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El Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que el índice de desempleo llega al 9,3 por ciento. Su titular, Jorge Todesca, lo describió como “una situación muy grave del mercado de trabajo”. Tiene toda la razón, más allá de debates o precisiones sobre comparación de los índices o con “la herencia recibida”. Lo principal e innegable es que durante el gobierno de Mauricio Macri se elevó la desocupación y se produjo una oleada de despidos. El fenómeno no es consecuencia del azar, ni siquiera de errores de gestión: forma parte del programa económico de Cambiemos.

Abaratar “el costo laboral” está en el menú del macrismo, en esta semana lo sinceró con todas las letras el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

La noción oficialista de competitividad supone la reducción masiva de los salarios, para emparejarlos al nivel de otros países de la región.

Si se buceara en la obra de Adam Smith, leída por neo-cons, se podría decir que si el trabajo es una mercancía y se aumenta la oferta de mano de obra, el precio (sueldos) baja. Si se prolongara en versión libre la tradición del marxismo se podría hablar del “ejército de reserva” que facilita la explotación capitalista.

Si prescindimos de las bibliotecas y optamos por la mirada localista se puede contar que el oficialismo produjo una ofensiva inmediata contra el empleo público. El impacto de las cesantías sobre el gasto público es dudoso porque muchos laburantes salientes fueron reemplazados por otros: menos en número pero con salarios mayores. O sea, el nuevo truco de trocar diez personas que ganaban (es un decir) 100 por tres que ganan 500 o más. Se crearon nuevos ministerios y hubo prodigalidad en designaciones con rango salarial de Subsecretarios o secretarios de estado aunque con funciones menos exigentes y a menudo imprecisas. La finalidad no es “que las cuentas cierren” sino aumentar la masa de desempleados y transmitir una señal al sector privado: vamos, que sí se puede.

La segunda ola, la de despidos en actividad privada, continuó entonces la secuencia, que se prolonga.

Según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), fundado en datos del actual Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 más de 95 mil trabajadores registrados del sector privado perdieron su empleo principal, Los cálculos oficiales llegan hasta ahí y, dado que el segundo semestre no fue la fiesta esperada, es sensato calcular que la cifra creció y seguirá en ascenso.

Sobre despidos en sector público hay referencias opacas que no facilitan llegar a un número indiscutible pero es clavado que son decenas de miles.

Frisa con lo imposible proponer guarismos sobre trabajadores no registrados, por definición. La experiencia prueba que quienes laburan “en negro” o hacen changas son, siempre, el sector más vulnerable a las recesiones y las mermas de demanda de trabajo.

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Hacer sistema: Cuando el presidente reprocha a quienes “ponen palos en la rueda” lo hace desde un sesgo clasista. Para él, son los trabajadores que abusan del ausentismo o de “la industria del juicio”. Habla un patrón y no un funcionario. Las empresas que evaden cargas fiscales no caben en la crítica aunque dicha ilegalidad es la mayor causa del trabajo informal. Tampoco hay una frase presidencial que apunte a quienes vacían establecimientos o fugan divisas. El maniqueísmo es patente: los palos solo los inserta el proletariado.

Si el discurso explícito del macrismo no bastara, se puede observar el conjunto de la política económica. La merma del valor adquisitivo de los salarios y de su peso relativo en la distribución del ingreso son, de nuevo, fines buscados. Portavoces “light” o culposos del oficialismo alegan que el gobierno quiere bajar los salarios sin afectar al empleo. No ahondan cuál de los dos deseos se está cumpliendo (adivinen…) ni se preguntan si son compatibles.

La devaluación, la baja o supresión de las retenciones que eleva precios en el mercado interno, el jubileo en las importaciones que devasta a ramas enteras de la actividad van en combo. Las ventas “puerta a puerta” son mala nueva para los comercios locales, menos frecuentados y con facturación en baja.

