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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que limita las medidas cautelares que se interpongan contra el Estado. Las cautelares son dictadas por los jueces para frenar decisiones –tanto públicas como privadas– que crean un “daño irreparable”, como los aumentos de tarifas, la suspensión de diversos servicios o arbitrariedades administrativas. A partir de ahora, el Estado podrá alegar ante cada medida cautelar en su contra que se está provocando un daño al interés público y así frenar decisiones judiciales.
“La autoridad administrativa podrá alegar que la suspensión (de una decisión del Estado) provoca un grave daño al interés público y que en tal caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión”, puede leerse en el proyecto de ley. Según indicó a este diario el diputado Juan País –autor del proyecto–, no se pretende limitar las medidas cautelares sino llenar un vacío legal. “Ante cada medida, el Estado tendrá tres días para dar su opinión y, si considera que es perjudicial, el juez tendrá que actuar en consecuencia”, reconoció el legislador a Página/12.
“Ante un aumento de tarifas –como ocurrió a principio de año con las de electricidad– es el Estado el que está más protegido y no los ciudadanos”, argumentó a este diario Marcela Rodríguez (CC).
Los últimos amparos y medidas cautelares que impulsó el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino estuvieron relacionados con decisiones tomadas desde el Ministerio de Planificación. Por eso, diferentes legisladores y asesores consultados por este diario indicaron que la ley votada favorecería a Julio De Vido, titular de Planificación Federal.
“No se podrá dictar una medida cautelar cuando se afecte el interés público. Entonces no se podrá dictar nunca. Esta norma viola el artículo 42 de la Constitución nacional, que defiende los derechos de los consumidores”, insistieron los que cuestionan el proyecto. La normativa fue acompañada por todo el bloque oficialista, la Concertación (radicales K) y el PRO.
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