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“Algo habrán hecho mis hijos”, afirmó con orgullo María Esther Tello, madre de los desaparecidos Rafael y Pablo Tello. “Defendían los derechos de los trabajadores”, dijo mirando a los ojos a los imputados. “Los protegían ante el trato inhumano de empresarios de multinacionales que entregaban listas de delegados”, contó la primera testigo del juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, que continuará hoy a las nueve. A primera hora e igual que el jueves, cuando Guglielminetti, Simón & Cía. decidieron mantener el pacto de silencio, el capitán Enrique Del Pino, el ex subcomisario Samuel Miara y otros dos represores se negaron a declarar.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) introdujo ayer otra grata nueva para quienes exigen justicia. Luego de detallar los derechos a cada imputado, la jueza Ana María D’Alessio les informó con dulzura que “es voluntad del tribunal que estén presentes en las audiencias”. “Sólo si hay un motivo personal que se los impida”, les ofreció “presenciar las declaraciones desde una sala contigua”. El criterio rige en el interior y en San Martín, pero difiere del que hasta ahora aplicó el TOF5, donde represores excarcelados como Jorge Olivera Róvere o los jefes de Mansión Seré apenas pisaron la sala en audiencias iniciales (es obligatorio escuchar la acusación) y en las “últimas palabras” previas a la sentencia.
–Se levantaron a las cuatro de la mañana –arguyó la defensora Verónica Blanco para que siete de sus defendidos dejaran la sala.
–No son razones médicas ni de peso –disintió el fiscal Alejandro Alagia.
–Estaban presentes cuando torturaban y ahora no quieren escuchar hablar de torturas. ¡Cobardes! –resumió Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, antes de que el tribunal concediera el permiso para retirarse a Raúl Guglielminetti, Julio Simón, Eduardo Kalinec, Ricardo Taddei, Raúl González, Juan Carlos Falcón y el gendarme Guillermo Cardozo.
El 31 de mayo de 1978, cuando secuestraron a sus dos hijos, María Esther Tello estaba en Francia. Dos años antes habían secuestrado en Córdoba a su hijo Marcelo. “Hubo que aprender a esperar”, explicó, y contó que mientras las Madres comenzaban a marchar en Plaza de Mayo ella comenzó a pedir respuestas en la embajada argentina en Francia y solidaridad ante organismos humanitarios como Cristianos contra la Tortura.
“¿Quiénes eran sus hijos?”, preguntó el fiscal, en referencia a los dos que fueron vistos en Banco y Olimpo. La Madre de Plaza de Mayo contó que Pablo y Rafael tenían 29 y 25 años, estudiaron en el Colegio Nacional de La Plata, tuvieron mujer e hijos, estudiaron arquitectura y filosofía respectivamente, y mamaron desde la cuna la importancia de luchar. “Mi esposo y yo hacíamos trabajo social en chacras, con trabajadores del campo. Desde niños vieron cómo se organizaban comisiones de obreros rurales”, contó. Ya en dictadura trabajaron en astilleros como el Río de la Plata, donde “fueron perseguidos por reclamar sus derechos”, recordó.
–¿Integraron alguna expresión política democrática? –preguntó con cara de poker Valeria Corbacho, abogada de tres policías.
–Sí, en dictadura militaron en Resistencia Libertaria –respondió Tello.
–¿Sabe si el Estado dictó normas de reparación civil? –indagó la defensora oficial Verónica Blanco, introduciendo un tema que apasiona a los apologistas del terrorismo de Estado y poco aporta a las defensas.
–Es de público conocimiento, como también se hizo con los judíos luego del nazismo –le explicó la mujer.
Por la mañana, los cuatro imputados con abogados particulares se negaron a declarar. El subcomisario Miara, con estudios incompletos de abogacía, dijo no recordar su dirección en Ciudadela “porque hace mucho que no voy” y admitió que fue condenado “por sustracción de estado civil”, sin mencionar a los mellizos Reggiardo Tolosa. Su único testimonio en instrucción no fue para defenderse sino para decir que era “enfermo cardíaco” y pedir su traslado a la Policía Montada. Roberto Rosa, alias “Clavel”, miró con ojos desorbitados hacia la bandeja superior en busca de seres queridos, pero la encontró vacía. El último en brindar sus datos fue el subcomisario Eufemio Uballes, alias “El Führer”, quien también dijo haber olvidado qué casa ocupaba en el barrio General Belgrano de Salta. Los tres policías son defendidos por la abogada Corbacho.
El capitán Enrique Del Pino, detenido en mayo de 2007 tras un año y medio prófugo, declaró entonces que durante “la guerra antisubversiva” sólo cumplió órdenes y pidió ser juzgado por un tribunal castrense. “Miguelito” es el único militar y también el único imputado detenido en Campo de Mayo, donde ningún juez realizó aún una inspección ocular para verificar las condiciones de detención. Su defensor particular es el abogado Gustavo Daniel Franco.
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