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Indices y pulgares para abajo: Todesca y su equipo remarcaron que el INDEC se vale de un nuevo diseño de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) lo que impide comparaciones lineales con los índices de 2015. Tiene razón en ese aspecto: son series estadísticas diferenciables.

La trampa estriba en lo que Todesca calla y reiteramos, a riesgo de ser cargosos: el desempleo y los despidos crecieron desmedidamente desde el 10 de diciembre. El funcionario tuvo la prudencia de no aducir lo contrario, el aparato de comunicación macrista dobló la apuesta y atribuyó la suba al cambio de metodología. Así dicho, es una falacia, un encubrimiento conceptual.

El ex diputado Claudio Lozano publicó, junto a Tomás Raffo, un estudio en el que analiza el informe del INDEC. Opositor al kirchnerismo y al macrismo, Lozano concluye que las diferencias entre los indicadores de desempleo de 2015 y 2016 tienen dos orígenes. En parte son fallas de los anteriores índices del INDEC. Pero “un mínimo de 205.869 (nuevos desocupados) y un máximo de 360.424 le correspondería al efecto de la política económica desplegada por el Gobierno de Macri”.

La devastación del INDEC fue, tal vez, la peor política pública del kirchnerismo. Trajo aparejada, entre otros problemas, la pérdida de credibilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No hay motivos para negarlo porque (primero) afectó la reputación del Estado y, en segundo lugar, facilitó el bartoleo de índices berretas.

El descrédito, vale aclararlo, no se propagó a otros indicadores estatales. En un reportaje publicado en La Nación, el uruguayo Rafael Diez de Medina, Director Global del departamento de estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “consideró que los índices laborales no fueron afectados al nivel al que sí lo fueron los de precios”. Volvamos al núcleo.

La desocupación de dos dígitos, a las que el macrismo va arrimando peligrosamente, es relativamente nueva en la Argentina. Ese límite, concreto y “psicológico”, se traspasó por primera vez en 1993, cuando empezaban a notarse los efectos devastadores de la Convertibilidad de Carlos Menem-Domingo Cavallo. Se sostuvieron, en alza: cuando asumió el presidente Néstor Kirchner trepaba al 18por ciento. Se consiguió a partir de entonces una colosal disminución del desempleo y del trabajo no registrado. En 2006 se anunció que el desempleo era menor a dos dígitos y se dejó sin efecto la “ley anti despidos” o de indemnización agravada que Macri no quiso volver a implantar. Vale la pena recordar que la intervención aciaga del INDEC comenzó recién a fines de 2006: no contamina esas mediciones.

En el lapso del largo cuatrienio de Kirchner la pobreza se redujo del 55 por ciento al 27 por ciento.

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Herramientas y revisiones: Los mejores años del kirchnerismo se prolongaron hasta 2011, aunque padeciendo el freno que impuso la crisis mundial de 2008 y 2009. A partir del 2012 el “modelo” topó con límites en la generación de trabajo, en el casi total amesetamiento del porcentaje de trabajadores no registrados. La clásica “restricción externa” se hizo sentir, en consonancia con la pérdida de dinamismo de la actividad industrial.

Para conservar sus valiosos objetivos, el Frente para la Victoria (FpV) debía renovar sus instrumentos, lo que logró solo en parte. Quien anhelara conservar el modelo basado en altos niveles de empleo y consumo, con la demanda interna como motor de la economía debía remozarse y en cierta medida relanzarse. A menudo los gobernantes se enamoran de sus herramientas, que son medios sujetos a revisión y correcciones.

Macri propone un nuevo proyecto de país, algo lógico en la alternancia democrática, lo que no impide que se lo discuta encarnizadamente. Los intereses que se privilegian son otros, el crecimiento se imagina motorizado por la inversión extranjera, el endeudamiento externo. Y, en un futuro impreciso, el “derrame” de la riqueza, ulterior a su concentración en pocas manos.

