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Para las expectativas y las ansiedades del Gobierno, el Consejo del Salario funcionó como un relojito. El aumento del salario mínimo vital y móvil a 1500 pesos se pactó en una jornada, zanjando distancias grandes entre las partes. El susodicho consejo es el prospecto de otro, el del diálogo económico y social, una discusión empantanada habría proyectado efectos nocivos para la nueva institución, que está en incubadora. Los estamentos patronales y sindicales dieron cuenta de entender que se estaba sentando un precedente y cooperaron para un cierre eficaz y veloz.
Si se hila más fino, algo novedoso ocurrió: los empresarios lograron unanimidad interna, inédita en ese ámbito, e instaron a la CGT a cerrar trato. Hugo Moyano, que bregaba por llegar a 1520 pesos, terminó aceptando. Testigos del tenso tira y afloja (sindicalistas, empresarios y funcionarios) coinciden en que el emblocamiento patronal tuvo su vanguardia y su eje, que fueron las entidades agropecuarias. Los popes de la banca y de la industria rondaron en su torno y fueron a su zaga.
Esa gran paritaria reflejó lo que ocurre en la arena nacional: la “burguesía nacional” tiene un puntal, que conduce al resto. Los industriales reclamaron ese lugar durante décadas (la disputa signó parte de nuestra historia). El de-sarrollismo, que nutre el imaginario de casi todos los dirigentes de los partidos mayoritarios, expresó ese afán. En alguna época (el Pleistoceno pre Expoagro), aunque usted no lo crea, el diario Clarín reflejaba ese pensamiento y su “industrialismo” era aborrecido por el campo.
Las cúpulas industriales resignaron ese cetro muchos años atrás. En los noventa fueron detrás del sector financiero, ahora se subordinan a los ruralistas. Repiten en eco sus reivindicaciones, les atribuyen poder de veto (por ausencia) en el consejo del diálogo económico y social.
Ha de haber más de una causa para ese fenómeno, novedoso y quizá determinante en tiempos venideros. A título de hipótesis enumeremos algunas. La más objetiva es el poder del sector agropecuario, agigantado desde el conflicto de las retenciones móviles. Las corporaciones, extrañadas del poder de decisión gubernamental por el kirchnerismo, van por su revancha después de las elecciones y tienen su campeón, subido al caballo y esgrimiendo la lanza. “El campo” es rico, sus exportaciones son claves en la formación de los recursos fiscales, tiene poder de movilización, fue (hasta las elecciones) cabeza de la oposición... la lógica corporativa induce a reconocerle primacía.
También puede pintar el atavismo histórico de la “burguesía” industrial, siempre fascinada por las clases tradicionales. Ese sector jamás terminó de ser “una clase en sí”, subyugada por los fastos y los ritos de los dueños de la tierra. Arturo Jauretche (tan malversado por muchos glosadores actuales) señaló con agudeza la falta de espíritu guarango o desafiante de esos criadores de riqueza. El signo de los tiempos agrega un dato material a una tendencia proverbial. Casi todos los empresarios poderosos, cualquiera sea el “palo” de que provengan, son, hoy y aquí, dueños de “campos”. Para darse lustre, como en tiempos idos, o para llevársela con pala o para los dos fines. Empezando por José Ignacio de Mendiguren y siguiendo por quien usted imagine, chatarrero, banquero o directivo de multimedios.
La expresión “burguesía nacional” casi siempre mereció escribirse con comillas. No suelen ser ni burgueses ni nacionales. En promedio, les encanta succionar la teta del Estado, al que denuestan. Carecen de un proyecto integrador, son evasores y ausentistas, la pulsión para fugar divisas es parte sustancial de su idiosincrasia. “El campo” encarna como nadie esas características.
La “burguesía nacional” reconoce, pues, un liderazgo en su confrontación con un Gobierno que generó condiciones para que se enriquecieran pero al que ahora ven como un enemigo.
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“Conferencia de prensa.” Avezados en conferencias de prensa, los jefes de la Mesa de Enlace produjeron una innovación: un mix entre ese género y una exaltada asamblea. No se privaron de nada, amén de cuestionar al Gobierno: descalificaron a la oposición, se definieron como los ganadores de la compleja elección del 28 de junio, vivaron a Martínez de Hoz. Hubo exaltación, pero no distorsión: expresaron sinceramente su ideario, próceres incluidos.
