El plan oficial es establecer la caída de la concesión y retomar el control para el Estado hasta reprivatizar.
El control estatal hará caer la estrategia judicial de Macri.
El decreto apuntaría a evitar cualquier demora mayor.
El Gobierno prepara un decreto que se conocerá esta semana y que dictamina la caída de la concesión del correo al grupo Macri. Inevitablemente el servicio será retomado por el Estado, pero no por mucho tiempo. El plan del Poder Ejecutivo es realizar una “licitación rápida” para que el actual Correo Argentino vuelva a ser operado por un privado.
El nuevo decreto simplemente tomará como base las innumerables causas que, según los pliegos de concesión originales, existen para la revocación. Además de los canones adeudados, que ascienden a los 408 millones de pesos por incumplimientos desde septiembre de 1999, deuda que en su momento se vio beneficiada por la gracia de la pesificación, uno de los argumentos clave será la situación de convocatoria de acreedores en que se encuentra la empresa. En septiembre de 2001, cuando el grupo Macri optó por hacer uso de este mecanismo, una decisión política del gobierno de Eduardo Duhalde evitó que la firma postal se transforme en la primera privatizada nacional en volver al Estado, al menos transitoriamente.
La noticia fue confirmada a este diario por una alta fuente gubernamental. De esta manera se pondría fin a la estrategia del actual concesionario destinada a prorrogar en sede judicial los plazos de renegociación con los acreedores. También quedará atrás la posibilidad de que la decisión siga en manos del Poder Judicial.
La voluntad del Poder Ejecutivo de terminar con la actual concesión del Correo no es nueva. Data de los comienzos de la administración de Néstor Kirchner, pero, según comentan en Casa de Gobierno, no se hizo antes debido a que se consideró preferible no tomar la decisión en el contexto de las recientes elecciones porteñas.
Finalmente, la semana pasada, luego de que el Estado, como principal acreedor, rechazara la extensión del plazo de renegociación propuesta por el concesionario, el juez comercial Eduardo Favier Dubois se expidió en el mismo sentido, negando la prórroga. El paso siguiente parecía ser la inminente quiebra de la empresa. La resolución judicial dio rápidamente lugar a una serie de especulaciones, entre ellas que la firma pasaría a manos de los acreedores, entre quienes se destacaba el Estado.
Pero los hechos no ocurrieron como esperaban en la Rosada. El Correo logró aplazar su agonía. A pesar de que el gobierno había considerado que la decisión de la justicia de primera instancia era inapelable, la firma logró a través de un “recurso de queja” un fallo favorable de la Cámara Comercial que paralizó momentáneamente el proceso de quiebra. De allí que para evitar cualquier demora adicional se opte ahora por resolver la cuestión a través de un decreto.
Aun no queda claro qué pasará con la deuda de la empresa, que supera los 1000 millones de pesos, ya que sus activos propios, al tratarse de una concesión, son escasos. El dato parece haber estado siempre en la cabeza de los concesionarios, además del Grupo Macri (Sideco), que posee el 73,5 por ciento y el Banco Galicia, con 12,5 por ciento. El 14 por ciento restante corresponde a los empleados, en quienes probablemente recaerá el control hasta la reprivatización.
En diversos reportajes Franco Macri había dejado trascender, aunque no de manera directa, su voluntad de abandonar la concesión del Correo. Su propuesta de renegociación de la deuda había sido lo suficientemente agresiva como para que resulte inaceptable para los acreedores, quitas de más de dos tercios y pago del saldo 25 años, obviamente pesificado.
Con una facturación anual de más de 400 millones de pesos en 2002, la firma debía hacer inversiones por 25 millones anuales, de las cuales sólo se conoce una planta en Monte Grande. Además, en lo que va de concesión, el empresario más famoso de la Argentina echó a más de 10.000 empleados e intentó hacer pasar a las indemnizaciones y retiros voluntarios como “inversión”, pretensión que, también la semana pasada, fue rechazada por la Sala II de la Cámara Casación Penal. Por haber aceptado esta pretensión desde la Administración Pública, el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, tiene una denuncia judicial de la Oficina Anticorrupciónpor presunto fraude contra el Estado, denuncia que todavía recorre vericuetos judiciales.
Aunque es posible que la caída de la concesión ponga fin a algunas irregularidades, otras, como quién pagará la deudas, todavía están lejos de ser resueltas. El Correo recibió prestamos del BID y del Banco Mundial que aun no están saldados, adeuda 60 millones de pesos al Banco Nación, sin contar los intereses de los tres años que lleva la mora y, como informó Página/12, más de 500 millones de dólares a la AFIP.
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