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No queremos ayuda, queremos justicia
El Fondo Monetario Internacional no puede seguir siendo juez y parte en las decisiones en torno a la deuda externa de nuestros países.
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago
Dijo el titular del Banco Mundial, James Wolfensohn, ante el Grupo
de los Ocho, en Washington el 4 de mayo de 2002: “Hay que poner fin
a la hipocresía, que consiste en decir hagan lo que digo, pero
no lo que hago. Los subsidios perjudican a las naciones más pobres”.
Los países pobres no necesitamos que los países desarrollados
nos ayuden a pagar la deuda externa, necesitamos que dejen de perjudicarnos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados,
basados en el principio de la “seguridad interna”, aplicaron
una política agrícola de “autosuficiencia alimentaria”.
Esta política se basó en subsidiar la producción
agrícola, lo que provocó la caída de los precios
internacionales de los productos que la Argentina y otros países
exportan. El monto de los subsidios de los países desarrollados
alcanza a 1000 millones de dólares diarios y esto perjudica como
mínimo en 2600 millones de dólares por año, solamente
a la Argentina.
Este “neoproteccionismo” de los países centrales se caracteriza
por el uso, cada vez más generalizado, de las barreras no arancelarias.
Desde el momento en que los aranceles no pueden utilizarse, las naciones
han recurrido a una multiplicidad de formas de protección para
sus industrias, la mayoría de las cuales son incompatibles dentro
del esquema de la OMC, ya que violan sus tres principios básicos:
la reciprocidad, la no discriminación (cláusula de la Nación
más favorecida) y la utilización de los aranceles como única
medida de regulación del comercio.
La variedad de estas medidas es casi inimaginable, pero se caracterizan
por ser discriminatorias, en tanto que se dirigen a un país exportador
en particular, generalmente el más competitivo, y carecen de transparencia,
ya que son difíciles de detectar y evaluar. En general, son más
costosas y provocan mayores distorsiones que los típicos aranceles.
Que no paguen carpinteros y plomeros
Importa que los carpinteros y plomeros argentinos no paguen la política
de subsidios de Estados Unidos y la Unión Europea. En la Unión
Europea, un productor recibe prácticamente un dólar por
cada dólar producido; en Japón de cada tres dólares
obtenidos por un productor, dos dólares son a través de
subsidios, para mencionar dos casos. ¿Qué implicancias tiene
esto?
Países tradicionalmente importadores de materias primas se han
convertido en exportadores, con el agravante de que los productores pueden
competir en el mercado internacional con mejores precios. Esta nueva competencia
y los precios subsidiados han provocado una retracción en los precios
internacionales de estos productos.
El país que subsidia se beneficia en un sentido político-estratégico
porque trata de autoabastecerse de materias primas y en el aspecto económico-social,
generando empleo, lo que les permite mantener población ocupada
en el sector agropecuario. Aquí se citó como ejemplo a los
productos primarios, pero los países desarrollados subsidian también
otras actividades.
No queremos ayuda, queremos justicia
El colmo de la hipocresía se da cuando Estados Unidos ataca
a los programas de las Naciones Unidas de asistencia para los países
pobres y propone un nuevo pacto según el cual la ayuda, de ahora
en más, estará condicionada a que esos estados abran sus
mercados.
Tras las proclamaciones de la “Década del Desarrollo de las
Naciones Unidas”, los países ricos se comprometieron a destinar
al Tercer Mundo el uno por ciento de su Producto Bruto anual en ayuda
hacia los países pobres. En la cumbre de 1996 se bajó a
un más “realista” 0,7 por ciento. La realidad de 2002
es lamentable: sólo el 0,2 por ciento de la riqueza del mundo industrializado
va en ayuda del Tercer Mundo y, según han comprobado algunos estudios
independientes, por cada dólar que los ricos mandan a los pobres,
reciben dos por la injusticia en los intercambios comerciales y el dominio
de los mecanismos financieros y de los servicios. En otros términos,
la ayuda de los países ricos a los pobres es de aproximadamente
50.000 millones de dólares anuales, mientras que el perjuicio de
sus políticas es de 100.000 millones de dólares, también
anuales. Ya hemos pagado.
Justicia con la deuda
La “seguridad jurídica” reclamada por los inversores
extranjeros y sus comisionistas, los organismos internacionales, es la
misma que reclamamos para nuestro pueblo. El Fondo Monetario Internacional
no puede seguir siendo juez y parte en las decisiones en torno de la deuda
externa de nuestros países. Es por eso que el análisis a
fin de determinar su legitimidad debe someterse a un Tribunal Internacional
Especial. Se propone asegurar un tratamiento internacional justo para
el estado de insolvencia que la Nación padece y que las negociaciones
llevadas a cabo hasta ahora han sido incapaces de solucionar por estar
basadas en la ecuación del acreedor intervencionista versus el
deudor sumiso.
Se debe establecer la reestructuración de su pago sin comprometer
fondos correspondientes a las prestaciones de servicios esenciales que
el Estado nacional debe inexcusablemente proveer a sus habitantes (salud,
educación, seguridad, justicia, entre otros). Los servicios de
la deuda no pueden superar el cinco por ciento del gasto público
consolidado. Además de exigir una quita sobre el capital de la
deuda con los bancos radicados en el extranjero en función de la
responsabilidad de éstos en los mecanismos probados de autopréstamos.
Por otra parte, hay que reclamar una quita en el capital de la deuda con
el FMI en función de la corresponsabilidad de este último
en la situación actual del país y la concertación
de la deuda en épocas en que el país era usurpado por un
gobierno de facto.
El Tribunal Internacional Especial deberá calcular cuál
es el perjuicio que las políticas económicas aplicadas por
los países ricos ocasionan en cada uno de los países endeudados
y por este valor los países ricos deberían asumir la deuda
correspondiente.
* Profesor titular de Economía Política y Problemática Económica Argentina . Facultad de Periodismo y Comunicación Social . Universidad Nacional de La Plata.