<< volver
Un mal acuerdo llevaría a repetir la historia
Los gobiernos de Latinoamérica no pueden quedarse cruzados de brazos esperando la buena voluntad –escasa, tardía y ocasional– de los poderosos.
El endeudamiento argentino tiene una larga historia y aunque hubo antecedentes,
suele tomarse al empréstito Baring como piedra angular de un proceso
en el que se manifiesta, quizás con mayor claridad que en ningún
otro, la gradual pérdida de soberanía económica del
país. En un breve recuento es posible recordar que en 1824, con
la venia de Bernardino Rivadavia, Buenos Aires contrajo un empréstito
de 1.000.000 de libras esterlinas con la banca Baring Brothers de Inglaterra.
Por estos recursos, la región se comprometió a pagar una
tasa de interés del seis por ciento anual.
Luego de unos años de expansión, motivos que serían
una constante, la historia del endeudamiento argentino llevaron a una
crisis de pago y a que una de las principales financieras de toda Europa
quedara al borde de la quiebra. Los fondos conseguidos estuvieron en gran
medida relacionados con hechos de corrupción, en particular al
sistema bancario y a la rústica emisión de moneda de la
época, que facilitaba la especulación.
La crisis de 1890 también tuvo su epicentro en el endeudamiento
excesivo. Como en la actualidad, las negociaciones con los acreedores
fueron arduas y duraderas. En aquel entonces, el representante de los
“bonistas” era el Barón Rothschild. La fragilidad del
acuerdo, y las altas exigencias planteadas para la Argentina llevaron
a nuevas negociaciones (hasta el denominado “Arreglo Romero”)
y los servicios de la deuda recién volvieron a pagarse en forma
normal a partir de 1897.
Las lecciones
No es necesario remontarse tan atrás en la historia argentina
para encontrar lecciones interesantes. Basta recordar el ingreso al Plan
Brady, en abril de 1992, y una reestructuración de pasivos que
tuvo el visto bueno del Tesoro de Estados Unidos. Aquí el compromiso
implicaba que el Estado argentino pagara los intereses con puntualidad.
Se reestructuraron a la par 30.000 millones de dólares en títulos
que cotizaban a un valor muy por debajo del nominal. Menos de 10 años
después, en 2001, estos mismos títulos reestructurados entraron
nuevamente en cesación de pagos.
Las razones del fracaso de los acuerdos de la deuda siempre fueron similares.
La voracidad de los acreedores y la reticencia a aceptar pérdidas,
la intención del Gobierno de turno de congraciarse con el poder
financiero, y la sobreestimación de la capacidad productiva del
país, ya que todas las refinanciaciones se realizaron en la parte
ascendente del ciclo, luego de la crisis.
Es justamente en la recuperación que los ingresos fiscales dan
margen para mostrar capacidad de repago. Pero en la crisis actual, como
en ninguna otra, los ingresos fiscales mostraron signos inéditos
de recuperación. Paradójicamente, mientras los índices
de pobreza e indigencia baten marcas históricas, el superávit
fiscal en términos del Producto Bruto Interno (PIB) superará
este año las previsiones más optimistas. Es éste
superávit transitorio, sustentado sobre una estructura de precios
y salarios aún en ajuste, el que abre las puertas de la tentación
para pensar que es posible pagar más de lo que en realidad se puede.
Ilegitimidad
De la última crisis de la deuda, la Argentina aprendió
lecciones que le serán difícil de olvidar. Una de ellas
es, claramente, el perjuicio que provocó en el sistema económico
la atadura a un tipo de cambio fijo. Fue en estos períodos –1978-1982
y 1991-2001– en los que la deuda externa creció de forma exponencial
incentivada por un dólar barato. En esos mismos períodos,
en los que pocos especuladores se beneficiaron a costa de todos, también
aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso. Por
éste y otros motivos, buena parte del actual endeudamiento es ilegítimo,tal
como lo demuestra cualquier estudio serio sobre la dependencia financiera
de la Argentina.
En los últimos tiempos, parecería haberse formado un consenso
internacional sobre esta ilegitimidad, consenso que incluye sectores de
los más diversos, desde gobiernos y militantes independientes hasta
entidades religiosas. Este consenso condujo incluso a la condonación
de deudas, hecho que en otro momento histórico hubiera resultado
impensado.
Será difícil encontrar en la historia de Inglaterra ejemplos
relevantes de solidaridad desinteresada hacia países del Tercer
Mundo. Más bien sobran muestras de piratería, dominación
e imperialismo militar. Sin embargo, este país miembro del poderoso
Grupo de los Siete (G7) condonó en septiembre de este año
el 10 por ciento de la deuda de 32 de las naciones más pobres del
planeta, en la proporción que le corresponde a Gran Bretaña
de su participación en el Banco Mundial. Desde ya la medida resulta
escasa considerando la situación de los países pobres, pero
marca un antecedente ya que además, el ministro de Economía
y Finanzas británico, Gordon Brown, instó a los otros miembros
del G7 a hacer lo mismo. Entre los países beneficiados por el anuncio
se contarían Bolivia, Guyana, Nicaragua, Afganistán, Camboya
y Tonga.
Más allá de estas nuevas tendencias, los gobiernos de Latinoamérica
no pueden quedarse cruzados de brazos esperando la buena voluntad –escasa,
tardía y ocasional– de los poderosos. De allí la necesidad
de tomar medidas activas con el objeto de reducir la carga de la deuda.
Como viene proponiendo el Plan Fénix, una presentación en
la Corte Internacional de La Haya, para que se expida sobre la legitimidad
de la deuda externa y de las condiciones originarias de contratación,
sería un avance.
De todas formas, debe quedar en claro que un acuerdo exigente que vuelva
a poner a la Argentina al borde de sus posibilidades de pago no haría
más que retrasar el desarrollo del país, dejando siempre
latente el peligro de comprometer a las generaciones futuras y de que
en pocos años sea necesaria una nueva reestructuración de
la deuda. El actual canje representa una oportunidad para alivianar el
horizonte financiero intertemporal y poder direccionar las fuerzas productivas
hacia un definitivo despegue económico, la creación de empleos
y la resolución de los problemas de pobreza estructural que padecemos.