Los magistrados citaron al mandatario jujeño para el 28 de marzo próximo a las 10, cuando también se escuchará el reclamo de más de 30 comunidades originarias que presentaron una acción de amparo. La medida judicial también alcanza al gobierno de Salta y al Estado nacional. Las poblaciones indígenas expresaron en la presentación judicial "sus derechos de participación y consulta" sobre programas de "explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios".

Específicamente, solicitaron ser informadas acerca del proyecto de extracción de litio y borato en la región de la subcuenca Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes. Según el recurso, los pobladores originarios "viven desde tiempo inmemorial en la zona" y "las salinas constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios".

Las comunidades indígenas pidieron que el gobierno provincial se abstenga "de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera", especialmente las referidas a litio y borato, "como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados".

En un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, la Corte Suprema entendió que le corresponde controlar "las actividades de otros poderes del Estado". Por lo tanto, debe "buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector".

La presentación legal fue realizada en nombre de las comunidades originarias de Santuario Tres Pozos, San Francisco de Alfarcito, Distrito de San Miguel de Colorados, Aguas Blancas, Sianzo, Rinconadilla y Lipan, entre otras.

Además, intervienen como "Amicus curiae" (amigos del tribunal) el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El 4 de diciembre pasado los representantes de las comunidades originarias que recurrieron a la Justicia plantearon la situación al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya.

Julio Valdiviezo, de la comunidad de Colorados, señaló al funcionario que el rechazo a la minería se funda en que "va a perjudicar las napas freáticas de agua dulce" utilizadas por los pobladores que se desempeñan en la producción agrícola-ganadera.

Días después, en un informe preliminar, Anaya opinó que el gobierno nacional y las provincias deben dar "prioridad" a las comunidades que sufren una realidad de "inseguridad jurídica" y la "contaminación" causada por "emprendimientos extractivos".