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Mientras los barbijos hacían furor en la peatonal Florida, donde llegaron a cotizarse a cinco pesos, como si fueran paraguas en un día de chaparrón, el Gobierno denunció penalmente ayer a 160 dueños de las tierras en llamas ubicados en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Como prueba, Florencio Randazzo y Romina Picolotti, ministro del Interior y la secretaria de Ambiente, respectivamente, presentaron imágenes satelitales de los focos de incendios y especificaron el carácter intencional del hecho ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima). Al tope de la lista están la empresa Dalger, del ex presidente del Banco Central Pedro Pou y hermanos –20 mil hectáreas– y con 11 mil, Deltagro, del conocido empresario y contratista del estado Victorio Gualtieri. Anoche, Página/12 pudo saber que el juez Federico Faggionato Márquez ordenó la captura por el delito de “estrago doloso” de otro gran productor, José Antonio Pazzaglia (también denunciado por el Gobierno), propietario de miles de hectáreas en la isla Talavera. Consultado por este diario, el juzgado se negó a confirmar o desmentir la información.
“Llegó a las 6.30 al Ministerio (del Interior). Primero se reunió con la gente de Vialidad antes de anunciar la Emergencia Vial, después habló con la Secretaría de Ambiente y los gobernadores de Entre Ríos y Buenos Aires. Mantuvo a la Presidenta informada todo el tiempo”, resumió uno de los agitados voceros de Randazzo. Los allegados a Picolotti juraban que ni ellos ni su jefa tuvieron tiempo de almorzar. “Sólo un vi unos tostados y un jugo de naranja en su despacho”, dijo el hambriento jefe de prensa, tapado “de trabajo... y de humo”. Al frente de la lista de llamados de Picolotti estuvo el director del Plan de Manejo de Fuego, Sergio Rusak, quien reportaba desde el frente de Zárate-Campana.
“Hay 70.000 hectáreas que se están quemando con 292 focos prendidos y esto implica que la escala del incendio va a ser muy difícil el controlar”, explicó por la mañana la funcionaria, quien también habló con el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete, luego de reunirse con los abogados de su Secretaría. Más tarde, admitió que “no es posible combatir el fuego” sin arriesgar la vida de los bomberos. “Estamos confinando el fuego, lo que no significa confinar el humo, que va a seguir hasta el martes.”
La denuncia fue llevada a las 15 por ambos funcionarios al fiscal Ramiro González de la Ufima, en el primer piso del edificio situado en San Martín 320, y es una ampliación de dos acción similares realizadas por la Gendarmería y la Prefectura en el juzgado federal de Zárate-Campana. “Se ha determinado que el origen de las quemas no ha sido debido a causas naturales, sino que éstas han sido deliberadamente provocadas”, afirma el texto, donde se reclama una investigación por la violación del artículo 189 del Código Penal.
“Será reprimido con prisión de un mes a un año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”, indica el artículo mencionado por Picolotti y Randazzo. La lista presentada incluye a 60 titulares dominiales y/o arrendatarios entrerrianos y 100 bonaerenses para “consideración y deslinde de las responsabilidades que pudieren corresponder” por situarse allí “los distintos focos de quemas registrados”.
Entre las empresas y particulares denunciados por el Gobierno aparecen Capodero SA, Stonehegdem Compañía Americana, José Pazzaglia, Rodolfo Baque, Idasbest Sacif, Gadea, Eduardo Quesada, Elizabeth Zundel, Sara Del Castillo, Josefina Bagur, varios integrantes de la familia Bouquet, Lucía Croll Lucía, Sara Echagüe, Sara Fox, José Malbrán, Sociedad San Juan del Tropezón; Compañía Americana Metalúrgica; Fapsa S.A; Bibiano Fumazoni y Eusebio Bilbao.
