Página/12 :: Economía :: Un cierre a la informalidad

El Gobierno se puso como objetivo reducir el empleo no registrado de 34,6 a menos del 30 por ciento a lo largo de los próximos dos años. Después de un intenso y prolongado debate con cámaras y sindicatos, se lanzó ayer desde Casa Rosada una iniciativa para atacar el núcleo duro de la informalidad. Como anticipó Página/12, el Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado diseñado por el Ministerio de Trabajo contempla el fortalecimieto en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado, la creación de un listado de empresas infractoras, la reducción en las contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas, y la extensión de convenios de corresponsabilidad para facilitar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del ámbito agroalimentario. Para poner en marcha las iniciativas, el Gobierno tiene listos dos proyectos de ley que ingresarán el año próximo al Congreso. Sin embargo, no se contemplan medidas específicas para resolver las irregularidades en la contratación estatal. El ministro de Economía, Axel Kicillof, estimó que las distintas herramientas permitirán la creación de 830 mil puestos de trabajo registrados.

Los sectores de alta informalidad son el empleo doméstico, el heterogéneo universo de cuentapropistas, la industria de indumentaria, el trabajo agrario y el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio. De acuerdo con la OIT, esas actividades concentran el 70 por ciento de la informalidad en Argentina. En total, alrededor de 4,9 millones de personas ocupan puestos de trabajo no registrados y precarios. “Tenemos que suprimir el trabajo no registrado, fueron muchos años de tolerancia. En la última década hubo avances significativos en materia laboral, pero necesitamos mejorar las condiciones”, expresó a Página/12 el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Subsidio al empleo: Durante dos años las micro y pequeñas empresas accederán a una reducción en las contribuciones patronales cuando contraten nuevos trabajadores (o blanqueen asalariados que estaban empleados en negro). Los empresarios ya gozan de beneficios fiscales al momento de incorporar personal, pero ahora serán diferenciados por el tamaño de la firma. En el caso de las micro y pequeñas, el primer año se “subsidiará” el ciento por ciento de las contribuciones y el segundo, el 50 por ciento. Se trata de un universo, explican en Trabajo, donde más “dificultades” existen para formalizar los vínculos laborales. La medida implicará un sacrificio fiscal de 2400 millones de pesos en 2014 y Kicillof estimó que permitirá la creación/regularización de 150 mil empleos.
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales: En empresas formales hay alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales. La creación del registro se presenta como un mecanismo de disuasión y sanción para los infractores. Los datos evidencian que hoy los empresarios no se ven amenazados por los mecanismos de control. Quienes figuren en el listado perderán cualquier subsidio, crédito público y no podrán participar de licitaciones. Para dejar de figurar en el listado, las empresas deberán regularizar su situación y cancelar las multas. La salida no será inmediata sino que regirá un plazo de permanencia.
Más fiscalización y Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral:Se dotará al Estado de mayores competencias y nuevos instrumentos legales para potenciar su capacidad de fiscalización en todo el país. Las provincias inspeccionan poco, no sancionan y carecen de recursos. La recuperación de las capacidades delegadas cuando el Estado abandonó esos controles permitirá mejorar y aumentar la cantidad y calidad de las inspecciones. Para eso se unificarán las tareas inspectivas de Trabajo, AFIP y Anses. La Unidad complementará los controles en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales. En particular apuntará a las subcontrataciones fraudulentas, como sucede en la industria textil, donde grandes empresas formales contratan talleres con elevadísimos niveles de informalidad y precariedad para las primeras etapas del proceso productivo.

Se presentó un plan integral de combate al empleo no registrado

Un cierre a la informalidad

El Gobierno aumentará controles sobre las empresas y dará incentivos fiscales para bajar de manera drástica el trabajo en negro. Aspira a pasar del nivel actual, de 34,6 por ciento, a menos del 30 en dos años, dando lugar a 830 mil puestos registrados.