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La Procuración General denunció ayer una serie de maniobras protagonizadas por funcionarios que son la mano derecha del suspendido fiscal José María Campagnoli. Los allegados al fiscal sostuvieron que los mandaron a trabajar a un depósito, lo cual –según la procuración– es falso: fueron trasladados al edificio de la calle Tucumán donde funciona gran parte de las fiscalías. Afirman que los desplazan por investigar al empresario Lázaro Báez, cuando dos meses antes de la suspensión la Cámara no sólo dijo que el expediente debía pasar al fuero federal, sino también acusó a Campagnoli por sobreactuar y mantener una causa paralela. El viernes pasado, cortaron el teléfono, la luz e Internet en la fiscalía, lo que según el dictamen técnico fue un acto de sabotaje. Y ayer cerraron oficinas con una faja firmada por tres allegados al fiscal, algo para lo que obviamente no tienen competencia. De esa manera impidieron el trabajo de las dos fiscales, Claudia Katoc y Cristina Caamaño. Campagnoli salió a la cancha atribuyendo todo a un “Estado totalitario”. Anoche, cercanos a los empleados del fiscal suspendido le dijeron a este diario que concretarán la mudanza hoy y que no la habían iniciado por falta de una resolución escrita. La ofensiva del suspendido Campagnoli abarcó ayer distintos frentes, según consignó la procuración. El principal es que sus allegados en la fiscalía argumentaron que los mandaron a trabajar a un archivo.
“Es falso –señalaron desde la procuración–. Los trabajadores de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) desarrollaban sus tareas en dependencias de la fiscalía de los barrios Saavedra y Núñez, dado que ambas se encontraban a cargo del mismo fiscal, Campagnoli. Con la suspensión de su titular, cesó la razón para mantener a la SIPE en esas dependencias. Como consecuencia, se decidió que las siete personas que se desempeñaban allí pasaran a desarrollar las mismas tareas en el edificio donde funciona la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (Dgidad), a cargo desde 2001 de Norberto Segretti, funcionario que en la estructura de la procuración es el responsable de coordinar la SIPE. El mencionado edificio se encuentra en la calle Tucumán 966 y allí funcionan varias fiscalías. Las siete personas alcanzadas por esta decisión trabajarán en un piso acondicionado a tal efecto. No se trata de un archivo ni de una dependencia aislada como se ha intentado presentar. La Dgidad es además el organismo que provee a la SIPE de sus insumos de trabajo cotidianos, por lo que la cercanía física conlleva la idea de mejorar su eficiencia. No ha habido hostigamiento ni persecución así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo ni se produjeron cambios en las funciones. La decisión fue comunicada por la fiscal Katoc a los funcionarios y a la representación gremial.”
El argumento del personal de Campagnoli es que éste no fue destituido, sino que hay una suspensión provisoria, por lo cual no se justifica la mudanza. En la procuración afirman que este traslado debió hacerse hace rato y que el equipo se mantiene. Según afirmaron los hombres de Campagnoli, en el día de ayer mantuvieron un diálogo con Segretti y, dado que no se les cambiarán las funciones, hoy van a realizar la mudanza, aunque estaban estudiando si procede un amparo judicial.
Ya desde el viernes los allegados a Campagnoli iniciaron una especie de guerra. Por de pronto, se retiraron a las 13.30, y luego fueron cortados la luz, el teléfono e Internet. El informe técnico, que incluye fotos, demuestra que alguien desconectó un cable del armario de comunicaciones y hay una imagen con la roseta afectada. La empresa Telefónica, por su parte, también verificó un corte inusual de la línea de teléfono fijo en dos oportunidades. Y, para redondear, el baño de la fiscalía fue cerrado con llave sin que nadie pudiera dar cuenta de quién la tenía en su poder. Es decir que en la tarde del viernes no había personal –que solía quedarse hasta tarde– ni luz, ni Internet, ni teléfono, ni acceso al baño.
Desde hace unos veinte días la fiscal coadyuvante Cristina Caamaño viene pidiendo la llave del despacho de Campagnoli para determinar si allí hay causas judiciales. Caamaño no va a usar esa oficina, pero la cuestión es que, si existen expedientes, tienen plazos, por ejemplo de prescripción o de presentación de escritos. La llave está en poder del fiscal suspendido. Parece cantado que si no se provee la llave, la procuración tendrá que llamar a un cerrajero, entrar a la oficina y determinar si hay expedientes en ese lugar o no. En la fiscalía de Campagnoli hay 3500 causas y es obvio que no deben quedar paralizadas.
Durante la jornada de ayer, las oficinas del SIPE aparecieron con una especie de faja de clausura firmada por Ignacio Rodríguez Varela, Elías Collado y Guido Sassoli. “Esta medida sin antecedentes –sostiene un comunicado de la procuración– volvió a impedir el normal desarrollo de las tareas propias de la fiscalía, con la consecuente afectación de derechos. Son hechos gravísimos que han sido denunciados por las fiscales y están siendo investigados en el ámbito administrativo de la Procuración General así como en la justicia penal.” Del otro lado, los hombres de Campagnoli afirman que, en el diálogo que mantuvieron con el coordinador Segretti, éste les sugirió poner la faja para preservar las cosas antes de la mudanza. Según ellos, la faja tiene el teléfono de Segretti. En cualquier caso, en la procuración se evaluaba anoche la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Campagnoli apareció en los medios hablando de la existencia de un Estado totalitario y adujo que todo era una represalia por su investigación del caso Lázaro Báez. Dos meses antes de que fuera suspendido, el expediente Báez ya había pasado a la Justicia Federal, es decir que Campagnoli ya no investigaba el caso. La Cámara consideró que sobreactuó y que duplicó los expedientes. Todo fue enviado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuán. Antes de eso, para seguir manejando la investigación, Campagnoli recurrió a una maniobra: convirtió al financista Federico Elaskar de acusado por defraudación en víctima de una extorsión, sin que mediara ni siquiera un llamado a que declare. Estas actuaciones irregulares pusieron en marcha el jury que deberá llevarse a cabo antes de mitad de año.
A todo esto se sumaron otros dos hechos. El juez Fernando Caunedo, de larga trayectoria en la Justicia, también acusó a Campagnoli, quien hizo la investigación por venta irregular de entradas en River Plate, de “mal desempeño y abuso de poder”. Pero lo más grave es que anuló las pruebas recogidas por el fiscal. Otra denuncia surgió a raíz de casos de maltrato y discriminación contra habitantes del barrio Mitre: en el texto figura que el Sheriff, como le dicen algunos policías al fiscal por su brutalidad, trataba a los vecinos de “negros de mierda” y les allanaba las viviendas en forma reiterada.
La procuración sumará estas dos acusaciones al proceso de jury en que Campagnoli es defendido por el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra.
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