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El jefe del Gabinete Personal de la Presidencia de Brasil, Jaques Wagner, advirtió ayer que si la mandataria Dilma Rousseff es destituida en un juicio político, considerado por el Gobierno como un “golpe”, se agravará aún más la crisis política, al instituirse “un gobierno sin legitimidad”.
“El juicio político con fines destituyentes no es ninguna solución; es la profundización de la crisis”, afirmó Wagner en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.
El ministro dijo que la oposición insiste en el juicio político en un intento de llegar al poder sin conquistarlo democráticamente en unas elecciones, pero advirtió que cualquier posible sucesor de Rousseff carecería de apoyo y legitimidad. De acuerdo con Wagner, además de la gravedad de provocar una ruptura institucional y sus consecuencias, la destitución de Rousseff llevaría al poder a dirigentes que también son rechazados por la población.
“Llegaría un nuevo gobierno sin legitimidad ni legalidad. Las calles (en referencia a las masivas manifestaciones de los últimos días contra el gobierno) no están defendiendo al vicepresidente (Michel Temer, primero en la línea de sucesión) sino negando la política”, advirtió. El ministro recordó que los líderes de la oposición fueron abucheados y expulsados cuando intentaron participar en algunas manifestaciones contra el gobierno. “La destitución no sólo agravaría la crisis por instituir a un gobierno sin legitimidad sino porque colocaría un presidente que no fue elegido directamente sino por un grupo de diputados que votó en el juicio político”, dijo. “Saldremos con una democracia más débil. Espero que el Parlamento tenga noción de eso”, afirmó.
Wagner dijo que sería más transparente si la oposición propone una enmienda de ley para anticipar las elecciones tras la destitución.
“La anticipación de las elecciones no está en la pauta del gobierno ni está prevista en la Constitución. Sería más fácil si estuviéramos en un régimen parlamentario y pudiésemos hacerlo. Las protestas muestran que la población no está satisfecha con nadie y que puede ser mejor convocar elecciones”, dijo, al citar a países como Grecia e Israel que resolvieron graves crisis de esa forma. El ministro insistió en que el juicio político destituyente, aunque previsto en la Constitución, configuraría un “golpe” debido a que Rousseff no ha cometido ningún delito que justifique ese proceso.
La Cámara de Diputados inició la semana pasada los trámites para el juicio destituyente a partir de una denuncia de la oposición, según la cual el gobierno habría incurrido en un “crimen de responsabilidad” al supuestamente esconder elevadas deudas con los bancos públicos en sus últimos balances fiscales. Wagner recordó que ni el propio Congreso rechazó los balances fiscales presentados por el gobierno y tampoco se pronunció sobre las supuestas irregularidades en ellos.
“Para sacar a un gobierno elegido democráticamente primero cuestionaron los resultados de las urnas, después pusieron en duda la toma de posesión y ahora lo único que les queda es el juicio político, pero llevan 15 meses buscando un motivo que justifique la destitución”, dijo.
“No hay ningún crimen de responsabilidad que lo justifique y por lo tanto es un intento de golpe. La palabra golpe es fuerte, pero realmente es un golpe porque provocará una ruptura constitucional”, agregó el ministro, para quien los impulsores de esa “inestabilidad” son “sectores políticos descontentos con su derrota en las elecciones, aliados a algunos sectores empresariales y a algunos medios de comunicación”. En su última edición, la prestigiosa revista inglesa The Economist vuelve a poner el foco en la crisis brasileña con tres palabras duras: “Time to go” (hora de irse) y una foto de la presidente de Brasil, Dilma Roouseff.
Wagner aseguró que sería un golpe diferente al de 1964, cuando los militares tomaron el poder, pero no dejaría de ser una ruptura. El ministro admitió que el gobierno de Rousseff sufre actualmente con altos niveles de impopularidad pero alegó que ni la impopularidad puede ser usada como justificativa para destituirla desde que no exista un motivo que tipifique un “crimen de responsabilidad”.
“Y ésa no es la opinión sólo del gobierno. Varios juristas de todos los sectores políticos advirtieron que no hay un crimen de responsabilidad y que se trata de una ruptura que permitirá que un grupo de parlamentarios, por voto indirecto, imponga un nuevo gobierno”, afirmó. Según el ministro, lo más peligroso es que abrirá un procedente para que, en adelante, cualquiera en Brasil intente derrumbar un gobierno que pase por un momento de impopularidad.
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