Imprimir|Regresar a la nota
”Las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas y los responsables de esos delitos cumplir con el castigo que les corresponde. En nuestro país no debe haber más lugar para la impunidad.” La afirmación pertenece al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y consta en el primer párrafo de su respuesta al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que le reclamó un pronunciamiento tras haber designado en su gabinete a Abel Posse, cuando trascendió la visión que el fugaz ministro de Educación tenía sobre los procesos a responsables de delitos de lesa humanidad como “un ejercicio de venganza disfrazada de justicia”. El posicionamiento de Macri “ratifica el firme compromiso de todos los sectores y referentes políticos con el proceso de justicia y funciona también como un gesto de rechazo hacia quienes buscan restaurar la impunidad”, consideró la abogada Carolina Varsky, directora del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS.
El respaldo explícito de Macri al proceso de verdad y justicia, pilar central de las políticas del gobierno nacional, se produce mientras transcurren con normalidad juicios por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA, Campo de Mayo y el Primer Cuerpo de Ejército, mientras España, Brasil y Paraguay extraditan a represores del Cono Sur hacia la Argentina, donde un centenar de imputados escuchará su sentencia durante 2010, pero también luego de una sucesión de declaraciones a favor de la impunidad por parte de actores vinculados con el PRO que generaron más rechazo que debates.
El reclamo de una “gran amnistía nacional” de Posse data de 2006, pero trascendió al club de lectores de La Nación recién en diciembre, cuando Macri anunció su designación como ministro. El ex diplomático calificó el proceso a los represores como “un exceso de justicia” (sic). Escribió que “se busca mantener ilegítimamente encarcelados a los militares que cumplieron el mandato del gobierno peronista de desarticular –aniquilar– la guerrilla” y que “los oficiales y hasta los soldados son procesados y reprocesados en un ejercicio de venganza disfrazada de justicia”. Sumadas a reflexiones bizarras sobre rock, alienación juvenil y riesgos de anarquía, las palabras de Posse a favor de la impunidad generaron un repudio generalizado que derivó en su renuncia. Sólo lo respaldó Mariano Grondona, que afirmó que “hay cientos de militares presos sin proceso”, vislumbró la fuente del rechazo a Posse en la “confusión de valores” reinante y en “el problema de la proscripción ideológica de la derecha”, a la que considera “demonizada por (su) aproximación” al terrorismo de Estado.
Cuando comenzaba a acallarse la polémica desatada por Posse, el secretario de Relaciones Internacionales de PRO, Diego Guelar, propuso debatir “una amplia amnistía para saldar el pasado trágico”, aunque, aclaró, debería ser “después de que la Justicia termine los juzgamientos en curso”. No especificó si se refería al puñado de procesos orales en desarrollo o a los que les esperan a más de setecientos procesados con prisión preventiva. En diálogo con Página/12, Guelar dijo que pretendía “abrir un debate en el partido” porque “la mayoría de la sociedad siente un agotamiento del tema”. Predijo que “la sociedad va a necesitar una situación de reconciliación, un cierre desde el punto de vista político”, y aconsejó la vía de la amnistía. Tanto los exabruptos de Posse como la propuesta de Guelar generaron distanciamientos por parte de funcionarios y militantes PRO, a excepción de Federico Young, ex titular de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad y asiduo conferencista junto a la apologista del genocidio Cecilia Pando.
El último reclamo de impunidad corrió por cuenta de Eduardo Duhalde, que alguna vez soñó con convertir a Macri en presidenciable por el PJ. El ex gobernador y presidente dijo que el Gobierno humilla a las Fuerzas Armadas de hoy por lo que el Ejército hizo en la década del ’70. Para superar lo que llamó un “gravísimo error”, postuló la denominada “reconciliación”, concepto que el Episcopado utilizó históricamente para reclamar impunidad. Ante el repudio de sectores castrenses como el Centro de Militares para la Democracia, de organismos de derechos humanos y hasta del diputado del PJ disidente Felipe Solá, Duhalde explicó que no quiso proponer la interrupción de los juicios a represores pero no supo explicar a qué reconciliación se había referido.
En ese contexto trasciende la respuesta de Macri, fechada el 8 de enero pero recibida en el CELS cuando se conocían las palabras de Duhalde. El jefe PRO y aspirante a la presidencia en 2011 escribió que “la opinión del Gobierno de la Ciudad fue hecha pública oportunamente, ratificando que las violaciones a los Derechos Humanos deben ser juzgadas y los responsables de esos delitos cumplir con el castigo que les corresponda, y en nuestro país no debe haber más lugar para la impunidad”. “Con respecto al accionar ilegal del Estado durante la década del ’70”, destacó que “no puede existir un Estado de Derecho sin justicia, y que el fortalecimiento institucional de los poderes exige, a la vez, que éstos tengan un accionar independiente”. “En función de ello, es imperioso que ningún crimen quede en el olvido, máxime en el caso de delitos de lesa humanidad”, enfatizó. Aseguró haber “garantizado la continuidad de las políticas vinculadas con la Memoria Histórica, que tienen que ver con las graves consecuencias que dejó la dictadura militar”, y en memoria de Abel Posse pidió no concentrar “la atención exclusiva a examinar declaraciones individuales sobre el pasado”.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.