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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentará este mediodía su Informe Anual en el que destaca el “protagonismo que han ganado los temas de derechos humanos en la agenda de los distintos poderes del Estado”. El texto advierte que persisten asignaturas pendientes en ámbitos sensibles como la Justicia por los crímenes de la dictadura, violencia familiar, distribución del ingreso, situación carcelaria y libertad de expresión.
El Informe se presentará en sociedad en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, Piedras 547. En esta nueva edición, el organismo de derechos humanos releva varios aspectos del funcionamiento del Estado y destaca graves problemas. Entre ellos, denuncia las dificultades de articulación y gestión estatal que impiden avances en los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y evalúa de manera “especialmente crítica” el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que ha estado “más enfocada a la administración de la relación con los organismos de derechos humanos que a la ejecución de una política eficiente para remover los serios obstáculos del proceso de justicia”.
Por otro lado, el CELS considera que el Gobierno no sólo “no encaró políticas de transformación sino que mantuvo una actitud pasiva frente a muchas de las lógicas de las instituciones de seguridad e inteligencia federales que dieron y dan sustento a cotidianas violaciones a los derechos humanos”. Los efectos de continuidad de estas prácticas, precisa, “pueden observarse en los casos de violencia policial que relata el Informe y en la falta de esclarecimiento de la desaparición del testigo Julio López, las amenazas a otros testigos, abogados y funcionarios judiciales que participan en los juicios, y la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres.
En el mismo sentido, se refiere a la situación carcelaria donde encuentra problemas de “hacinamiento” y “sobrepoblación y la existencia de torturas y malos tratos que reciben cotidianamente las personas alojadas en las cárceles”.
Sobre el Poder Judicial se detiene en la situación del Consejo de la Magistratura. El análisis del CELS muestra que pese a la polémica que desató el proyecto de reforma hacia fines de 2005 en la práctica aún no se registraron grandes cambios en el rol de este organismo que “siguió trabajando de espaldas a la sociedad, prefirió no enfrentarse con la Corte Suprema y no buscó un papel predominante en los temas de reformas a la organización judicial”.
El informe aborda también aspectos de la distribución del ingreso, la caída del porcentaje de los salarios en los índices de expansión del PBI y las violaciones a los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información.
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