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Dos periodistas correntinos difundieron el testimonio de un ex conscripto que presenció durante la dictadura una sesión de torturas a cargo de militares y civiles del Destacamento de Inteligencia 123. El jefe de esa dependencia del Ejército notó que varios de los nombrados –que a priori no participaban del interrogatorio– seguían en actividad bajo su mando treinta años después, e invocando la Ley de Inteligencia Nacional denunció a los periodistas por difundir nombres de agentes. Lejos de desestimar la denuncia, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, cuyos procesamientos a varios represores que mencionó el soldado fueron anulados por sus desprolijidades por la Cámara Federal de Corrientes, citó a prestar declaración indagatoria a los periodistas. “Es un apriete a quienes se animan a informar, más grave aún cuando varios acusados de presenciar las torturas siguen libres y aún no fueron citados por delitos de lesa humanidad cometidos hace décadas”, destacó Tomás Chalup, abogado de los periodistas.
El Destacamento 123 nutrió de personal a los centros clandestinos La Polaca y Local 13, donde se torturaba a personas secuestradas en el puente que divide Paso de los Libres y Uruguayana. En julio del año pasado un ex conscripto declaró que a mediados de 1983 le ordenaron llevar un sobre al Escuadrón 7 de Gendarmería, donde funcionaba Local 13. Como golpeó y nadie atendió, se asomó por la ventana. Vio a un hombre sentado que gritaba “¡No sé nada!”, mientras el civil Víctor Irineo Aldave le arrancaba las uñas con una tenaza y sus compañeros gritaban “¡Cantá que te vamos a hacer mierda!”. Identificó a “empleados civiles y militares, pudiendo citar a Carlos Faraldo, un tal Ledesma, un suboficial Ojeda, Alberto Gonzalo, Don Clementino y otros, que a raíz de la reacción espontánea de salir de la ventana no alcanzó a reconocer”. Ante la pregunta del juez federal libreño Juan Angel Oliva, el testigo dio todos los nombres del personal del destacamento que recordaba.
El testimonio y el detalle de nombres se publicó en medios gráficos, como Conexión Internacional, y fue difundido por Ignacio Villanueva, del canal de cable Tele 10, y Sergio López, de FM Activa. Cuando el entonces teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento 123 hasta diciembre, escuchó que varios PCI mencionados aún prestaban servicio a sus órdenes, se presentó en el juzgado y pidió que se investigara a los periodistas por violar la Ley de Inteligencia, que prohíbe difundir nombres de agentes secretos. Una alta fuente del Ministerio de Defensa informó ayer que Mosteirín tenía el deber de denunciar el posible delito y que fue autorizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército.
Según pudo reconstruir Página/12 de dos fuentes con acceso al expediente, el fiscal ad hoc Edgar Giménez se limitó a pedir que el militar amplíe su denuncia, pero no reclamó ninguna medida de prueba. Habría sido el juez federal ad hoc Juan Carlos Silberstein, hoy secretario del juzgado, quien de motu proprio resolvió allanar la FM y citar a indagatoria a Villanueva y a López (no a quienes publicaron idéntico relato). Especialista en derecho tributario, Silberstein encuadró los hechos en el artículo 222 del Código Penal, que prevé uno a seis años de prisión para quien revele secretos concernientes a la defensa de la Nación, entre otros.
“Es un mensaje intimidatorio, la declaración no es secreta. Nos están diciendo ‘no hablen o los vamos a imputar’”, explicó Villanueva, quien ya en 2005 difundió en TV un informe sobre La Polaca, y que se negó a declarar. López no se presentó y tiene nueva cita para el 20 de mayo. “Hoy (el martes) vinieron de Gendarmería, sin orden judicial, a pedirme datos para hacerme un estudio socioambiental. No dejé que me tomaran ni las huellas digitales, esto ya es demasiado persecutorio”, agregó Villanueva.
Consultado por Página/12, el fiscal federal Benito Pont informó que “reasumí hace unos días, analicé la causa y ya estoy pidiendo el archivo, no hay ningún elemento que permita traer a estas personas a proceso”.
–¿Y qué elemento encontró el juez ad hoc? ¿Cómo chequear que servicios de la dictadura siguen en actividad?
–Ah (silencio).
En septiembre Oliva procesó por segunda vez a nueve ex miembros del Destacamento 123. El 1º de febrero renunció, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo por irregularidades en las causas de lesa humanidad. El mes pasado, invocando irregularidades en la instrucción, la Cámara Federal correntina anuló por segunda vez los procesamientos. Excepto los civiles Rubén David Ledesma y Carlos Faraldo, procesados en otra causa y presos VIP en la Guardia de Artillería 3, todos los represores locales recuperaron la libertad. La causa por delitos de lesa humanidad y la que investiga a los periodistas están desde hace dos semanas en manos de la jueza federal subrogante Mabel Borda.
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