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Luciano Benjamín Menéndez, alias Cachorro, 80 años, ex comandante del Cuerpo III de Ejército, jefe del área militar 311 y uno de los asesinos más célebres del norte argentino durante la última dictadura junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, será juzgado a partir de mañana por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Compartirá el banquillo de los acusados con siete miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Se trata del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba y el segundo del interior del país. Sobre la base del antecedente Febres, y para evitar sorpresas de último momento, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó el viernes trasladar a todos los acusados al Cuerpo III.
Cinco imputados serán juzgados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios: Menéndez, el sargento ayudante Luis Alberto Manzanelli, los sargentos primeros Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y el personal civil de inteligencia (PCI) Ricardo Alberto Ramón Lardone, que se hacía llamar Rodolfo Anselmo Raúl Lacaba. Los cuatro prestaban servicio en la sección tercera del Destacamento 141. El coronel (R) Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento; el capitán (R) Jorge Exequiel Acosta, jefe de operaciones, y el suboficial principal Carlos Alberto Vega serán juzgados sólo por los primeros dos delitos, ya que habrían demostrado que al momento de los homicidios estaban de licencia. El general de brigada (R) Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel (R) César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres forman parte de la historia.
El 19 de diciembre de 1977 el diario Córdoba, con el título “Subversivos abatidos”, citó un comunicado del Cuerpo III según el cual en la madrugada del 15 de diciembre las “fuerzas legales” habían matado en un enfrentamiento a Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo. “Los subversivos viajaban en un Torino sin chapa patente que abrió fuego contra los integrantes de la patrulla de las fuerzas de seguridad en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino”, óptima esquina para obtener justicia terrenal. El falso tiroteo “epilogó con el abatimiento de los sediciosos”, concluyó.
Brandalisis había sido secuestrado en la mañana del 6 de noviembre de 1977. Esa noche, al volver con sus dos hijas, su compañera Hilda Palacios se encontró en su casa a la patota del Destacamento. Ante el terror de las criaturas, la arrastraron al interior de la casa, la interrogaron y se la llevaron encapuchada rumbo a La Perla. Carlos Lajas fue secuestrado el mismo día, mientras cuidaba a un sobrino de seis meses. Dos días después, en la pensión que habitaba, fue capturado Raúl Cardozo.
En La Perla dejaron de tener nombre y apellido y pasaron a ser un número más de “La Cuadra”, el lugar donde eran abandonados los secuestrados mientras no recibían torturas físicas. Allí pasaron más de un mes, vendados, tirados en un colchón de paja y sometidos a todo tipo de tormentos. Los sacaron la noche del 14 de diciembre para matarlos en un “operativo ventilador”, como los genocidas cordobeses llamaban al método de fusilar y arrojar los cuerpos en la vía pública para simular un tiroteo. De ese modo los soldados de Menéndez intentaban demostrar su eficacia en la “lucha sin cuartel contra la subversión” y al mismo tiempo propalar el terror al resto de la sociedad.
Los restos de los cuatro militantes del PRT fueron trasladados al Hospital Militar y de allí a la morgue judicial, donde permanecieron ocho meses, hasta su sepultura clandestina el 3 de agosto de 1978 en el cementerio de San Vicente. El 11 de noviembre de 2004, luego de 27 años desaparecida, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Hilda Palacios y los restituyó a su familia. Fue la quinta de los catorce detenidos-desaparecidos que el EAAF identificó en Córdoba a partir de las excavaciones efectuadas en 1984. Brandalisis, Laja y Cardozo permanecen desaparecidos.
En octubre de 2002, la fiscal Graciela López de Filoñuk comenzó a investigar el caso. Un año después la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenó las primeras detenciones y en junio de 2004 dictó los procesamientos con prisión preventiva, que la Cámara Federal confirmó en agosto de 2005. Los planteos dilatorios de las defensas de los represores ante la Cámara de Casación Penal permitieron estirar los plazos durante dos años. En noviembre pasado la jueza corrió vista a las partes para que formulen su acusación y en marzo la elevó a juicio oral y público.
La responsabilidad histórica de conducir las audiencias del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Córdoba estará a cargo de Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma durante la última dictadura, recusado por HIJOS regional Córdoba y denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto. El TOF rechazó la recusación por “improcedente”, pero la agrupación podrá apelarla ante la Cámara de Casación cuando concluya el juicio. Como abogados querellantes en representación de las hijas de Hilda Palacios intervendrán los doctores Claudio Orosz y Martín Fresneda, de HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En nombre de los hermanos de Carlos Laja lo hará al abogado Mauro Ompré. La acusación estatal correrá por cuenta de Maximilano Hairabedián, fiscal del TOF-1, secundado por su par del TOF-2 Jorge Fabián Asís y por López de Filoñuk, quien desde 2002 impulsó la causa.
En la esquina de Sagrada Familia y Ejército Argentino (hoy Colón), el viernes se pintaron baldosas con los nombres de los cuatro ejecutados. Ayer se inauguró en la sede del Archivo y la Comisión Provincial por la Memoria una gigantesca huella digital en la que gradualmente se inscribirán los nombres de todas las víctimas del terrorismo de Estado de Córdoba entre 1969 y 1983. Mañana, a las 9.30, con la lectura de la elevación a juicio, comenzará la primera audiencia en el salón de usos múltiples de los Tribunales Federales, con capacidad para 160 personas. Los acusados tienen obligación de estar presentes, igual que el día de los alegatos y el de la sentencia. Por “razones de seguridad”, el viernes el Tribunal ordenó trasladar al Cuerpo III a los imputados que gozan de arresto domiciliario (Menéndez, Rodríguez y Vega) y a los que Casación excarceló en noviembre (Padován y Lardone). Por problemas de salud, Vega y Lardone fueron internados en el Hospital Militar de Córdoba.
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