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La CGT en escena: Los alineamientos sindicales responden al cambio de escenario. La reunificación de las dos CGT testimonia el nuevo cuadro de situación. El Congreso del lunes 22 ungió a un triunvirato que se define como opositor al gobierno o, si usted prefiere, toma nota de que fue empujado a esa posición.

El secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, elevó la voz sin romper, en un cónclave tranqui y ordenado por demás, filo-escandinavo. El sector financiero es un ganador del nuevo modelo, tampoco le iba mal con el anterior. Palazzo, un radical de origen, pronunció un discurso combativo, compatible con la defensa encendida y exitosa de los trabajadores de su gremio que habían sido echados del Banco Central. No es exótico ni novedoso que haya sindicatos “favorecidos” con dirigentes luchadores: el camionero Hugo Moyano supo serlo desde los ‘90 hasta hace contados años. También lo fueron los gremios que encabezaron el “Cordobazo” en mayo de 1969, para estupor de los dictadores militares de aquella época.

Los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña (mencionados en orden decreciente de peso específico y potencialidad futura) le mostraron los dientes al macrismo. Rehusaron hablar de un paro general y, claro, fecharlo. En la coyuntura, es casi seguro que lo concretarán antes de fin de año. No lo harán en septiembre porque ya empieza y porque no le pinta darle el gusto a Palazzo y las dos CTA, que se lo exigen. Diciembre, el mes del calor y las fiestas, es un momento poco aconsejable. Todo indica que la huelga general llegará entre octubre y noviembre, como correlato inexorable de la agresión a los derechos de los trabajadores.

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La clase segmentada: Entre 2003 y 2015 se produjo un ascenso notable, aunque no uniforme, de la clase trabajadora. La socióloga Gabriela Benza lo aborda en un notable ensayo publicado en el libro “La sociedad argentina hoy”, compilado por Gabriel Kessler. Según Benza “fue notoria la contracción, absoluta y relativa, de los núcleos no calificados y marginales de sectores populares, acompañada de un importante incremento de las posiciones ubicadas en la parte intermedia de la estructura (social)”. Añade que “las remuneraciones de los asalariados calificados de las clases populares fueron las que más crecieron”. El cuadro expresa una elevación colectiva, acompañada con nuevas formas de segmentación y desigualdad en la clase trabajadora.

Los más relegados son ahora los trabajadores de la economía popular, los informales, los desocupados de ayer y flamantes.

Las organizaciones sociales que tratan de representarlos se reunieron con el bloque de Senadores del FpV, encuentro al que asistieron diputados de esa fuerza y de otros partidos de la oposición. Se pactó promover una “Ley de Emergencia Social”, presentada por el bloque de senadores del FpV que, de votar unido, garantiza una aprobación sencilla en la Cámara Alta. En Diputados deberá congregar aliados, repitiendo el esquema de la Ley Anti despidos.

Los senadores del FpV son un conjunto variopinto en el que prevalecen grupos muy transigentes con el oficialismo, por motivos variados: el oportunismo no es el menor. Pero el oportunismo de los justicialistas jamás equivale al suicidio. Hasta los semi opositores advierten cuán piantavotos sería acompañar al oficialismo, sin diferenciarse.

Si se llega a plasmar la iniciativa, el presidente podrá recurrir al veto, su peculiar modo de traducir el consenso parlamentario. Habrá que ver.

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El pulgar hacia abajo: Cualquier gobierno procura resultados difíciles, en parte contradictorios con algunas de sus medidas. El macrista, por caso, genera inflación y recesión (que desea reducir y revertir) con sus políticas públicas. El desempleo, en cambio, es anhelado, funcional a su paradigma market friendly: condición necesaria para la baja de los salarios, requisito sine qua non para la lluvia de inversiones extranjeras.

En ese camino, se llegó en tiempo record a una cantidad de despidos que no se padecía desde los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El índice de desempleo también remonta hasta esa etapa pasado. Kirchner la llamaba “el infierno”, apodo que le calzaba justo.