La agresividad y el tono destituyente llegaron a niveles record. Hasta algunos dirigentes políticos, que fueron coroneles “del campo” desde el año pasado, tomaron distancia. Felipe Solá, que viene de su semillero, los criticó frontalmente y dejó constancia de que “las elecciones las ganamos los políticos, los que exponemos el cuero”. Varios radicales refunfuñaron lo suyo. Ni una figura del sector empresario, que según los documentos de AEA es muy sensible a las cuestiones institucionales, dijo “esta boca es mía”. Un silencio estridente. Eduardo Buzzi, más taimado, deslizó una autocrítica. La coartada es haberse dejado llevar por el clima. No hay tal, las supuestas bases soliviantadas y su dirigencia son todos uno. Los protagonistas y el coro cumplen una partitura destinada a tensar la previa de las mesas de negociación. Hay división de roles, no dialéctica tribunera.
La desmesura corporativa preocupa a sus aliados políticos, que manejan más variables que la voracidad de un sector. Esas diferencias son las que pueden propiciar una respuesta democrática sistémica que encauce la protesta, sin desconocerla. Una charada que el Gobierno no supo descifrar solo el año pasado ni podrá ahora, si no busca compañía.
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“La historia vuelve a repetirse.” “Volver a repetirse” puede ser una redundancia, pero no lo es cuando las cosas suceden por tercera, cuarta o enésima vez. Los anuncios unilaterales de la Presidenta horas antes del encuentro entre ministros y la Mesa de Enlace en la Casa Rosada, la liturgia de ese cónclave y las declaraciones ulteriores tuvieron bastante de déjà vu. La fatuidad de las ofertas no consentidas y las dos versiones en conferencias sucesivas reforzaron la percepción. También aportaron lo suyo las presencias y ausencias de la comitiva oficial, con rostros nuevos ma non troppo. Otro jefe de Gabinete apellidado Fernández, otro ministro de Economía buen mozo y algo cool, otro secretario de Agricultura condenado a la clandestinidad.
Pero la historia jamás se repite en calco, así fuera porque la experiencia anterior influye sobre la segunda parte. Perviven los gestos, la desconfianza, las torpezas (prepoteo de las corporaciones, poca muñeca oficial para acercar posiciones, distender el clima y comunicar su postura). Pero el escenario es otro, en parte por la debilidad del Gobierno, en parte porque ahora juegan otros actores políticos. No sólo a la zaga del “campo” como en 2008 sino también como corresponsables de la gobernabilidad. En 2008 se llegó al Congreso in extremis, en un marco de extrema polarización, producto en buena medida del desmanejo táctico del oficialismo. El cuadro parlamentario es ahora más sofisticado. Partidos con expectativas serias de llegar a la Casa Rosada en 2011, la UCR muy visiblemente, tienen potenciales objetivos comunes con el Gobierno. El Congreso será (con un desembarco menos traumático y forzado) la arena adecuada, si los partidos mayoritarios se ponen las pilas. Aunque la reunión del viernes pareció negarlo, hay un conjunto de medidas que pueden acordarse: la baja sustantiva (o hasta la supresión) de las retenciones al maíz y al trigo, entre ellas.
Los gobernadores de cualquier camiseta partidaria y los radicales saben que sería suicida desfondar al Estado vía una merma sustancial de las retenciones a la soja. Un punto de reducción equivale, proyecta el economista Miguel Bein, a algo más de mil millones de dólares. Pedro Morini, un diputado radical que se embanderó con el campo pero que no incurre en irresponsabilidad, propone reducir la alícuota respectiva al 33 por ciento, aduciendo que, más allá de ese porcentual, un impuesto es confiscatorio según jurisprudencia de la Corte Suprema. En ese detalle, está mal informado. La Corte jamás tabuló una cifra fija, uniforme. Un fallo reciente, Candy, lo establece con todas las letras. Más allá de ese punto, la reducción que propone Morini (contra los diez puntos que reclama la cúpula agropecuaria) habla del recelo de un conjunto relevante de parlamentarios opositores ante lo que podría ser un vaciamiento fiscal.
Una pregunta abierta es si Olivos y la Rosada advierten que su futuro pasa por aceptar parte de las reivindicaciones del campo y compartir la solución con los sectores más racionales de la oposición. La verba oficial da la impresión de no haber asumido ese nuevo escenario, sus conductas son más auspiciosas, aunque también ambiguas. La Presidenta tomó el guante y redujo las facultades delegadas, alias superpoderes. Pero, como en otros momentos en los que su estrella brillaba más alta, desmereció la discusión pública sobre el punto, al que tildó de “fábula”. Y se arrogó todo el mérito del viraje, de cualquier modo valioso. Habría sido más funcional y generoso compartirlo con los legisladores del Frente para la Victoria, que tienen por delante tareas enormes, para las que le vendría bien un aventón anímico y simbólico. Así y todo, Cristina Fernández de Kirchner sigue “haciendo cosas que nunca hizo”: entreabriendo puertas, promoviendo el diálogo, tomando banderas de la oposición. Su retórica, por una vez, es más estática que sus movidas, sin mayor rédito.
