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Martes, 17 de junio de 2008

OPINIóN

Legitimidad y legalidad de un piquete

 Por Roberto Sukerman*

El origen del piquete como herramienta de protesta social surgió en la segunda parte del menemato como reacción contra las privatizaciones y el modelo neoliberal. Como valla contra los carneros nació mucho antes. Todos deben recordar lo sucedido en Cutral Có, Tartagal, General Mosconi y muchas otras manifestaciones que dieron nacimiento a un movimiento social que es analizado a nivel nacional e internacional. Más aún, es imitado y distorsionado en estos días en la pampa húmeda por sus dueños y del otro lado del océano por los descendientes de los conquistadores.

Los derechos de los trabajadores fueron aniquilados de tal manera en los 90 que los modos de protesta se radicalizaron. El derecho de huelga lo pueden ejercer los trabajadores, pero ¿cómo reclaman los desempleados que están marginados del sistema? Con piquetes, entre otras formas. El derecho de peticionar a las autoridades plasmado en el art. 14 de la Constitución nacional no es igual para todos. Cada uno peticiona como puede. El que no tenga urgencia lo hará más diplomáticamente y el que esté condenado al hambre y a la marginalidad lo hará más violentamente.

Los piquetes si bien podían ser considerados ilegales eran a la vez legítimos. ¿Qué pesa más: el derecho de las personas a comer, curarse, vestirse y educarse o el derecho de las personas a transitar sin congestionamientos?.

El gobierno de los Kirchner nunca criminalizó la protesta social. Su resultado más allá de las críticas de los sectores más conservadores fue que no hubo ningún muerto por este tipo de manifestaciones populares. Lamentablemente, gobiernos anteriores no pueden decir lo mismo. La lógica de la tolerancia es sencilla: ¿cómo reprimir a quien le reclama al Estado sus incumplimientos sociales?, que son consecuencia de un modelo económico y social injusto y excluyente que duró casi tres décadas en nuestro país.

Ahora, poner en pie de igualdad a los piqueteros que reclaman: comida, salud, trabajo, vivienda y educación con productores agropecuarios que aunque sean pequeños no tienen ningún problema de subsistencia y que se han visto favorecidos por la política económica del duhaldismo-kirchnerismo, no tiene el más mínimo sentido y mucho menos legitimidad.

Los que antes se quejaban por los cortes de ruta de los que llaman "negros" ahora consideran que es un medio legítimo de peticionar a las autoridades. Se creen los dueños de las rutas y deciden quien pasa y quien no, provocando desabastecimiento y aumentos desmedidos en la canasta básica.

Esta desvirtuación del piquete se ve alimentada a su vez por su masividad y por otros métodos de protesta que también se desnaturalizan, entre otros, los escraches y la toma de edificios. Este combo denota un trastorno de ansiedad, una falta de paciencia absoluta propia de una sociedad que cultiva el zapping y la banda ancha. Parafraseando a Prodan, no sabemos muy bien lo que queremos, pero lo queremos ya. Llame ya. Proteste ya. ¿Respuesta inmediata?.

Los conflictos de trascendencia pública, cada vez más, se quieren solucionar por parte de los reclamantes por los canales menos institucionalizados. Las calles, las rutas, los medios de comunicación, la judicialización, todas como primer recurso, no por estado de necesidad.

Un hito de la apropiación de métodos de protesta por parte de grupos ideológicamente antagónicos a los que lo originaron, es el escrache. Es grotesco que estos sectores utilicen mecanismos de manifestación excepcionales que utilizan organizaciones de derechos humanos contra represores y personajes conexos. La idea del escrache es repudiar a alguien que se oculta que no se conoce, que se esconde, que no es visible o inaccesible.

La toma de edificios públicos es otro método que se masificó, principalmente, en protestas estudiantiles. Todas estas manifestaciones que nacieron con deficiencias legales pero con alta legitimación debido a su utilización excepcional y justificada en la necesidad y urgencia del reclamo, no pueden masificarse y desvirtuarse.

No cabe el argumento de que si unos pueden podemos todos. Si la excepcionalidad se vuelve regla la democracia corre peligro. La paciencia no solo es una virtud personal, para la vida democrática es un valor supremo.

*Profesor de Derecho Constitucional UNR. [email protected]

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