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El juez federal Sergio Torres ordenó ayer que efectivos de Interpol viajen a España para concretar de inmediato el traslado a la Argentina del capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo, ex miembro de los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada bajo los alias “Sérpico” y “Marcelo”, cuya extradición quedó habilitada por recientes resoluciones de las autoridades españolas. Torres cursó oficios con carácter de “muy urgente” a la Policía Federal y a la Cancillería, ya que según las leyes españolas Cavallo quedaría en libertad el próximo lunes. El magistrado precisó en su resolución que la entrega de Cavallo es “temporal” y queda sujeta a la eventual reapertura de la causa por terrorismo y genocidio que se le sigue en España. Ayer mismo Cancillería gestionó los exhortos ante las autoridades españolas. Los abogados querellantes en la megacausa ESMA celebraron la celeridad de la medida de Torres, que trabaja contrarreloj en la preparación de la indagatoria del marino, que espera concretar en cuanto llegue al país.
El 14 de marzo pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el sobreseimiento y archivo de la causa contra Cavallo en España. El tribunal argumentó que debía dar “absoluta prioridad” al país donde se cometieron los crímenes y mostrar una “necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados” luego de que Torres, que ya procesó y detuvo a más de cuarenta marinos en la Argentina, solicitara la extradición. La resolución de la Sala Tercera, que investigaba a Cavallo por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo como miembro de un grupo de tareas de la ESMA, generó un rechazo unánime entre los organismos de derechos humanos de argentinos residentes en España, que incluso organizaron una manifestación de repudio.
La decisión “es escandalosa e improcedente”, consideró el abogado Carlos Slepoy, que representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de Desaparecidos y Muertos en la Argentina (Cosafan), porque “contradice una decisión previa del Tribunal Supremo español, del propio Consejo de Ministros y va en contra de la ley de enjuiciamiento criminal”.
El abogado lamentó que el sobreseimiento, además de coartar la posibilidad de aplicar una vez más el principio de justicia universal, ocurrió cuando “Cavallo está a punto de ser juzgado en España, mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción”. El marino afrontaba en España una pena mínima de 13.332 años de cárcel y máxima de 17.010 años, por los mismos delitos por los que fue juzgado y condenado a 1085 años de prisión el compañero de tareas Adolfo Scilingo.
Sin embargo, la medida no es definitiva. Slepoy anunció que presentará un recurso de “súplica” para pedir que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revea la decisión de la Sala Tercera y, en caso de no prosperar, puede presentar también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. También Antonio Segura, que ejerció como acusación popular en representación de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M), criticó con dureza al titular de la Sala Tercera, Alfonso Guevara, al considerar que con su decisión “se ríe de las víctimas” y se abocó a estudiar la sentencia que “no es firme” y “puede ser contraria a derecho”, ya que “está negando a las víctimas un proceso con todas las garantías”.
De todos modos, las acciones judiciales no permiten suspender el trámite de entrega del represor a la Argentina. Sólo el gobierno de España podría frenar la extradición, tal como se lo solicitaron el lunes las acusaciones populares, pero se descarta que no lo hará. El 29 de febrero pasado el Consejo de Ministros español concedió la extradición bajo la condición de que el marino “deje extinguidas las responsabilidades contraídas” en ese país, condición que se concretó con el fallo de la Audiencia Nacional.
Según constancias del sumario, tras el sobreseimiento del 13 de marzo las autoridades españolas decidieron comunicar a Torres la necesidad de proceder con “urgencia” para llevar a cabo la entrega de Cavallo “dado el prolongado período de prisión provisional en que se encuentra”, en referencia a sus ocho años de detención, entre México y España.
La “entrega temporal” se basa en las condiciones pactadas en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España. “Atento a la premura que fuera señalada”, ayer a media mañana Torres mandó adelantar su decisión por fax a la Cancillería para que el oficio fuera puesto en conocimiento de las autoridades de España vía diplomática. El juez cursó oficio también al Departamento Interpol de la Policía Federal “para que, con carácter urgente, se conforme una comisión que se traslade a la ciudad de Madrid, Reino de España, haciendo saber a la misma que deberá comunicarse de manera inmediata con este Tribunal una vez que arribe al país”.
El abogado Rodolfo Yanzón, representante de varios querellantes en la causa ESMA, destacó la “celeridad” que el juez le imprimió al trámite aunque lamentó los “vaivenes” que tuvo la situación procesal del marino en España. Yanzón confrontó los “casi siete años que se tomó la Justicia extranjera para decidir que no juzgaría a Cavallo”, con la “urgencia” que las autoridades de España le reclamaron a Torres. “Ahora hay que proceder con la máxima celeridad para evitar que un represor que cometió delitos aberrantes quede en libertad”, concluyó.
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