel Cosgaya, el mismo (sic) dispone que de acuerdo a lo ordenado por la magistrada dichos elementos de prueba bloqueados sean remitidos a la Secretaría de Tecnologías del Ministerio de Gobierno", en Santa Fe.

¿Quién es el doctor Acosta? Galassi les dijo a los legisladores que el llamado de la fiscal Iribarren tuvo otro destinatario. Fue "una comunicación telefónica con el secretario Ríos Artacho, quien convalidó esta actuación", agregó. Si eso sucedió así, por qué el acta menciona a un tal Acosta y no a Ríos Artacho?

Galassi ratificó que Echaniz y Degratti intervinieron en la causa "ante un llamado del ministro de Seguridad, (Raúl) Lamberto, a partir de una petición que le hace el (jefe de de la Agrupación de Unidades Especiales de la URII), comisario (Guillermo) Morgans, que estaba a cargo de la investigación", dijo. "En el término de 24 horas, hubo cuatro magistrados. Una que directamente no participó (Pérez Vara). Y otros tres (Pérez de Urrechu, Cosgaya y Rodenas) que tuvieron distintos grados de participación, pero la doctora Rodenas ratificó a este comisario al frente de las investigaciones", agregó.

Tras el secuestro de la computadora y el teléfono de Medina, Galassi dijo que Morgans le pidió a Lamberto colaboración para "el desbloqueo" de los equipos. "Cerca de la medianoche (Echaniz y Degrati) concurrieron a la Unidad Regional II después de haber pasado por el Ministerio de Seguridad, con conocimiento de la fiscal Iribarren, quien llegó a los pocos minutos de que llegaran estos funcionarios. Y ella fue quien en comunicación telefónica con el secretario del Juzgado (Ríos Artacho) ratificó el procedimiento realizado y como en la Unidad Regional II no se contaban con elementos, solo se había logrado reiniciar la computadora, se planteó que ese trabajo -﷓para poder avanzar en el peritaje-﷓ debía realizarse en la Secretaría de Tecnologías, en Santa Fe, donde se contaba con otros elementos técnicos e incluso con personal especializado en el tipo de programas que tenía la notebook secuestrada. Nada se pudo hacer con el teléfono celular que siguió bloqueado", informó Galassi.

El diputado del PJ, Héctor Acuña, pidió precisiones sobre cómo se había gestionado la "colaboración" de Echaniz y Degrati y si había una orden judicial escrita. "Con respecto a la orden a la que que usted hace referencia, los funcioarios de la Secretaría la recibieron por parte de un funcionario del Poder Judicial que se comunicó telefónicamente", dijo el ministro.

-Pero mediante qué instrumento, la justicia solicitó la colaboración técnica del Poder Ejecutivo -insistió el legislador.

-Señor diputado, usted escuchó recién que le dije claramente que una fiscal (Iribarren) habló por teléfono con el secretario (del Juzgado de Pérez Vara), el doctor Ríos Artacho, que convalidó lo actuado -contestó Galassi. "Previamente a que se reiniciara esta computadora, había una orden del juez Pérez de Urrechu, que dispuso secuestrar la máquina y la derivó a Pericias Informáticas de la URII". Como no podían desbloquearla, Morgans solicitó a Lamberto "una colaboración técnica" y después Echaniz y Degrati respondieron a ese pedido.

Galassi dijo que "mientras (Echaniz y Degrati) se trasladaban" a la URII "se notificó a la fiscal (Iribarren) que también concurrió y en una comunicación telefónica con el secretario Ríos Artacho convalidó esta actuación". Yo les digo lo que dijo la fiscal después de comunicarse con el doctor Ríos, quien -según la fiscal- habló con la jueza Cosgaya, que era la tercera que intervenía en el caso" y "convalidó lo que se había hecho hasta ese momento, que era reiniciar la computadora... Si usted me pide una orden escrita, esa orden no está, pero también insisto en la presencia de la fiscal (Iribarren) que habló por teléfono con el secretario del Juzgado (Ríos Artacho)", cerró el ministro. La jueza Cosgaya afirmó en público que "nunca" autorizó la intervención de "funcionarios del Poder Ejecutivo" en la causa.