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"Pobre de los pueblos que necesitan de la alianza del tiempo y de la muerte para librarse de sus tiranos". Agustín Rodríguez Araya

Más allá de los esfuerzos que hacen algunos candidatos por posicionarse, es evidente que no hay clima de campaña. No por ahora, en un país que desde hace dos semanas se despierta preocupado por la amarga sensación del pasado que vuelve. La desaparición del testigo Julio Jorge López es un punto de inflexión en la vida de la república como lo fueron en su momento los sucesos de Semana Santa en 1987, o la crisis política de diciembre de 2001. Si bien es difícil establecer un patrón de respuesta, la sociedad Argentina no fue la misma después de aquellos sucesos, y es de esperar que -cualquiera fuera el desenlace- no se produzcan retrocesos en la conciencia cívica.

Con algunas pocas y tristes excepciones, la respuesta de la clase política parece la adecuada, no así la del gobierno, especialmente el de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Felipe Solá se muestra más preocupado por su destino político que por la suerte del albañil López. El otrora Secretario de Estado del gobierno que institucionalizó la impunidad a través de los indultos firmados por Carlos Menem, llegó a decir que "López podría ser el primer desaparecido de la democracia"; sin duda una frase infeliz, que fue enmendada por el Presidente de la República que sin haber sido un luchador por los Derechos Humanos en los años de plomo, presentaba un perfil diferente al del entonces joven Solá, estudiante de ingeniería "sin participación en política" como el mismo reconoció en un reportaje a poco de asumir en la función pública.

En medio de las versiones sobre el destino del anciano cuyo testimonio contribuyó a mandar a la cárcel de por vida al criminal Miguel Etchecolatz, llegaron a algunos juzgados de la provincia de Santa Fe cartas despachadas desde la Capital Federal con amenazas que iban más allá del insulto o la cobarde promesa de violencia. El juez Reinaldo Rodríguez y la Fiscal Griselda Tessio no sólo no se van a amilanar, sino que van a arbitrar los medios para garantizar y acelerar los juicios a los terroristas de Estado.

Pero no siempre ni en todos los estamentos se encuentra esa respuesta. Sin ir mas lejos, las amenazas en Santa Fe son hechos repetidos, y nunca se pudo establecer desde donde partieron y mucho menos quién o quiénes son los responsables.

En eso está peor todavía el gobierno de Solá que frente al caso López aparece absolutamente desorientado, sin siquiera un llamado telefónico de los "caza-recompensas" que arriesgan datos incomprobables por los 200 mil pesos que ofreció el gobierno de Buenos Aires. Lo mismo el gobierno nacional que pasados estos sucesos debería meter mano para empezar en la Side donde evidentemente no alcanza con ser amigo del Presidente -como lo es su ex vice gobernador el "Chango" Icazuriaga﷓ para controlarla o hacerla eficiente.

En conversaciones privadas -que serían negadas en público- funcionarios de primera línea del gobierno nacional le dan la razón a Juan Carlos Blumberg que cuestionó la indolencia para con los testigos de semejantes causas. El reconocimiento explícito de la desidia fue asignar custodias después de la desaparición de López. Una instantánea del gobierno frente al caso.

Los mismos funcionarios sostienen que "van a rodar cabezas", como si la salida de León Arslanian del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, pudiera retrotraer la situación o modificar la conducta de Solá antes de este problema. La purga en la bonaerense -y van...- parece de nunca acabar, y si bien nadie saldrá en defensa de los esbirros del pasado que aún revisten en la fuerza, lo que cabe preguntarse es hasta dónde llega el compromiso republicano de sus integrantes, y qué hacer para que definitivamente la policía sea parte de la solución y no del problema como fatalmente ocurre.

En la Side sucede otro tanto, y en más de una oportunidad hubo funcionarios del gobierno que denunciaron manejos turbios -Gustavo Béliz se fue del gabinete de Kirchner mostrando un identikit del agente Stiusso uno de los "capos" de la Side que parece inamovible- o sencillamente la redujeron a una "caja negra" para fines políticos.

Parece un buen momento -como toda salida de una crisis- para profundizar algunas definiciones.

La desaparición de un testigo de un juicio contra crímenes de lesa humanidad no es un hecho policial.

Tiene un trasfondo más complejo, y a 30 años del golpe de estado genocida, quizá haya llegado el momento de poner definitivamente las cosas en su lugar.

No son lo mismo los dirigentes políticos que arriesgaron su pellejo, o los que debieron partir al exilio, que aquellos que colaboraron con la dictadura. Tampoco es lo mismo haber trabajado donde se pudo y como se pudo -sin ser parte del aparato represivo y de propaganda- que haber formado parte del elenco, aún en tareas que hoy quieren presentarse como menores.

No se trata de una "competencia" entorno a quien fue mas o menos valiente, se trata de construir una sociedad sin resabios de ese pasado ominoso que muchos ocultan por falta de convicciones democráticas.

En esto no hay medias tintas, se trata no ya del pasado sino del futuro. A 23 años de la recuperación de la democracia, recién ahora se están sustanciando los juicios que se iniciaron en 1985, con las Juntas Militares sentadas en el banquillo de los acusados.

Quienes tuvimos el privilegio de asistir a esas audiencias, escuchar los testimonios de los sobrevivientes, los relatos de las masacres, y el monumental alegato de Julio Cesar Strassera, llegamos a creer por esos días que la Justicia había llegado.

Pero con el paso del tiempo, la falta de convicciones de las que se habló más arriba, las claudicaciones éticas de los sucesivos gobiernos, y la displicencia de una sociedad enfrascada en sus cuentas, no permitieron que se completara el círculo virtuoso que necesariamente debía concluir con los asesinos entre rejas.

No fue así, y durante años toleramos caminar por las calles con la posibilidad cierta de cruzarnos con criminales o torturadores.

Le pasó a militantes que vieron en la mesa de al lado de un bar a su verdugo, o mujeres que reconocieron las voces de sus violadores.

Y sin llegar a esos extremos les pasa a todos los hombres de bien que no tienen por qué codearse con delincuentes de la peor calaña.

No es tiempo de campaña. Al menos no estos días, tal vez tampoco los que vengan inmediatamente, pero sí podrían servir para revisar la historia, de cara al futuro. Pensar a quién se va a elegir; qué hizo, qué dejó de hacer. No un prontuario sino un curiculum, la diferencia la da la ética y la legalidad de los actos realizados. El que oculta su pasado tiene prontuario, no curriculum, y no siempre protocolizado.

La vergonzosa historia de Juanjo Alvarez es el epítome de esa situación, aunque a muchos ingenuos -y otros tantos malintencionados- les preocupara más "la operación" del gobierno dando a conocer el legajo del ex agente de la Side, que el hecho irrefutable de que Alvarez fue parte del aparato represivo.

A pesar de todo es un buen momento para saldar la cuenta con la historia.