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Los sobrevivientes de La Cacha recuerdan a Julio Barroso como jefe de ese centro clandestino del circuito Camps. Cientos de platenses escracharon el viernes su casa de Calle 5 Nº 1682, en La Plata. La causa por la que debería estar condenado se reabrió en 2003 y el fiscal Sergio Franco pidió su detención en enero de 2005. Cuatro años después, el juez Manuel Humberto Blanco no lo citó a declarar. Según su legajo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que la Comisión Provincial por la Memoria le entregará hoy al magistrado, Barroso era agente del Servicio Penitenciario y “en 1976 estuvo vinculado con el Batallón de Inteligencia 601”. Su caso simboliza la impunidad sobre los crímenes de la dictadura que aún reina en la capital bonaerense, donde la Justicia sólo alcanzó a Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich.
Para enfrentar la impunidad, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes de la Comisión, le entregarán hoy al juez Blanco documentación sobre 130 víctimas que pasaron por La Cacha para pedirle que descongele la causa. Luego, a las 11.30, ofrecerán una conferencia de prensa en la Cámara Federal platense, para referirse a las demoras de la Justicia, las excarcelaciones, la parálisis de la causa López y la preocupación por las políticas de seguridad en la provincia que gobierna Daniel Scioli, a partir del análisis de temas centrales de la agenda de derechos humanos como el acceso a la justicia y el endurecimiento del sistema penal.
La Cacha funcionó entre fines de 1976 y octubre de 1978 en inmediaciones del complejo penitenciario de Lisandro Olmos y a metros de la Unidad 8 de mujeres, usada como maternidad clandestina. Según el informe, con el staff del SPB convivía personal de Ejército, Armada, Policía Bonaerense y agentes de la SIDE. Interrogatorios y torturas se complementaban con actividades de planificación, logística e inteligencia. Decenas de secuestrados sacados de allí fueron asesinados en enfrentamientos fraguados. “Por su composición multioperacional y del mismo modo que el GADA en Mar del Plata o el Batallón 601, puede pensarse que operó como lugar de reunión de inteligencias zonales”, apuntan desde la Comisión.
El legajo 14.239 de la ex Dipba, titulado “Solicitud de capturas elementos terroristas de distintas BBDDTT” (“bandas de delincuentes terroristas”), incluye a desaparecidos vistos en La Cacha y pone de manifiesto la amplia estructura burocrática del terrorismo de Estado. A pedido del Batallón 601, el segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Andrés Aníbal Ferrero, solicita una serie de capturas. El requerimiento, con datos y fotos de personas que terminarían secuestradas, se distribuye en todas las reparticiones de las policías subordinadas: Federal, Bonaerense y pampeana. La cantidad de sellos es elocuente sobre la cantidad de receptores a quienes se encomendaban secuestros.
En enero de 2005, el fiscal Franco le entregó al juez Blanco un listado de penitenciarios que “habrían constituido el staff permanente de La Cacha”. Lo encabezaba Barroso, que según su legajo en la ex Dipba era secretario del jefe del Servicio Penitenciario, que recibió instrucción del Batallón 601 y estaba “vinculado estrechamente con los grupos de contrainteligencia del Ejército, actuando en éstos como elemento no orgánico”. También figuran Isaac Miranda, Héctor Acuña, Daniel Riquelme, Francisco Macia, Gustavo Schwarzach, Víctor Garay, Guillermo Luis Del Intent, Roberto Cabrera, Fermín Garci, Rodolfo Oscar Galeano, Domingo Mac Tier, Guillermo Mc Lughlin, Celso Fernández, Jorge Cristóbal Portel, Osvaldo Uset, Víctor Ríos, Armando Oscar Roldán, Carlos Francisco Fernández, Adolfo Carnero (sic) y José Lauman. Cuatro año después, el único detenido es el “Oso” Acuña y no por el centenar de delitos que se le imputan en el centro clandestino, sino por un caso de tormentos en la Unidad 9. La Cacha no tiene un solo indagado. Ante los reclamos de los querellantes, Blanco ha invocado falta de recursos. Ante sus colegas suele ser más sincero.
“44 condenados frente a 47 prófugos, 547 procesados y sólo cinco juicios confirmados para 2009 denotan la ausencia de una estrategia global para implementar los juicios”, afirma Hugo Cañón. “La lentitud de los procesos, sumada al accionar dilatorio y en muchos casos a la afinidad ideológica de magistrados con represores, tiene ya una consecuencia grave: excarcelaciones”, lamenta el fiscal federal de Bahía Blanca. “Es curioso: el beneficio que se les niega a presos comunes se les otorga a responsables de los crímenes más atroces, con el riesgo de frustrar el proceso”, alerta.
La investigación de la desaparición de Julio López preocupa a la Comisión tanto como el presente de la provincia. “Vemos una opinión pública permeable a los discursos que desde la plataforma de la inseguridad pregonan el miedo, el encierro y la estigmatización de los sectores más vulnerables”, advierte Pérez Esquivel. “En la provincia de Buenos Aires, en particular –señala el Premio Nobel de la Paz–, hemos advertido que endurecer aún más el sistema penal, lejos de garantizar igualdad en el acceso a la Justicia, tiende a profundizar la exclusión y a criminalizar la pobreza.”
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