Once campesinos paraguayos, entre ellos tres mujeres, fueron condenados a penas de entre cuatro y 30 años de prisión por un tribunal que los encontró culpables de la llamada "masacre de Curuguaty".

El más castigado fue el dirigente Ruben Villalba, condenado a 30 años, más cinco años de medidas de seguridad, mientras que el también campesino Luis Olmedo irá a la cárcel por 20 años. Las tres mujeres que estaban imputadas finalmente fueron condenadas a seis años, aunque podrán guardar prisión domiciliaria, como hasta ahora.

Luego de una media hora de suspensión de la audiencia, debido a protestas de la defensa y el público, el tribunal finalmente dio a conocer su veredicto, en medio del griterío de los presentes. Tras la lectura, decenas de personas decidieron permanecer ocupando la sala de audiencias del Tribunal de Justicia de

Asunción del Paraguay.

Entre los ocupantes está el abogado Pablo Aguayo, defensor del

campesino Ruben Villalba, quien reiteró que van a permanecer allí hasta ser recibidos por los miembros del tribunal. "Este tribunal fue recusado al comienzo de la lectura del veredicto. No hubo respuestas. Continuaron ejercitando facultades jurisdiccionales que ya no tenían", denunció Aguayo.

Los magistrados que integraron el tribunal, y que hoy dieron a conocer la sentencia en medio de griteríos e incidentes, se retiraron rápidamente de sala y permanecerían en el edificio. Aguayo dijo que los abogados defensores examinarán la situación y tratarán de evitar incidentes mayores, ya que "si se convoca a toda la gente que está afuera, solidariamente con los campesinos, se puede armar un desastre", precisó el abogado paraguayo. Afuera del edificio de la Justicia cientos de personas permanecen manifestándose y reclamando la nulidad del juicio, y ante el clima de tensión, hasta se reforzó la guardia en la residencia oficial donde se encuentra el presidente, Horacio Cartes.

Entre otros argumentos, los defensores de los campesinos sostienen que es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que presentaron a favor de sus defendidos. "Esto no termina aquí. Va a seguir y estudiaremos apelaciones yotras instancias legales para que se revise esta vergüenza, este bochorno" dijo el abogado Aguayo.

La llamada "masacre de Curuguaty" ocurrió el 15 de junio del 2012 en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando policías llegaron con la orden de desalojar a campesinos que ocupaban el establecimiento. En un confuso choque armado murieron 11 campesinos y seis policías, incidente que derivó en un juicio político al entonces presidente constitucional Fernando Lugo, finalmente destituido por el Congreso, dominado por la oposición.