El país|Viernes, 20 de diciembre de 2002

La Corte Suprema no para, desde el miércoles, de sacar ex funcionarios de la cárcel. Ayer fue el turno del ex intendente porteño Carlos Grosso, que estaba preso desde fines de abril, acusado de asociación ilícita por irregularidades en la concesión del complejo Golf-Velódromo en 1991. Los ministros resolvieron revocar el procesamiento con prisión preventiva que había dictado la Sala VII de la Cámara de Apelaciones.
Grosso se había entregado espontáneamente, en una curiosa maniobra, ante los rumores de que lo iban a detener. En aquel momento seguramente creyó que su estadía en prisión duraría poco, pero le costó unos cuantos meses. Sólo si estaba detenido la Corte podía intervenir para salvarlo, era por entonces una de las especulaciones. Además, el máximo tribunal ya había cuestionado la aplicación de la figura de asociación ilícita en la causa sobre la venta de armas, cuando liberó a Emir Yoma y a Carlos Menem.
Finalmente ocurrió: los supremos fueron los encargados de sacar a Grosso de allí con los votos de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano, la llamada mayoría automática en pleno. Augusto Belluscio y Carlos Fayt votaron en disidencia, pero no avanzaron sobre el fondo de la cuestión.
El ex intendente –quien había regresado al poder como asesor del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá– dejó el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional ayer a la tarde para volver a su casa. La causa sobre la licitación del Golf y del Velódromo tiene más de una década y comenzó una denuncia del actual jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba comandada por Antonio Cartañá, asumió el rol de querellante.
A Grosso y buena parte de su equipo municipal se los acusaba de haber entregado de manera directa el predio a la empresa Asesores Empresarios SA (AESA) que, según los investigadores del caso, integraban ex funcionarios del gobierno menemista y había sido armada para la ocasión. Aquella firma fantasma, siempre según allegados a la causa ni siquiera se había presentado a la licitación y resultó beneficiada por un contrato que además de directo tenía beneficios increíbles, principalmente la eximición de pago de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y otros impuestos municipales durante los 20 años de concesión.
El juez de primera instancia Eliseo Otero había dictado el sobreseimiento de Grosso en cuatro oportunidades, pero los camaristas Abel Bonorino Peró y Juan Manuel Piombo resolvieron que se debía dictar un procesamiento con prisión preventiva contra el ex funcionario como coautor del delito de asociación ilícita. Los fiscales que intervinieron en la causa, Félix Crous y Pablo Lanusse, siempre sostuvieron que hubo “una concesión directa encubierta y espuria, producto de la connivencia entre funcionarios y empresarios, a los que se arregló con dicha gracia”. También evaluaron que “diversos funcionarios comunales no dudaron en cometer una asociación ilícita responsable de un sinnúmero de delitos”.
El fallo de la Corte a favor del ex intendente podría beneficiar también a otros de los implicados en esta historia, entre ellos Manuel Guerrero y Alfredo Kalinsky. Además, con la caída de otras de las tantas causas contra Grosso, entre ellas la de la famosa Escuela Shopping y la del Club Hípico-Velódromo donde también aparecen licitaciones aparentemente arregladas.

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