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El ministro de Economía, Amado Boudou, diseñó junto con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el Plan de Asignación Familiar, para los hijos de trabajadores en negro y desocupados. En entrevista exclusiva con Página/12, el funcionario aseguró que “en diciembre ya cobrarán el beneficio cinco millones de jóvenes menores de dieciocho años” y que “la expectativa es llegar a seis millones en poco tiempo”. Boudou defendió la decisión de financiar el plan con recursos del Fondo de Garantía de la Anses: “La seguridad social es la que está a cargo de las asignaciones familiares de los trabajadores en blanco. Además, estos fondos resultarán en un mayor consumo interno, que generará empleo y así mayores aportes que volverán a la Anses”. El ministro estimó que el plan aportará un uno por ciento al PBI del 2010. Por otra parte, señaló que no es momento para crear nuevos impuestos, “cuando aún estamos saliendo de la crisis económica internacional”. Boudou confirmó que los padres o familiares a cargo no tendrán que pedir el beneficio, sino que será la Anses la que los llame. “Esta es una de las condiciones que nos aseguran que no habrá clientelismo”, indicó.
–¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre la cantidad e identidad de los potenciales beneficiarios del plan de asignación familiar?
–Estamos trabajando en eso, pero tenemos un dato aproximado de seis millones de beneficiarios, de los que tres millones y medio ya reciben algún otro plan. Es decir que están identificados. Estimamos que el primer mes lo van a cobrar cinco millones de chicos, o sea que vamos a tener identificado a más del 80 por ciento antes del inicio.
–¿El beneficiario tendrá que presentarse ante la Anses a pedir la asignación por hijos?
–No, la Anses la semana que viene va a poner en funcionamiento una página web, que es solamente para que cada uno pueda chequear su situación personal. Pero vamos a avanzar con todos los gobernadores y los intendentes para capturar la mayor cantidad de datos. Una vez que los tengamos, va a ser la Anses la que los llame.
–Hay más de un millón de chicos menores de 18 años que no tienen DNI. ¿Qué va a pasar con ellos?
–Hay 12 millones de menores de 18 años; en ese universo hay indocumentados, extranjeros hijos de extranjeros y otras particularidades. Vamos a armar un mapa de todo eso. Con respecto a los indocumentados trabajaremos en conjunto con los registros civiles para darles prioridad a estos trámites. Obviamente, primero deben sacar su documento y luego cobrar.
–¿Cuáles son los peligros de clientelismo?
–Cero. No hay peligro de clientelismo. Pasó con el plan de inclusión jubilatoria, en el que sumamos más de dos millones de nuevos beneficiarios. No tuvimos problemas en una población que era más compleja. Acá tenemos un padrón de Desarrollo Social y ahora vamos a empezar a capturar padrones de los ministerios de Educación de las provincias y los registros civiles. A partir de ahí cruzamos todos los padrones y armamos uno definitivo.
–¿Por qué se va a retener el 20 por ciento y no se paga todo junto?
–Ese 20 por ciento lo cobrarán una vez por año, presentando la documentación que demuestre que los menores de cinco años están vacunados y todos están yendo al colegio. La pobreza no tiene que ver sólo con una cuestión de ingresos: también es salud y educación. Se podría haber optado por cancelarles el beneficio a los que no cumplan esos requerimientos. Pero creemos que es mejor que generen ese ahorro y que juegue como un motivador para cumplir con la obligación de ocuparse de que los chicos estén vacunados y vayan a la escuela.
–¿Por qué los hijos de los monotributistas no van a cobrarlo?
–Los monotributistas sociales, los que trabajan en cooperativas, lo van a percibir. Los que no lo van a cobrar son los autónomos que ganen más de 4800 pesos, como tampoco lo cobran los hijos de trabajadores en blanco que ganen más de esa cifra.
–¿Cuáles son las otras excepciones?
–Los hijos de los que ganan más del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 1440 pesos y en enero sube a 1500. Estas son medidas protectivas del sistema, fruto de experiencias anteriores. Cuando se llevó adelante el plan para incluir a más de dos millones de personas sin aportes al sistema previsional se detectaron abusos, porque el programa estaba destinado a quienes no tenían el beneficio y lo necesitaban. Entonces esto que se está haciendo ahora con los empleados informales que ganen más del salario mínimo son medidas protectivas para que no haya abuso sobre el sistema, que seguramente es perfectible, habrá que irlo trabajando en el futuro. Pero hay que entender que el beneficio es para los que menos tienen. Supongamos que hay un profesional que gana mucho más, pero no lo declara: no sería justo que lo reciba. Es un plan que apunta a la justicia social.
–¿El personal doméstico tampoco lo va a cobrar?
–Esas trabajadoras hasta hace unos años trabajaban la mayoría en negro. Por eso se creó un régimen especial para ellas que abarata el costo de tenerlas en blanco. Esta legislación no prevé asignación familiar. Si las empleadas que están en negro lo cobraran esto desincentivaría el blanqueo de personal.
–¿No es injusto socialmente imponer un límite en la cantidad de hijos que pueden recibirlo?
–Los 180 pesos multiplicados por cinco da una cifra similar a la jubilación mínima. Una familia recibiría 900 pesos, que para el que no tiene nada es un monto importante. Las limitaciones tienen que ver con una cuestión de equidad y de mantenernos en una cifra total del programa que lo haga sustentable. Estamos hablando de un gasto total de alrededor de 10 mil millones de pesos, una cifra importantísima que se decide gastar en seguridad social, en un momento de crisis internacional.
–En realidad, el gasto va a ser significativamente menor que el anunciado, porque se dejan de gastar casi cinco mil millones de pesos en otros planes.
–Cuando hablamos de 10 mil millones de pesos nos referimos a las erogaciones. En términos netos el gasto va a ser menor, pero igual es una suba del gasto importante que tendrá un enorme impacto sobre la indigencia. Además, es una forma inteligente de avanzar en nuestro camino hacia la inclusión social, porque pensamos que el plan también apuntalará el crecimiento y así recaudaremos más.
–¿El Gobierno hizo un cálculo de cuánto repercutirá el plan en el nivel de indigencia?
–Vamos a trabajar para lograr un gran nivel de eficiencia en la gestión de la Anses para identificar a todos los potenciales beneficiarios. Estoy convencido de que vamos a lograrlo. Así, el nivel de indigencia debería ser mínimo, residual. Y también va a tener efecto sobre la pobreza. De todas maneras, como dijo la Presidenta, esto es una ayuda para los que todavía no pudimos integrar al sistema, pero no es nuestra principal estrategia para reducir la pobreza. Para eso seguiremos trabajando fuertemente en aumentar la producción, el consumo interno y así elevar y mejorar el nivel de empleo.
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