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Después de la aprobación en el Senado, la reforma financiera estadounidense entró en la cuenta regresiva. No bien se conoció el resultado de la votación, el presidente de la Comisión Financiera de la Cámara de Representantes, el demócrata Barney Frank, prometió que la ley estaría lista para ser promulgada por Barack Obama antes del Día de la Independencia, el 4 de julio. El proyecto aún debe ser conciliado entre las dos Cámaras, que votarán otra vez. Sin embargo, los analistas locales no pronosticaban ayer demasiadas dificultades. Por eso Obama se permitió festejar con el senador Chriss Dodd, uno de los creadores de la reforma, y su colega en la Cámara baja, Frank.
El proyecto aprobado por los senadores crea una oficina de protección de los consumidores financieros en el seno de la Reserva Federal para controlar los abusos en materia de préstamos, cartas bancarias, colocaciones, etc. Además, ordena establecer un número telefónico para que los ciudadanos comunes puedan denunciar abusos por parte de entidades financieras. El otro eje del texto es la generación de reguladores. Si la ley es aprobada, se nombrará un consejo de vigilancia de la estabilidad financiera que reagrupe a los siete reguladores bancarios y financieros, que ya existen pero no pudieron prever la crisis de Wall Street. Por otra parte, la Fed pasará a tener competencia regulatoria sobre todas las instituciones que controlan más de 50.000 millones de dólares de activos.
Estos nuevos órganos no sólo estarán más centralizados y mejor coordinados, sino que además ganarán competencias. El llamado consejo de vigilancia podrá plantear exigencias de fondos propios más estrictas a las grandes instituciones financieras, al mismo tiempo que les reclamará tener listo un plan de desmantelamiento ordenado, para el caso de una nueva crisis. La reforma tiene como objetivo no sólo evitar una nueva crisis como la que derrumbó la burbuja especulativa de Wall Street en 2008, sino también generar herramientas para enfrentar una nueva tormenta, en el caso de que sea imposible evitarla. Por eso, una vez que la ley sea promulgada el Estado estará habilitado a asumir el control de las operaciones de una institución financiera en dificultades, o a obligarla a abandonar las operaciones que la Fed considere demasiado riesgosas.
La reforma también avanza sobre las agencias calificadoras. La Fed evaluará su performance y determinará si su metodología es transparente y correcta. Si considera que incurren en errores repetidos o manipulación de la información, podrán clausurarlas. El oficialismo no dejó afuera el otro tema que tanta indignación causó entre la opinión pública norteamericana: los sueldos y los bonos de las autoridades de las quebradas y cuestionadas aseguradoras y bancos. Con la reforma, las empresas estarán obligadas a que los accionistas aprueben la política de remuneración y crear una comisión independiente de control. Para un mayor nivel de transparencia, los salarios deberán compararse con la evolución de las acciones.
El texto incluye entre sus interminables párrafos y artículos uno que rompe con uno de los ejes del discurso hegemónico que ayudó a instalar en el resto del continente, la autonomía del Banco Central. El presidente de la Fed será designado directamente por el presidente de la Nación. Además, quedará prohibido que ex directivos de instituciones financieras reguladas por la Fed se conviertan en directivos de las ramas regionales de la Fed o voten para designar a esos directivos.
Los demócratas aún deben sortear las pequeñas diferencias que existen entre los dos proyectos, uno el aprobado en la Cámara baja en diciembre pasado y el otro, en el Senado esta semana. Por ejemplo, el Senado propone una Oficina de Protección al Consumidor Financiero, independiente, pero en la órbita de la Fed; mientras que los congresistas establecieron que la Fed controle directamente esa oficina. Las diferencias lingüísticas se vuelven más agudas cuando se trata de la competencia estatal para “persuadir” o “prohibir” la especulación financiera. El debate no sólo estará limitado por el plazo establecido por la Casa Blanca, sino también por el año electoral que enfrentan todos los congresistas y un tercio de los senadores. No obstante, los jefes de las bancadas demócratas en el Capitolio están confiados en que la reforma será ley y que el país quedará blindado ante una nueva crisis.
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