19:33 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

"Es un fallo que suma a la reconstrucción de la historia"

El titular del tribunal que condenó a prisión perpetua a 15 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el excentro clandestino "La Cacha", Carlos Rozanski, consideró que ese juicio "forma parte de un proceso irreversible que comenzó hace diez años y que apoya la gran mayoría de la sociedad, con las organizaciones de derechos humanos que no cedieron jamás en sus reclamos".

"La importancia de este juicio está en el aporte a los escalones de la memoria", dijo Rozanski en declaraciones a Télam a pocas horas de concluir el juicio oral y público, que puso al descubierto por primera vez después de 38 años las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico militar en el excentro clandestino ubicado próximo al penal de Olmos, en la ciudad de La Plata.

Según el magistrado, el proceso oral que comenzó en diciembre pasado "trajo luz sobre un centro de torturas del que antes no había habido sentencia, por una cantidad de víctimas importante" que

En el juicio que condenó entre otros al ex jefe de Investigaciones de la bonaerense Miguel Etchecolatz, se investigaron los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años, cometidos en perjuicio de 147 víctimas.

En su veredicto, el Tribunal condenó a quince de los 21 acusados a prisión perpetua por ser "cómplices en el genocidio" que asoló a la sociedad argentina durante el terrorismo de Estado, en una interpretación que el tribunal expone por tercera vez en un juicio y que para Rozanski "da a los delitos un contexto adecuado".

"Aplicamos la figura de genocidio, que en sí no tiene pena prevista, pero en todos los casos las condenas siempre tuvieron detrás delitos previstos en el Código Penal", explicó el juez federal al remarcar que "la figura de genocidio da al proceso un contexto adecuado de donde deben ser entendidos los hechos".

Otro aspecto novedoso de la sentencia fue que decretó por unanimidad de los jueces que cuando el fallo quede firme "se de inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados y a la suspensión de toda jubilación pensión o retiro".

En este punto, Rozanski explicó que la decisión del Tribunal obedece al criterio de que "esos beneficios previsionales que provienen del Estado son incompatibles con los delitos cometidos dentro del propio Estado".

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