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La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina le reclamó ayer a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su propia acordada y disponga las medidas necesarias para que el Tribunal Oral Federal 5 no vuelva a impedir el trabajo de fotógrafos y camarógrafos el próximo martes, cuando comience el juicio al ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército, general Jorge Olivera Róvere. La agrupación H.I.J.O.S., en tanto, convoca para ese día a las nueve a los fotógrafos a un “camarazo” en Comodoro Py. Mientras el CELS reiteró su repudio ante las restricciones a la prensa y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos anticipó que presentará un pedido similar al de Argra, el presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozansky, consideró que “limitar una garantía constitucional como la publicidad de la actividad judicial es limitar la capacidad de comprensión de lo que ocurrió en nuestro país”.
El TOF 5 es el único tribunal que instruye juicios por crímenes de lesa humanidad y prohíbe el trabajo de los reporteros gráficos. Ante el rechazo a los reclamos formulados por querellantes, agrupaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, en octubre, la Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. Encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles”. Cinco días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el TOF impidió ingresar a los reporteros, criterio que, como informó Página/12, prevé repetir el martes.
Argra presentó su reclamo ayer ante el titular de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte, José Luis Mandalunis. Repudió las “maniobras obstruccionistas” del tribunal y consideró que “tergiversó hasta la inanidad la posibilidad de filmar la lectura de la sentencia” de Mansión Seré. H.I.J.O.S. convocó al “camarazo” por considerar que el tribunal “niega a la sociedad el derecho a estar informada”. “Queremos conocer las caras de los asesinos, torturadores y apropiadores de bebés. La difusión pública de los juicios fortalece a la democracia. Todos somos parte de los juicios porque todos somos víctimas de sus crímenes. Queremos conocer sus caras porque algunos vuelven después a sus casas, impunes o con arresto domiciliario, para poder repudiarlos, dejar de saludarlos, no venderles el pan, y seguir denunciando cuando burlan a la Justicia y violan el arresto domiciliario”, explicó la agrupación en un comunicado.
El director del CELS, Gastón Chillier, consideró que si se restringe el acceso a la prensa “no se crea conciencia en la sociedad para que hechos aberrantes no vuelvan a suceder”. Liliana Mazzea, abogada de la AEDD, que también actuará como querellante, anticipó que pedirá a la Corte el cumplimiento de la acordada en el caso de que se vuelva a prohibir el ingreso de los reporteros, criterio que el tribunal ya confirmó.
El juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich, recordó que la publicidad es una garantía constitucional: “Sólo se comprende lo que se conoce. Si la sociedad tiene una restricción para acceder a conocer la verdad, habrá problemas para construir la memoria social. La memoria es fundamental para tener un conocimiento de nuestro pasado y presente como sociedad y para construir un futuro mejor”.
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