Frente a la avanzada de los grupos económicos en la incorporación de altos directivos como funcionarios en distintos estratos del gobierno, diputados del bloque FpV-PJ impulsan un proyecto de ley para limitar el acceso de CEOs a la administración pública. Un grupo de legisladores encabezado por el mendocino Guillermo Carmona elevó una propuesta para modificar la ley 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, con el objetivo de regular situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso. La iniciativa estipula que todo funcionario con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario que se haya desempeñado previamente en la dirección o gestión privada o tenga participación accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones deberá esperar al menos tres años para la posesión del cargo. Para funcionarios de menor rango el plazo propuesto es de dos años. La prohibición alcanzará al cónyuge, conviviente y familiares. Además se definen criterios para un funcionario que vuelve a la actividad privada en la misma actividad en la que se desempeñó en la esfera pública. En este caso, también deberán aguardar tres años para ingresar a una empresa.

En esencia, el proyecto de Carmona, que acompañan once diputados del mismo bloque, es volver a establecer las condiciones que existían en la ley 25.188 de Etica previo a las modificaciones que se implementaron en los ‘90 de la mano del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. En esa normativa había criterios claros para el desempeño de todo particular en el ámbito público, sea cual fuere el medio de acceso a dicha función. Sin embargo, a través del decreto 862, en 2001, en pleno gobierno de la Alianza, se modificaron dos artículos que relajaron esas condiciones sobre una ley que ya era bastante flexible. De esta manera, el nuevo marco jurídico redujo el tema del conflicto de interés a la mera incompatibilidad patrimonial o de cargos. Se minimizan los intereses del funcionario por superposición de cargos o participación accionaria, lo cual fue aprovechado por los CEO-funcionarios del macrismo que ocupan áreas clave. “De encontrarse vigente la ley 25.188 en su redacción original, la mitad del gabinete no hubiese podido asumir”, dijo Carmona a Página/12.

La idea que justificó los cambios de Cavallo y la fuerte incorporación de CEOs en el gabinete de Mauricio Macri es una supuesta superioridad de la actividad privada empresarial sobre la tarea estatal. “Lo único que queda en evidencia es que estamos en un gobierno que hace del conflicto de intereses la nueva forma de corrupción”, aseguró el diputado. El proyecto forma parte de un paquete que incluye una iniciativa complementaria para crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción actualmente dirigida por Laura Alonso, quien de acuerdo a los legisladores se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de intereses y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete de Mauricio Macri.

Además de los plazos previstos para el ingreso a la función pública desde la actividad privada y viceversa –cuando se trate de un mismo sector–, se incluye un artículo que establece que todo funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios. Tal incompatibilidad se extiende a cónyuges, convivientes o familiares.

Con los cambios propuestos, la declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos será mucho más estricta y deberá incluir participación en empresas offshore, en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, y en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario. Además deberá presentarse una declaración jurada que deberá contener todas las actividades profesionales o de gestión, dirección, consultoría, asesoramiento o cualquier otro tipo de participación en empresas u organizaciones de la sociedad civil, remuneradas o no, desarrolladas durante los últimos cuatro años anteriores a la asunción del cargo público.

Pese a que el oficialismo buscará evitar su tratamiento, Carmona sostuvo que se transitará todo el camino legal para cumplir con su tratamiento en comisión. El proyecto ya fue presentado en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, donde el bloque FpV-PJ cuenta con la cantidad de diputados necesarios para darle trámite a la iniciativa. El autor del proyecto sostuvo que, si no se debate en comisión, se pedirá tratamiento sobre tablas.

Si bien es poco probable que el gobierno dé marcha atrás respecto a la enorme cantidad de CEOs en puestos clave (ver aparte), será importante definir criterios para cuando vuelvan a la función privada. Esos criterios buscarán establecer condiciones de reinserción de quienes hayan sido funcionarios, de “manera de preservar los intereses públicos frente al posible aprovechamiento por parte de actores del sector privado de la información y relaciones que brinda la función pública”. También permite evitar la compensación de decisiones adoptadas en favor de determinados grupos de interés mediante la garantía de empleos u otros beneficios por parte de los favorecidos por aquellas decisiones.