El concejal Héctor Cavallero (PPS) presentó un proyecto para regular la actividad de las empresas de seguridad privada. La iniciativa del ex intendente tiene como objeto que el municipio ejerza el control sobre el funcionamiento de todas las empresas que prestan estos servicios en Rosario y el personal afectado a las mismas. En diálogo con Rosario/12, el edil planteó que las garitas de vigilancia privada "no pueden instalarse donde quieran; debe existir una planificación por parte de la Municipalidad, que además deberá autorizarlas con la correspondiente identificación, tanto de la empresa como del personal". Cavallero explicó que la única legislación provincial sobre la vigilancia privada es un decreto del 1991; es decir que todavía no hay una ley, a pesar que se presentaron varios proyectos que no prosperaron. "De todas maneras, a partir de la Constitución del 94, y de diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia, reivindicamos la potestad del municipio de regular todo lo que funciona dentro del ámbito geográfico de la ciudad", precisó el edil.

Según el autor de la iniciativa, la provincia avanzó con la publicación de un padrón donde figuran esas empresas. Pero la que se encuentra a 50 metros del domicilio de Cavallero -y a pocos metros de la casa del concejala radical María Eugenia Schmuck, que fue asaltada el lunes; en total son nueve garitas en un radio de 450 metros-, cuenta con un link hacia un sitio de internet cuya única descripción es un número 0800.

"Busqué dónde estaba radicado ese número, y aparece una dirección de Capital Federal y otra en Vicente López. Esta empresa puso una garita en el medio de la vereda sin ningún tipo de habilitación, no tiene ningún cartel que la identifique, y dice que no tiene personal", explicó el edil, para luego agregar que las personas que prestan estos servicios no están bajo relación de dependencia, algunas cuentan con causas penales en proceso, y se mueven en vehículos sin ningún tipo de identificación. Además, denunció que la mayoría de estas garitas están "enganchadas" directamente del alumbrado público.

"Si bien nos consta que varias de estas empresas son serias, muchos vecinos sospechamos que aquellas que no conocemos y no tienen identificación, nos vigilan no para protegernos si no para vaciarte la casa cuando saben que no estamos", planteó el concejal del PPS. "Otro de los problemas está vinculado con los vecinos que no pagan el servicio y no tienen el sticker de casa protegida, parece que fuera una señal para que sean asaltadas", agregó.

Por tal motivo, en el proyecto presentado por Cavallero, que será tratado en las comisiones de Seguridad y Gobierno del Concejo Municipal, pide que la municipalidad tome el relevamiento de la provincia, y exija que las garitas tengan un cartel con el nombre de la empresa, el domicilio y número de teléfono en Rosario, y una dirección de correo electrónico, "para que los vecinos puedan ejercer el control social y así poder realizar los reclamos que correspondan".

Por tratarse de una actividad relacionada directamente con la seguridad de los ciudadanos, la iniciativa propone que estas empresas estén inscriptas y habilitadas por el Registro Unico de Información dependiente de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informaciones Particulares pertenecientes al Ministerio de Seguridad de Santa Fe y además obligatoriamente la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario.

También deberá solicitarse el certificado de "Buena Conducta" expedido por autoridad provincial competente, como requisito sine qua non para ser propietario unipersonal, socio, directivo o parte accionaria, para su inscripción en el municipio y la autorización para operar de una empresa de Seguridad, del mismo modo para ser empleado de la misma en cualquier función dentro de ésta.

Además, deberá llevarse un registro actualizado de las agencias y sus dependientes en la web del municipio como en todos los distritos, a efectos que el ciudadano que lo requiera pueda tener toda la información de la empresa prestataria como de las personas que están empleadas en las mismas.