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El corte de ruta les trajo un costo impensado a productores agropecuarios, dirigentes del sector y políticos que los apoyan. Por un lado, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, les imputó a ocho productores el delito de estrago por un incendio doloso ocurrido en los pastizales a la vera de la ruta 9, en el partido bonaerense de San Pedro, al que sumó el delito de cortar esa arteria. Tras estar detenidos por varias horas y ser indagados por el juez, quedaron en libertad. Quien intervino primero en la causa fue el fiscal de San Nicolás, Juan Murray que, tras ser llamado por la Prefectura Naval, convalidó el arresto de los productores que se resistieron a la autoridad cuando estaban cortando el tránsito. Murray es el mismo fiscal que acusó ayer a la dirigente radical Margarita Stolbizer, Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales, y la fundadora de Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, entre otros, por un corte de ruta en San Pedro, realizado el pasado 19 de marzo (ver aparte). Buzzi llamó a “repudiar la judicialización de la protesta”.
El juez Villafuerte Ruzo tomó declaración indagatoria, ayer a la noche, a los ocho productores acusados por los delitos de incendio doloso –con penas que van de 3 a 10 años– e interrupción de una ruta nacional. Entre los detenidos se encontraba el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores, y su hijo, los ruralistas Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini. Los productores escucharon los cargos en su contra, se negaron a declarar y pidieron la excarcelación. El fiscal Murray aceptó el pedido de los acusados quienes, luego de la firma del juez, quedaron en libertad. En repudio a las detenciones, los productores de San Pedro realizaron un corte sobre la ruta 9. Lo mismo ocurrió en Gualeguaychú y Paraná.
Tal como lo indicó Villafuerte Ruzo a PáginaI12, la detención se produjo cuando “los productores trataron de zafarse de la presencia de la Prefectura Naval pegando algunas cachetadas”. Al ser arrestados, la Prefectura se comunicó con el fiscal Juan Murray, quien ordenó una aprehensión de 6 horas. Una vez que los productores fueron detenidos, según indicó el juez, comenzó la quema intencional de pastizales. Al comprobar el incendio, el fiscal pasó la causa al magistrado de San Nicolás. Villafuerte está investigando también a los funcionarios involucrados en los accidentes de ruta producidos a causa del humo, generado por la quema masiva de pastizales ocurrida en abril, durante la primera tregua unilateral del campo.
La versión de los productores que estaban sobre la ruta 9 en San Pedro resultó ser un poco más light. “La gente estaba en la ruta, iba caminando entre los camiones, y no estaba cortando el tránsito, cuando la Prefectura detuvo a ocho productores del montón. Supuestamente hubo un principio de incendio en la autopista pero nadie sabe quién lo hizo”, señaló a este diario Norberto Mitelsky, dirigente de la Federación Agraria. La detención también fue repudiada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a la que pertenece la entidad de Victores que responsabilizó “al gobierno nacional por este acto de intimidación y provocación al sector, impidiendo ejercer el derecho constitucional de protestar”.
Esta intervención judicial, sumada al llamado a indagatoria formulado por Murray para Stolbizer, Buzzi y Llambías, entre otros, llegó luego de que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, asegurara que “el Gobierno actuará para liberar las rutas, hoy cortadas por el paro agropecuario, sólo ante una eventual orden judicial. Gendarmería seguirá actuando con las reglas de juego claras”, enfatizó el funcionario, quien agregó que “los desalojos de las rutas tienen que ver con decisiones judiciales, y no decisiones puntuales del Gobierno”.
Por su parte, Buzzi fustigó la medida judicial que pesa en su contra. “Esto es inaceptable. Están judicializando la protesta. Convocamos a los productores a reclamar con una sentada en las rutas de todo el país”, señaló el dirigente agropecuario. Diferentes representantes del agro también responsabilizaron al Gobierno nacional por “la embestida judicial”.
“La interpretacion de estos hechos es muy compleja, es difícil separarlo del conflicto con el Gobierno. El fiscal debería tener prudencia, no se puede jugar con fuego”, argumentó a PáginaI12 el secretario de CRA, Javier Jayo, quien agregó que esta medida de fuerza -la de los cortes de ruta- terminará el próximo lunes, cuando cambiarán la modalidad de protesta. Las entidades ya convocaron a un cese general de actividades para el mismo lunes.
La oposición se solidarizó en bloque. “Esto demuestra hasta qué punto Kirchner maneja la Justicia a su libre albedrío. Es una declaración de guerra”, arremetió la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. El titular de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que “el Gobierno arrancó con la persecución a los productores y dirigentes políticos opositores”. “Ella tiene toda mi solidaridad y es un disparate hacerle esto hoy en democracia a una dirigente que tiene la coherencia de Stolbizer”, aseguró a PáginaI12 el titular del PS nacional, Rubén Giustiniani. “Si la siguiente medida del Gobierno es que va a meter presos a los que no piensen como él, que me digan cuál es mi cárcel, así me voy solo y se ahorran plata de la policía”, dramatizó el jefe del bloque de PRO, Federico Pinedo. Por su parte, el empresario Francisco De Narváez sostuvo que “resulta extraño y llamativo ver a la Justicia actuar en estos casos, cuando es grande la inacción frente a cortes como los de Gualeguaychú y otros avalados por el Gobierno, como los que practican diariamente agrupaciones kirchneristas y piqueteros afines”. De viaje, Ricardo López Murphy manifestó su “preocupación por el carácter desigual del tratamiento. D’Elía puede fajar gente en las calles y Margarita no puede expresarse. Si hay alguien moderada, prudente, formada, es ella”.
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