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Los organismos de derechos humanos advirtieron que seis de los catorce ex gendarmes y militares retirados como inspectores de la Agencia de Control que dirige Federico Young tuvieron cargos jerárquicos durante la última dictadura. Pidieron que se los separe del cargo y que la Justicia los investigue. Página/12 reveló que Young compartió seminarios con la activista pro represores Cecilia Pando y que contrató a ex militares y ex agentes de la SIDE menemista. Luego Young incorporó a catorce uniformados de edad avanzada sobre los que el ex juez tuvo que responder en la presentación de su Presupuesto 2009. Se justificó con el argumento de que ninguno está procesado. Desde la Agencia de Control, ayer aseguraron a este diario que mantendrán en el cargo a todos los sospechados mientras no sean procesados.
“¿Un grupo de tareas en el gobierno de la ciudad?”, se preguntan en el título del comunicado, que firman Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Hijos por la Igualdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). Allí señalan que Young “ha contratado como inspectores de la Dirección de Habilitaciones y Permisos a muchos de sus amigos de la dictadura”.
Young contrató a su tesorero y a su protesorero en el Partido Demócrata, ambos coroneles retirados del Ejército. Se trata de Carlos Pietrobelli y Federico Guillermo Toranzo. El último también fue agente de la SIDE durante el menemismo, gracias a que lo contrató su hermano, Rodrigo Toranzo, un hombre muy cercano al entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Federico Toranzo es miembro del Opus Dei y fundador de la agencia de seguridad Acecho S.A. Tanto él como Pietrobelli fueron el nexo de Young con Pando y posibilitaron el desembarco de otros catorce militares retirados y gendarmes como inspectores y administrativos.
De estos catorce –cuyos nombres fueron publicados en exclusiva por Página/12– los organismos de derechos humanos consiguieron identificar a seis como posibles represores de la última dictadura:
El general de Brigada Enrique Santiago Servatico. En los documentos de la Agencia de Control, figura contratado como administrativo de mesa de entradas. Quien debería atender al público fue, según los organismos de derechos humanos, “jefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI de Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un centro de detención clandestino”.
El teniente coronel Lucio Strazza. Está contratado como administrativo en el área de Inspecciones Previas. Este diario informó que en los años noventa fue delegado de la SIDE en Colombia. Según el comunicado, “en diciembre de 1976, revistó en el Batallón de Arsenales 181”.
El oficial de inteligencia Luis Rogelio Sánchez. También está destinado a atender al público en la mesa de entradas de la Agencia de Control. Los organismos de derechos humanos advirtieron que “integró el tenebroso Batallón 601 del Ejército, símbolo de la represión que funcionaba bajo las órdenes del genocida (Guillermo) Suárez Mason”.
El coronel retirado Rubén Arturo Ortega. En la Agencia está como empleado del Departamento de Certificaciones. En el comunicado denuncian que “fue el jefe de Operación del Regimiento de Infantería de Monte 22 de San Juan”.
El capitán Juan Jorge Ferreyra. Está contratado como inspector del Departamento de Transferencias que dirige Young. Los organismos de derechos humanos afirman que “revistó desde enero de 1976 hasta septiembre de 1979 en el grupo de Artillería 7 (GA 7)”.
El teniente coronel Enrique Jordana Testoni. Se presentó como “ingeniero mecánico militar” y tiene un cargo administrativo. En el comunicado, recuerdan que “fue director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu” en Rosario durante la dictadura. Allí también funcionó un centro de detención clandestino. Jordana fue arrestado en 2004 por el juez (Omar) Digerónimo y cumplió prisión domiciliaria durante varios meses. El mismo juez paradójicamente le dictó falta de mérito, por considerar que ningún detenido lo ubicó dentro del predio, sin tener en consideración que los detenidos allí estaban con sus ojos vendados y esposados.
Los organismos de derechos humanos reclamaron que se los separe de sus cargos y además le pidieron la renuncia a Young, a quien señalaron como “ex juez de la dictadura militar y concurrente asiduo a las charlas que organiza Pando”. También exigieron “que no puedan ocupar cargos públicos y que se los investigue y se los juzgue como responsables del terrorismo de Estado”. Como contraparte del proyecto que presentó a nivel nacional la diputada kirchnerista Victoria Donda, los organismos solicitaron “la sanción de una ley específica que les impida acceder a cargos públicos en todos los niveles del Estado”.
En el entorno del funcionario PRO indicaron que no renunciará ni él ni nadie. “El criterio de Young es separar a quienes estén procesados. Jordana Testoni tiene falta de mérito”, explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control. “Los organismos de derechos humanos denuncian, pero no hay nada comprobado. Así que no los vamos a separar”, señalaron. En la sesión en la Legislatura, Young atinó a decir que “el único requisito es la falta de antecedentes policiales y lo cumplen todos los contratados”. De los otros antecedentes, no dijo nada.
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