Las imágenes satelitales adjuntadas en la denuncia son del 15, 16 y 17 de abril pasados y corresponden “a los macizos, rutas y partidos afectados”. Se trata de 292 focos ígneos “en cercanías de las localidades de Zárate y Baradero, así como también en diversas islas del Delta del sur entrerriano, más precisamente en cercanías del complejo vial entre Victoria y Rosario en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe”. Los focos, según aseguran los funcionarios, resultaron ser un atentado contra la seguridad vial y el medio ambiente.
“Hay una tradición en la Argentina de quema de pastizales que hace la gente para ganar más dinero y que la pastura sea mejor”, explicó Picolotti, al tiempo que pedía paciencia a los conductores por los reiterados cortes en las rutas que conectan a la Capital Federal con el interior del país. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, admitió que en su provincia “hay economías que están afectadas y los cortes de ruta causan serios inconvenientes en este sentido” y suspendió, mediante una resolución, la quema de pastizales en toda la provincia por el término de 60 días. La Secretaría de la Producción local realizó controles aéreos para determinar la infracción a la ley 9.291 y multar o responsabilizar penalmente a quienes cometan este tipo de hechos que pongan en riesgo a las comunidades.
Randazzo, por su parte, culpó a los productores agropecuarios “que en forma irresponsable han utilizado la quema de pastizales para mejorar su rentabilidad”. Sin embargo, y a tono con lo que expresó el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, el funcionario estimó que “de ninguna manera” la crítica por la quema de pastizales constituye una “chicana política” contra el sector agropecuario que se encuentra “en un momento muy particular, ya que está en diálogo con el Gobierno”. Randazzo comentó que el objetivo “es que finalmente haya culpables”.
Para el titular del INTA, Carlos Cheppi, los responsables de la quema son los “productores nuevos”. Según sus cálculos, los focos de incendio eran al menos 570.
Pedro Pou es un gigante de más de dos metros de altura, una dimensión muy diferente a la traducción del francés de su apellido: “piojo”. Así llamó a uno de sus barcos, donde seguramente también haya visto los fantasmas que, decía, lo acompañaban a todos lados, inclusive hasta su despacho de presidente del BCRA, que ocupó cuando Roque Fernández, con quien había fundado el ultraliberal CEMA, reemplazó a Domingo Cavallo en Economía. Seis años después, fue el Cavallo de De la Rúa el encargado de despedirlo. En el medio, tuvo tiempo para acumular denuncias y peleas, entre ellas las que lo enfrentaron a Rubén Beraja, del Banco Mayo, que lo querelló “por antisemitismo”. También encabezó un fenomenal proceso de concentración bancaria. Nacido en Mendoza en el seno de una familia mallorquina que tuvo comodidades pero no lujos para sus tres hijos varones, se trajo un master en Economía de Estados Unidos e hizo migas con el empresario Domingo Catena, dueño del grupo de ese nombre. De hecho, Pou estudió ingeniería agraria, una pasión por el campo que hoy disfruta en sus campos entrerrianos.
Victorio Gualtieri fue llamado “El Yabrán de Eduardo Duhalde”. Los ocho años en los que su amigo ocupó el cargo de gobernador bonaerense lo convirtieron en el licitador más beneficiado, con al menos 53 obras públicas por un costo que superó ampliamente los 200 millones de dólares. Su empresa tenía entonces menos de un lustro de vida: la había fundado con doce mil pesos. En 1998, la DGI detectó “serias irregularidades tributarias” en torno de sus empresas, y el BCRA difundió en 2000 que las deudas que Gualtieri mantenía con 19 entidades financieras superaban los 266 millones de dólares, de los cuales 120 eran adeudados al Bapro. La última aparición pública de Gualtieri ocurrió en enero de este año, cuando fue despedido de la concesión del servicio de agua en la Costa Atlántica acusada por deficiencias y sobreprecios. Luego de la quiebra de su constructora, Gualtieri se volcó al negocio inmobiliario. Llegó a ser detenido en junio de 2003 cuando quería salir del país, acusado en una causa por presunto contrabando de explosivos.
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