La política de vivienda hacia los sectores populares que lleva adelante la gestión municipal es uno de los temas que define de mejor manera el actual proyecto de ciudad.

Según los propios cálculos oficiales, serían unas 50 mil familias las que padecen la falta de vivienda.

Frente a esta realidad, y en todos estos años, el ejecutivo municipal anunció hacia fines del pasado año un plan habitacional que dormía desde el 2008 donde se plantea la construcción de 22 viviendas para sectores medios que perciban un ingreso mínimo de 3500 pesos. Los anotados para acceder a las mismas ya son más de mil.

Para los sectores más humildes, según declaraciones de Susana Nader del Servicio Público de la Vivienda, se construyeron "2500 núcleos habitacionales" durante el 2010 de los cuales poca precisión hay respecto a los efectivamente entregados.

Esta desproporción entre la demanda social y el tipo de respuesta que ha dado el municipio es la expresión de un modelo de ciudad sujeto a los intereses de poderosos inversores privados vinculados al mercado inmobiliario, a la construcción y al comercio, que va en detrimento del derecho constitucional que tiene todo ciudadano a una vivienda digna.

Esta razón explica que el crecimiento económico de la ciudad en estos años esté atravesado por un fuerte contraste entre el boom de la construcción y el aumento permanente del déficit habitacional.

Un Estado activo y promotor del interés colectivo y una distribución justa de la tierra, que regule el acceso al suelo y su uso, no sumiso a la especulación de los negocios privados, con una política pública masiva de construcción de viviendas en articulación con las organizaciones del territorio, es el camino a emprender si de dar una respuesta real a los sectores sociales más postergados de nuestra ciudad se trata.

Sebastián Artola

Pre candidato a concejal por el Frente para la Victoria.