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Crisis, sin comillas. La “burguesía nacional” acumula desempeños y cuadros deplorables (esta columna no le ahorra cuestionamientos) pero es imposible ponerla entre paréntesis. El mandato republicano es complejo, una parte de la población elige a las autoridades, que luego representan a todos los ciudadanos. Un gobierno popular puede ejercitar la opción preferencial por los más humildes pero debe hacerse cargo del conjunto. Llevado a lo inmediato: sería letal para la Argentina una réplica del infausto escenario de 2008, que concentró toda la energía en un sector, debilitó al Gobierno y cercenó la posibilidad de abordajes complejos de la realidad. La sustentabilidad política y económica tiene como requisito previo un desenlace airoso de ese entredicho, no catastrófico para la democracia ni para la caja fiscal. Es posible, aunque muy difícil, si hay cooperación y sentido común de la dirigencia política. La posibilidad de alternancia y el horror a recaer en el pasado reciente fungen de incentivos positivos.
Esta nota y su autor son abundosos en comillas. Son un rebusque para subrayar que muchas expresiones de uso cotidiano son imprecisas: “El campo”, “la burguesía nacional”, “el modelo kirchnerista”, por ejemplo. En los debates cotidianos, supone el cronista, se cuenta mal, en una doble acepción. Se hacen cálculos erróneos y se pinta torpemente a la realidad o a sus protagonistas.
Las sustracciones son, asimismo, tremendas. La crisis económica mundial, que llega con delay pero se hace sentir acá, es bastante escamoteada. El oficialismo la negó en campaña y ahora propende a darla por superada. La oposición (sectorial, mediática o política) minimiza la crisis considerándola un capítulo inevitable de (o un castigo bíblico por) las tropelías del kirchnerismo. Los sucedidos de los últimos meses muestran a variados actores manejándose como si rigieran las coordenadas, digamos, de 2006, cuando todos presuponían que “plata hay” y demandaban en consecuencia. Las provincias piden más, “el campo” pide más, los contribuyentes piden exenciones. Ninguna cuenta cierra y la irresponsabilidad cunde.
Este año, la economía no crecerá, según los pronósticos más optimistas. Otros, los más, dan por hecha la recesión. La subversión de los índices oficiales empioja un diagnóstico riguroso. El desempleo crecerá. Una mirada impresionista ratifica los pronósticos. Los comedores comunitarios son requeridos por muchas más personas, la curva respectiva bajó entre 2004 y 2006, ahora revira en subida. En esta semana, tres movilizaciones importantes metieron bulla en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Los metalúrgicos presionaron para llegar a un acuerdo en la negociación colectiva, rompiendo vidrios de un establecimiento público. Conducta repudiable siempre, para colmo mal dirigida porque quien contradice sus reclamos no es el Estado sino la patronal. De cualquier modo, es ésa una movilización de nuevo cuño, propia de la etapa kirchnerista. Pero también ocuparon la calle marchas grandes de movimientos sociales (la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie). En ambos casos, miles de integrantes de su base social, familias enteras con las marcas de la pobreza extrema. Era la concurrencia habitual a principios de siglo, cedió lugar a los trabajadores sindicalizados, ahora se hace ostensible, de nuevo.
Enfrentar un horizonte oscuro exige ir saldando problemas, pasar de pantalla. El voto popular dio un sosegate al Gobierno, con un efecto colateral que fue diluir el poder político, para beneplácito de las corporaciones y de la derecha real. Hugo Biolcati alumbra una parte de la verdad cuando dice que “ellos” ganaron las elecciones, de momento es así.
Está de moda decir que la futura configuración parlamentaria y la pérdida de poder del Gobierno son pura ganancia y fomentan un ejercicio sencillo y eficiente del poder político. El cronista cree que no es así, que hay muchos riesgos de anemia pública y de suma cero. Y desconoce ejemplos empíricos locales que hagan creíble esa lectura. Pero es lo que hay.
En ese cuadro peliagudo, con los elementos a mano, mandatarios, legisladores y dirigentes políticos tienen que encontrarle la vuelta a la crisis y poner coto a la impericia y los desbordes de las corporaciones. Esa brega signará los próximos años y las chances de ampliar los márgenes de la democracia y achicar los de la desigualdad social.
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