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Los trabajadores de subte cumplieron un nuevo paro en reclamo de que el Ministerio de Trabajo reconozca al sindicato que crearon para separarse de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde las once de la mañana no hubo servicios en las seis líneas y el Premetro. Aunque la empresa intentó hacer funcionar un diagrama de emergencia y grupos de la UTA que llegaron en micros a la estación de Constitución intentaron romper la huelga, la medida de fuerza se mantuvo con un alto acatamiento. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consideró que el paro fue “casi una extorsión”. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron que el sábado, domingo y lunes realizarán asambleas para definir nuevas protestas, seguramente para la semana próxima.
En varias cabeceras, como la de Constitución, un cordón policial mantuvo separados a los trabajadores en paro de los hombres del sindicato cegetista. Durante todo el día hubo cruces de insultos y amenazas.
La disputa entre el sindicato de la CGT y los delegados tiene una historia de más de ocho años. Del ’96 al 2000 hubo en los subtes un proceso de reorganización gremial. Se eligió un cuerpo de delegados que inicialmente estuvo dominado por la UTA, pero en sucesivas elecciones fue aumentando la proporción de los delegados rebeldes. Los disidentes, en su mayoría militantes que venían de la izquierda y el peronismo, tomaron la asamblea como forma de organización. En el 2000 ya fueron mayoría dentro del cuerpo de delegados y se hicieron fuertes al conseguir instalar dentro la empresa la estabilidad laboral –hace diez años que en el subte no hay despidos–, luego la reducción de la jornada de trabajo de 8 a 6 horas –con lo que se crearon 1500 nuevos puestos de trabajo– y, finalmente, la incorporación a Metrovías de los empleados tercerizados.
En este camino, los dirigentes de la UTA y el cuerpo de delegados de Metrovías mantuvieron una conflictiva convivencia. La cúpula de UTA, por ejemplo, deslegitimaba todas las medidas de fuerza convocadas por los delegados, y los delegados a su vez llevaban a las asambleas los acuerdos que la UTA realizaba con Metrovías, sometiéndolos así a una revisión.
Finalmente, el año pasado la UTA abrió un proceso interno para expulsar a los delegados del sindicato, acusándolos de inconducta. En respuesta, ellos decidieron crear el gremio propio (la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro) y escindirse.
El nuevo sindicato lleva un año de existencia y tiene mil seiscientos afiliados, pero no ha conseguido todavía que el Ministerio de Trabajo le otorgue la inscripción.
La legislación argentina establece que para crear un sindicato es necesario acreditar que tiene afiliados en su ámbito y que sus estatutos se adecuan a la ley. El Ministerio de Trabajo tiene un plazo de 90 días para chequear estos requisitos, y luego debe otorgar la inscripción o rechazarla. Ese plazo ha sido cumplido sin una resolución y es el motivo del conflicto.
El Gobierno salió a criticar con dureza el paro. “Nosotros nos hemos reunido con la UTA, Metrovías y los trabajadores que hoy protestan. En esas reuniones expresaron sus preocupaciones y les pedimos que esperaran diez días para que podamos resolver la situación. No aceptaron la posibilidad de discutir”, sostuvo Tomada en una conferencia de prensa.
Tomada argumentó que el ministerio espera que le llegue el expediente de la Cámara de Apelaciones, lo que sucedería en diez días, para poder dar una respuesta. Sin embargo, los delegados aseguraron que lo que tardará diez días en llegar es la notificación de la Cámara de Apelaciones, que dictaminó que el ministerio está en mora. (La Justicia ya ha dicho tres veces que Trabajo debe expedirse.) “Al expediente con el pedido de inscripción, Tomada lo tiene en su despacho hace un año”, señalaron.
Otras voces que desde el Gobierno cuestionaron la medida de fuerza fueron las del ministro del Interior, Florencio Randazzo (“perjudica a millones de trabajadores”, se quejó) y la del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien pidió que se levantara.
En un comunicado, Metrovías –que como la UTA resiste la creación del sindicato– calificó al paro como “político” y sostenido por una minoría de “ex delegados”. “Más del 60 por ciento de los empleados continuaron en sus puestos de trabajo a pesar de esta medida”, aseguró la empresa y se quejó de que los últimos cinco años “hubo en promedio un conflicto gremial cada ocho días”.
La concesionaria volvió a reclamar al Gobierno que declare ilegal el paro y presentó una cautelar para que se declare a los servicios de subte como “esenciales”.
Como en anteriores conflictos, también difundió un listado con los sueldos promedio, en el que recordó que “un boletero gana 4200 pesos, un guarda 4800 y un conductor 6300”. A estos sueldos, apuntó la empresa, hay que sumar una “gratificación adicional de 2600 pesos”.
En las reuniones que Trabajo mantuvo a principios de la semana, los representantes de la UTA y de Metrovías volvieron a oponerse a que se dé reconocimiento al nuevo sindicato. En rigor, crear un gremio es un derecho constitucional; ni la empresa ni la UTA tienen atribuciones para oponerse, pero usan su influencia para frenar el trámite.
El modo en que seguirá el plan de lucha será definido entre mañana y el lunes, en asambleas en las seis líneas. En cuanto al Ministerio de Trabajo, contestaría al pedido de inscripción en cuestión de un mes. En el caso de que lo deniegue, el tema deberá ir al ámbito de la Justicia laboral. Aunque no hay dudas de que el nuevo gremio será finalmente reconocido, la cuestión es cuándo. Una resolución por vía judicial volvería a posponer la inscripción por tiempo indeterminado.
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